Un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados de Ente Ríos manifiesta preocupación ante la iniciativa legislativa anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional de modificar el régimen aplicable al ejercicio de los corredores inmobiliarios. De acuerdo al texto, lo propuesto por Casa Rosada puede "afectar las competencias constitucionales de las provincias para regular el ejercicio profesional, los sistemas de matriculación, los mecanismos de control ético y disciplinario y la protección de los consumidores".
Piden que la Legislatura repudie los cambios en el régimen de corredores inmobiliarios
Un proyecto de resolución ingresó a la Legislatura manifiesta preocupación por el anteproyecto que modificaría el régimen de corredores públicos inmobiliarios
21 de julio 2026 · 14:56hs
Un proyecto de resolución ingresó a Diputados manifiesta preocupación por el anteproyecto que modificaría el régimen de corredores públicos inmobiliarios
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En la Resolución, autoría del justicialista Enrique Cresto, se dio cuenta de que la regulación del ejercicio de las profesiones liberales constituye una competencia propia de las provincias, siendo el poder de policía profesional una facultad no delegada. En ese marco, se solicita que los legisladores "defiendan las competencias provinciales en materia de regulación del ejercicio profesional y promuevan un amplio proceso de consulta con los colegios profesionales y las instituciones representativas del sector".
"La intermediación inmobiliaria implica la participación en operaciones de significativa trascendencia económica y jurídica para las personas, por lo que requiere conocimientos técnicos y responsabilidad profesional. En ese marco, la matrícula profesional constituye una garantía para la sociedad, ya que asegura la idoneidad, la capacitación permanente y el sometimiento de los profesionales a normas éticas y disciplinarias, contribuyendo además a la protección de los derechos de consumidores y usuarios", dijo el diputado en sus fundamentos referidos en Bicameral.
"La presente resolución no pretende cuestionar los procesos de modernización normativa, sino reafirmar que toda reforma debe respetar el sistema federal argentino, las autonomías provinciales y los mecanismos institucionales que garantizan un ejercicio profesional responsable y la adecuada protección de la ciudadanía".
