Educación
Jueves 31 de Mayo de 2018

Por año, ingresan unos 8.600 jóvenes primera generación de universitarios

Las universidades públicas en la provincia son vitales para garantizar el derecho a estudiar y promover la movilidad social

La receta neoliberal es siempre la misma y solo cambia de bandera: en los 90 fue bajo la insignia del Partido Justicialista (PJ), y ahora se escuda detrás de la Unión Cívica Radical (UCR). Las afirmaciones que causaron ayer un unánime rechazo desde los ámbitos académicos y las comunidades universitarias de todo el país –además desde distintas expresiones políticas– no pueden sonar extrañas, casuales o improvisadas.

Forman parte de una ideología de las clases privilegiadas del país, que durante décadas han intentado con recurrentes embates, torcer la tradición de la universidad pública, gratuita y autónoma que es modelo de inspiración en Latinoamérica, y base para la promoción social. Pero son lamentables, tristes y preocupantes, cuando surgen de una de las principales dirigentes políticas del país.


TE PUEDE INTERESAR: La gobernadora Vidal y una polémica frase sobre las universidades y los pobres

Lo que resulta extraño, ciertamente, es que la gobernadora de Buenos Aires forma parte de una coalición de gobierno que integra la UCR. El centenario partido de Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín, junto a su brazo universitario Franja Morada, ha tenido como una de sus más caras y preciadas banderas políticas la defensa irrestricta de la universidad pública como herramienta de transformación social. La celosa custodia de la gratuidad de la universidad es tan emblemática para la UCR como la Justicia Social, Soberanía Política e Independencia Económica resultan para el Justicialismo. No son parte de fanatismos ideológicos, sino de concepciones políticas. Claro que en ocasiones, unos y otros las tergiversan o ignoran, como en los años del menemato o de la propia Alianza.

Pero ni siquiera en los peores años del neoliberalismo, donde todo se privatizó y casi nada quedó público, pudieron arriar esa bandera.

Los dichos de la gobernadora bonaerense y una de las dirigentes más encumbradas de la coalición gobernante, desconocen el rol fundamental de la educación superior. Y particularmente, la posibilidad de ascenso social que otorga la universidad pública en nuestro país. Y constituyen toda una definición política, a días de cumplirse el centenario de la Reforma Universitaria, movimiento estudiantil cordobés que permitió la democratización de las casas de altos estudios, consagrando a la autonomía, el cogobierno y la gratuidad universitaria.

Está claro que quien no tiene para comer, difícilmente pueda llegar a la universidad. Se debe garantizar ese derecho para luego generar condiciones de inclusión. Pero los pobres, o de bajos recursos, o hijos de trabajadores de clase media baja o baja, no podrían acceder de otro modo a un estudio superior que no sea público.

Justamente, la afirmación de Vidal desconoce la movilidad social que genera la universidad pública. En el caso de Entre Ríos, cerca del 80% de los estudiantes que ingresan cada año a la universidad provincial son hijos de padres que no tienen estudios universitarios. Y en el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), más de la mitad. Ambos datos fueron confirmados ayer a UNO por fuentes oficiales de cada una de las instituciones académicas.

A la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), este año ingresaron 7.979 alumnos, la cifra más alta de una serie en permanente crecimiento. De ellos, como ha venido ocurriendo cada año, cerca del 80% son hijos de padres no universitarios. La estadística promedio de la casa de altos estudios revela que en esos chicos principiantes, son un poco más las madres (25% del total) con estudios universitarios, que los padres (solo un 17%).

La territorialidad de la Uader, su oferta de un centenar de carreras y su cercanía en más de 16 ciudades –en el centro e incluso en los barrios–, pone el derecho a estudiar al alcance de la mano.

A esos 6.300 jóvenes primera generación de universitarios, en este año, se le deben sumar unos 2.300 más –poco más del 50% de los 4.500 principiantes– que se anotaron en las nueve facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). En sus unidades académicas, confiaron a UNO, el promedio de los últimos años marca que más de un 50% son primera generación de universitarios.

Estos datos demuestran la importancia social que se otorga a la educación. Como contrapartida, vale remarcar también que la desocupación golpea fuerte en los sectores más relegados y pobres, que a la vez son los que tienen menores niveles educativos.

Por eso, expresiones o definiciones de una de las principales dirigentes políticas del país, de considerar inútil tener universidades, o que no sirve la inversión en universidades –de paso, este año se recortaron más de 3.000 millones de pesos al sistema universitario, y aún no hay arreglo salarial con los docentes–, no se pueden dejar pasar por alto, provengan de una figura del PJ, UCR o PRO, para quienes son y somos hijos de la universidad pública, y primera generación de universitarios.

LEE MÁS: Ctera le contestó a Vidal: "Las Universidades Públicas son un derecho social que debe garantizar el Estado"

Un derecho conquistado
A través de un comunicado, la Uader expresó su repudio a los dichos de María Eugenia Vidal.

"En el año del Centenario de la Reforma Universitaria –inicia el documento–, Vidal retoma conceptos de principios del siglo XX y defiende el orden de cosas establecido en aquel tiempo: que los pobres se queden en la pobreza, que los ricos tengan el privilegio de los estudios superiores".

"En 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior, el espacio de discusión que reúne las comunidades de las Universidades de América Latina y el Caribe, consagró a la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado.

"En nuestro país, la Ley de Educación Superior Nº 24.521, en su artículo 4 inciso e) establece que uno de los objetivos principales de la Educación Superior es "profundizar los procesos de democratización en la Educación Superior, contribuir a la distribución equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades. La educación superior pública, gratuita y laica es un derecho humano que conquistamos y defendemos cada día en las aulas, en la calle, en nuestra vida cotidiana. La creación de universidades públicas debería ser premisa en políticas de inclusión".

Por su parte, ante la consulta de UNO, desde la UNER se indicó que no habrá un comunicado institucional, aunque el tema resulta "preocupante" y será abordado seguramente la semana próxima en el ámbito del Consejo Superior, según confió una alta autoridad académica.

Comentarios