Los gremios docentes se desayunaron ayer con la publicación del decreto 52/18 del gobierno nacional, que establece nuevas condiciones para la paritaria nacional del sector, que impedirá que se fije un piso salarial para las provincias y que establece que el salario mínimo docente no deberá ser inferior al 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil vigente, una cláusula que volverá a instrumentarse como norma.
Unánime rechazo al decreto que modifica la paritaria nacional de los trabajadores de la educación
Agmer denunció que impide que se fije un piso salarial para las provincias y afectará la representatividad gremial de la Ctera
17 de enero 2018 · 22:43hs
"El salario mínimo de un docente será de 12.000 pesos en julio", reconoció en declaraciones a UNO el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani. El dirigente calificó la medida como un ataque y en la misma medida afectará la representatividad gremial, ya que -por ejemplo- la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), pasará de tener 5 a 1 paritario cuando se discutan cuestiones referidas a las condiciones laborales.
"No habrá paritaria nacional docente y lo que es más grave, la Ctera que representa al 80% de los docentes en todo el país se quedará sin poder de representación gremial", enfatizó en relación a la resolución del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, avalada por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
El nuevo titular de Agmer explicó que el decreto busca desarticular la Ley de Financiamiento Educativo, que en su artículo 10, estipula que los sindicatos docentes nacionales debían ser convocados para el fijar el piso salarial, tal como había ocurrido en 2013 y 2014. "En esa discusión paritaria se fijaba un piso salarial que era considerado razonable, con el cual Agmer y el resto de los gremios provinciales podían negociar con la patronal en términos de igualdad", reflexionó el dirigente. La reacción de los gremios no se hizo esperar con la Marcha Federal, paros nacionales y una denuncia contra la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por incumplimiento de la normativa laboral, durante la gestión del ministro Esteban Bullrich.
Paritaria en Entre Ríos
En cuanto a las expectativas sobre el comienzo de la discusión salarial con los docentes en Entre Ríos, el titular de Agmer provincial reclamó al Gobierno provincial "una convocatoria urgente" porque de dilatarse esta situación "el ciclo lectivo en Entre Ríos corre serios riesgos". Desde el sindicato también plantearon que el Ejecutivo también deberá cumplir con el acta acuerdo salarial firmada en 2017. "Allí se había dejado plasmado que si la inflación superaba la pauta salarial acordada –se firmó un aumento del 23,5%–, ese porcentaje se debería pagar por complementarias o con el salario de febrero. Pero todavía seguimos esperando la convocatoria", indicó.
Marta Landó: "Tenemos que estar atentos a la demanda de los docentes"
La presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Irázabal de Landó, dijo a UNO no estar al tanto de la información que daba cuenta del decreto que modifica la paritaria nacional docente, y en ese marco recordó que Entre Ríos en 2017 "aprobó la paritaria" y se diferenció del Gobierno nacional: "La Provincia no se adhirió a las pautas nacionales en el tema paritaria. No hemos hablado del tema con el gobernador, pero se va a resolver. La idea es la apertura al diálogo, como lo ha dicho Bordet, de estar atento a todas las demandas de los docentes".
Sobre lo que se podría definir en cuanto a la fecha para comenzar la discusión salarial la funcionaria afirmó: "Todavía no hemos hablado ese tema con el gobernador . Lo que está confirmado es la convocatoria a la paritaria de infraestructura de los establecimientos escolares para el 25 de enero". La titular del organismo indicó que se están interviniendo los edificios con el Plan Verano y el Programa Patio Limpio.
Landó negó que la falta de un piso salarial nacional docente influya en el escenario de negociación provincial. "El ministro de Economía, Hugo Ballay, junto con el gobernador, son los que van a conversar los temas paritarios y sobre lo que deviene sobre el salario docente. Son ellos los que tienen la última palabra y el equilibrio económico de la provincia", argumentó.
Más allá del reclamo gremial y las posibilidades financieras concretas del Estado de mejorar el salario docente, la funcionaria puso como prioridad el comienzo con normalidad del ciclo lectivo. "Siempre se trata de que las clases comiencen a término, así que el gobernador va a evaluar toda esa temática para hacer toda esa convocatoria. Todos estamos esperanzados en poder dialogar y acordar con los gremios docentes, y con las demandas, como para que nuestros niños, adolescentes y jóvenes puedan tener clases en tiempo y forma. Eso queda a criterio de nuestro gobernador en cuanto a la respuesta que pueda darle a los gremios", analizó.
En cuanto a los días de clases que se pretenden garantizar para este año afirmó que la meta "son 181 días, desde el 5 de marzo al 7 de diciembre".
"El panorama no se tiene que circunscribir únicamente a la paritaria docente, porque también hay muchísimas otras demandas por parte de los docentes, de los padres y de los alumnos. Nos hemos pasado planificando en este corto tiempo que hemos estado al frente del CGE con todo el equipo, para mejorar los proyectos y buscando una mejor calidad educativa, desde el nivel Inicial hasta el nivel Superior. Planificamos para poder trabajar con nuestros docentes en base a sus necesidades", admitió.