La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) habilitó al exgobernador Sergio Urribarri, y otros condenados, recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para apelar la condena de 8 años de prisión impuesta en el megajuicio de 2022. De esta manera, el exmandatario evitó que la sentencia quede firme y sea enviado a la cárcel. La resolución fue firmada por los vocales Miguel Ángel Giorgio, Germán Carlomagno y Gisela Schumacher.
Urribarri y otros condenados del megajuicio llegan a la Corte
El STJ concedió a Sergio Urribarri y otros condenados la apelación ante la Corte Suprema. En tanto, rechazó otros recursos relacionados a la sentencia de 2022.
22 de octubre 2024 · 11:57hs
Fotos: Archivo UNO
La fiscalía quiere que Báez sea enviado a la cárcel con Urribarri y Aguilera.
En su decisión, que se conoció este martes, la Sala Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados ante la Corte por el empresario Germán Buffa y Gustavo Rubén Tamay (ex responsable de Certificación de Publicidad en la Vía Pública), así como otros recursos del ex gobernador Sergio Daniel Urribarri y varios coacusados (Gerardo Daniel Caruso; Corina Cargnel; Emiliano Giacopussi; Juan Pablo Aguilera y Luciana Belén Almada), relacionados con la sentencia emitida el 17 de abril por los supuestos vicios en la conformación del tribunal que resolvió el recurso de queja.
Asimismo, por mayoría, con disidencia del vocal Giorgio, resolvió conceder los recursos extraordinarios federales, interpuestos por Urribarri, Caruso, Cargnel, Giacopussi, Aguilera y su esposa Almada, contra la sentencia que resolvió el recurso de queja, en lo que respecta a la causal de arbitrariedad por la falta de conformación de mayoría. Por otra parte, resolvió por mayoría, conceder el recurso extraordinario federal a Pedro Ángel Báez, contra dicho pronunciamiento, en cuanto a la denuncia de exceso ritual manifiesto.
El caso será remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre los agravios planteados en relación con la conformación de la mayoría en la sentencia del 17 de abril y sobre el planteamiento de Báez.
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Las demás condenas
1- Pedro Ángel Báez (exministro de Cultura y Comunicación): 6 años y 6 meses de prisión, inhabilitación perpetua, multa de $90 mil por peculado y negociaciones incompatibles.
2- Juan Pablo Aguilera (cuñado de Urribarri): 6 años y 6 meses de cárcel, inhabilitación perpetua, multa de $180 mil por los mismos delitos.
3- Corina Cargnel (contadora): 3 años de prisión condicional, inhabilitación perpetua, multa de $90 mil.
4- Gustavo Tamay: 3 años de prisión condicional, inhabilitación perpetua, multa de $90 mil.
5- Luciana Almada (esposa de Aguilera): 2 años y 6 meses condicionales, inhabilitación perpetua, multa de $90 mil.
6- Emiliano Giacopuzzi: 2 años y 6 meses condicionales, inhabilitación perpetua, multa de $90 mil.
7- Germán Buffa: 1 año y 2 meses condicionales, inhabilitación perpetua.
8- Gerardo Caruso: 3 años de prisión condicional, inhabilitación perpetua, multa de $90 mil.
En el juicio fueron absueltos, Maximiliano Sena, Alejandro Almada, Hugo Céspedes (falleció antes del juicio), Gustavo Tórtul y Hugo Marsó.
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Qué se juzgó
El megajuicio ventiló cinco causas acumuladas, vinculadas entre sí por las maniobras desplegadas, y las personas involucradas y el fin de la sustracción. Durante cinco meses de 2022 se expusieron las pruebas en lo que se conoció como "causa de las imprentas", a partir de la cual se estableció que se constituyó una empresa al calor de la pauta publicitaria y los beneficios de las vinculaciones con el poder político. Los jueces del tribunal dieron por acreditado que Aguilera es el real dueño detrás de empresas del rubro de las impresiones.
Por otro lado, se condenó la contratación de la empresa Global Means con el Estado provincial, vinculada a Buffa. Los jueces dieron por acreditado que la empresa no estaba en condiciones de ser contratada por el gobierno, ni siquiera figuraba en el Registro de Medios de la provincia cuando fue beneficiada con la colocación de cuatro avisos publicitarios en 2011 en dos medios porteños.
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Por ultimo, se ventiló lo que se conoció como "sueño entrerriano". Un expediente que acumuló tres causas vinculadas al financiamiento de la campaña de Urribarri como precandidato a presidente (antes del inicio de la misma se bajó): la instalación de un parador playero en Mar del Plata, en enero de 2015; la difusión de cuatro spots publicitarios en el marco de la Cumbre del Mercosur en Paraná, en diciembre de 2014; y la publicación en 18 medios gráficos del país de una solicitada contra los fondos buitre. Los jueces dieron por probado que todas estas contrataciones del Estado tuvieron como real objetivo la promoción de la precandidatura presidencial del exmandatario.