Las víctimas se opusieron a la prisión domiciliaria del represor Demonte

En una audiencia realizada en lo tribunales federales de Paraná, familiares de víctimas del expolicía federal Cosme Ignacio Marino Demonte manifestaron su oposición a que le sea otorgada la prisión domiciliaria. Demonte está condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, como el asesinato de Pedro Miguel Sobko y el secuestro de Victorio José Ramón Coco Erbetta, ambos desaparecidos.

Demonte permanece detenido en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Ya en anteriores oportunidades solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria, sin éxito. En esta oportunidad, por la vigencia de la Ley de Víctimas, el juez federal Leandro Ríos convocó a una audiencia a los familiares de Sobko y Erbetta, a fin de escuchar su voz antes de tomar una resolución frente al pedido, tal como marca la norma.

El año pasado y el anterior, el motivo de la solicitud del beneficio era por su supuesta condición de persona de riesgo en el contexto de la pandemia de Covid-19; pero no tuvo éxito. Ahora insiste con el pedido, pero alega que se encuentra deprimido.

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Haciendo uso del derecho de las víctimas a ser escuchadas, en la audiencia de este jueves a la mañana los familiares de Sobko y Erbetta rechazaron la pretensión. Clarisa Sobko, hija de Pedro, y Silvia Erbetta, hermana de Coco, expresaron que Demonte nunca colaboró con la Justicia, ni se arrepintió por los crímenes que cometió. Tampoco aportó ningún mínimo dato que permita abrir líneas de investigación para encontrar los restos de los desaparecidos o al menos reconstruir el destino final que le dieron los genocidas.

La Justicia tiene acreditado que Demonte ejecutó de un disparo de arma de fuego a Pedro Miguel Sobko el 2 de mayo de 1977. Fue en avenida Ramírez de Paraná, luego de que Pedro se escapara del baúl del auto en el que era llevado secuestrado. Se sabe también que Sobko fue trasladado al Hospital Militar y luego fue desaparecido.

En tanto, Erbetta fue secuestrado por un grupo de tareas que integraba Demonte el 13 de agosto de 1976, en la Facultad de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Católica Argentina de Paraná, que estaba situada donde actualmente funciona la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Luego Erbetta fue asesinado en el centro clandestino de detención del Escuadrón de Comunicaciones y tras un simulacro de fuga, fue también desaparecido.

Ante el pedido de prisión domiciliaria porque dice tener depresión e incluso "pensamientos suicidas", además de más de 70 años, Silvia Erbetta aseguró ante el juez Ríos que su familia, así como todos los familiares de desaparecidos, han sufrido las consecuencias hasta el día de hoy de los crímenes cometidos por los genocidas como Demonte. Relató incluso una serie de situaciones familiares que así lo evidencian. "Si sabremos los familiares de desaparecidos sobre problemas emocionales", dijo, y contó de su madre todavía sigue esperando que le digan dónde están los restos de su hijo.

Por su parte, Clarisa Sobko, quien es militante de la agrupación H.I.J.O.S., manifestó también el daño sufrido por ella y su familia a raíz de la desaparición forzada de su padre. Ella también tiene a su mamá desaparecida. "Demonte tiene una maldad desde siempre que no ha modificado; desde que a sus 25 años mató a mi papá y secuestró a Erbetta, siendo parte de esa runfla de genocidas", expresó.

Asimismo mencionó que desde que fue imputado en la causa Área Paraná, motorizó todo tipo recursos legales con el objetivo de dilatar el proceso judicial, lo que consiguió durante al menos tres años. Agregó también que el asesino de su padre demostró en audiencias anteriores "conocer todo" sobre ella, como su fecha precisa y lugar de nacimiento y sobre su vida; además luego de la dictadura fue "mano de obra calificada de empresas de seguridad privada".

En la audiencia estuvo representada la defensa oficial, la Fiscalía y la querella, además del programa de acompañamiento a víctimas y testigos del terrorismo de Estado e integrantes de organismos de derechos humanos.