¿Ayudaría el servicio militar obligatorio a los jóvenes?

Una vez más se abre un debate viejo, y cerrado en su momento por un grave epidosio ocurrido dentro del Ejército, que es el relacionado con la reapertura del servicio militar obligatorio en el país, para una parte de la población.

Más allá de quién promueva la idea, en la actualidad hay dos sectores bien diferenciados: uno que estaría de acuerdo con una instrucción para jóvenes, y otro que directamente no lo aceptarían.

Es obvio y entendible que el servicio militar, tal cual se instrumentó en la Argentina, y en especial en la dictadura militar y en los primeros años de la democracia, fue un sistema de violación de los derechos humanos que terminó con el terrible episodio del crimen del soldado Carrasco , ocurrido en 1994 en la provincia de Neuquén.

Esa forma de “enseñar”, a golpes con un maltrato permanente, es repudiable desde todo punto de vista, y no se debería realizar jamás por parte del Ejército ese tipo de instrucciones.

Traer hoy la idea de emprender una formación cívico-militar, debería ser tratado sin fanatismos, extremismos o posturas antagónicas.

Habría que partir de esta realidad que vemos en cualquier barrio o plaza céntrica de Paraná, Entre Ríos o el país con adolescentes o jóvenes consumiendo drogas, alcohol o preparando algún hecho delictivo. Es obvio que no son todos, pero por lo que destacan las autoridades judiciales, policiales y funcionarios que trabajan en la contención social, es cada vez más preocupante la incorporación de los sectores juveniles a estructuras delictivas o ligadas con el mundo narco.

Se sabe que un alto porcentaje de estas víctimas del sistema, no concluyen la escuela y ni siquiera aspiran a tratar de obtener un trabajo.

La crisis que se vive, llevó a que entre tres a cuatro generaciones de jóvenes tuvieran esta misma realidad: pobreza, desocupación, abandono escolar y mercado delictivo.

Es evidente que las políticas de contención fracasaron. Lo bueno es que pasaron todos los partidos políticos, y el resultado es contundente: mayor marginalidad, menos trabajo, crecimiento de los problemas de consumo de estupefacientes, y dependencia exclusiva como medio de vida de los planes sociales.

Algunos políticos en lo único que piensan es en tratar de cobrar más impuestos a los sectores que producen y destinarlos a ampliar “la contención social” con aportes del Estado que no les soluciona los problemas de fondo.

Hablar de un programa de educación, formación, capacitación que termine seriamente en una alternativa laboral, en estas condiciones parece una utopía.

Los que se oponen a la reapertura de lo que se denominaba el servicio militar, deberían esforzarse un poco más, no solo en oponerse por la sola oposición, y tratar de implementar programas que traten de cambiar este presente. Hablar de pobrismo, es decir mantener a las personas que no tienen trabajos y condiciones dignas de poder vivir, con solamente un plan social, ya no alcanza.

Sacarle más plata al campo o a las pymes, para “agrandar la masa de beneficiarios sociales”, tampoco. Por lo tanto, sería interesante conocer cómo se puede “sacar a un joven de la droga y que no va a la escuela”, con solo rezarle una serie de proclamas vacías de contenidos o llevarlos a ser parte de actos políticos.

Los que hablan con la verdad, en el medio de la pobreza, por ejemplo, son los curas villeros, que son críticos del “pobrismo”. Habría que escucharlos más a estos sacerdotes u organizaciones que meten las patas en el barro para pelear contra las bandas narcos que buscan más soldados para sus ejércitos, a cambio de algunos pesos y “falopa”.

En ese marco, no sería una buena oportunidad para que con la intervención de Derechos Humanos, Universidades, especialistas en Educación, sociológos y otros sectores, como los militares que hoy si forman parte de esta sociedad, diagramen un plan de formación integral con objetivos claros y determinados para tratar de ayudar a los jóvenes que ni estudien ni trabajen a poder tener una nueva oportunidad. Construyendo sobre los valores existentes en la Constitución y con derechos y obligaciones para integrar una comunidad.

Cerrar el debate por una visión ideológica y condenar a miles de adolescentes y jóvenes a mantener este presente para trasladarlos hacia el futuro, sería imperdonable y llevaría a pensar mal de los dirigentes que tienen la oportunidad de cambiar este panorama.