La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná resolvió rechazar un recurso de apelación planteado por el represor Cosme Marino Ignacio Demonte, por el cual reclamaba que se le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria por su condición de persona de riesgo en el contexto de la pandemia de coronavirus. Se trata del segundo revés para la defensa del expolicía federal debido a que el 16 de diciembre de 2020 se había denegado una solicitud similar.
La Justicia de Paraná negó prisión domiciliaria a represor
Cosme Demonte sostiene que en la cárcel de Paraná está más expuesto a contagiarse Covid-19. La Fiscalía dijo que la UP1 adoptó medidas de prevención
30 de marzo 2021 · 19:17hs
La causa Área Paraná investigó delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar.
Cosme Demonte había sido condenado a prisión perpetua el 23 de diciembre de 2015 en el marco de la causa Área Paraná, en la que se investigaron delitos de lesa humanidad como desapariciones de militantes políticos y torturas cometidas en la provincia contra 52 víctimas.
La sentencia del juez Leandro Ríos estableció que el condenado actuó como “partícipe necesario del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por la calidad especial de funcionario público, en abuso de funciones, mediante el uso de violencia, amenazas, aplicación de severidades y apremios ilegales, y homicidio doblemente calificado, en grado de partícipe necesario en perjuicio de Victorio José Ramón Erbetta y Pedro Miguel Sobko”.
La condena fue confirmada en su momento por la Cámara Federal de Paraná.
La UP1, posible foco de Covid
En el recurso de apelación el defensor público oficial que asiste al imputado, Alejandro Castelli, expuso que en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná no se tomaron las medidas de prevención para evitar un posible brote de coronavirus. Por tal situación responsabilizó al Servicio Penitenciario a raíz de que “se advirtieron varios casos dentro de la unidad carcelaria” y mencionó que entre los infectados hubo personal penitenciario e internos.
Para fundamentar su pedido, el defensor advirtió que dicha unidad carcelaria “no cuenta con especialista en neumonología o infectología, sino con un médico cardiólogo; que desconoce si se cuenta con sistema de oxígeno u oxímetro, por lo que entiende que no hay un sistema de emergencia frente a una crisis médica de un interno a causa de Covid-19”. En el mismo razonamiento, consideró que el médico no se encuentra en forma permanente y que tiene un horario determinado.
Expresó que se debe contemplar esa posibilidad porque su asistido es paciente de riesgo (la diabetes es una de las enfermedades de base) y tiene 69 años. En consecuencia, propuso como lugar para cumplir con el arresto domiciliario la comuna de Las Rabonas, en la provincia de Córdoba, a 548 kilómetros de Paraná. Y respaldó esa sugerencia en el hecho de que es una zona sin casos de coronavirus, de escasa población, con viviendas dispersas y “de menor riesgo de contagio del que tiene en su lugar de detención”.
Castelli, en la misma resolución, cuestionó que la sentencia apelada es “arbitraria” por cuanto “agrega un requisito extra para la procedencia de prisión domiciliaria por Covid-19 y es el contagio efectivo. Opina que se niega que el hecho de haber contagios en el establecimiento carcelario aumente el riesgo concreto de padecer la enfermedad y se asimila el riesgo de vivir en una unidad penal con más de 900 internos, con el que tendría en su vivienda particular con su esposa e hijo”.
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La Fiscalía, contundente
El Ministerio Público Fiscal, representado por Carlos García Escalada, solicitó el rechazo al recurso interpuesto por la defensa de Demonte. Con fundamentos claros y contundentes, el fiscal intentó demostrar que se encuentran dadas las condiciones para que el condenado cumpla su pena en la unidad carcelaria. En primer lugar sostuvo que “existe riesgo procesal de Demonte, toda vez que es factible concluir que si obtuviera tal beneficio puede pretender asumir una conducta rebelde al accionar de la Justicia, más si se considera el tiempo restante para acceder a salidas transitorias o incorporación al régimen de semilibertad previsto por la Ley Nº 24.660, ello de conformidad al cómputo de pena realizado”.
Escalada argumentó que “se encuentra condenado a una pena muy grave por delitos de lesa humanidad como coautor”. Respecto de sus condiciones de detención, manifestó que “puede afirmarse que la Unidad Penal 1 adoptó sucesivamente una serie de medidas con el fin de prevenir el contagio de coronavirus dentro del establecimiento y entre ellas destaca la disposición de pabellones especiales de aislamiento para evitar la propagación del virus y “la posibilidad de uno exclusivo para internos considerados dentro del grupo de riesgo”.
En otra de sus intervenciones agregó que “Demonte se encuentra cumpliendo su condena alejado físicamente de los internos aislados por Covid-19, situación esta que se refuerza con controles médicos y sanitarios que al efecto fueron implementados y refiere a los informes médicos obrantes en la causa”. Desde esta perspectiva, el funcionario recordó que el imputado recibe tratamiento médico fuera del establecimiento, “adecuado a sus patologías y que su detención en la Unidad Penal 1 no es impedimento para la realización de tratamientos acordes a sus dolencias “.
El recurso fue rechazado por unanimidad por la presidenta de la Cámara, Noemí Berros, la vicepresidenta Lilia Carnero y el juez de Cámara, Roberto López Arango.
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