Entre Ríos: avances y deudas con la comunidad trava-trans

En el lapso de un mes, dos casos de violencia contra personas de la comunidad travesti-trans de Entre Ríos encendieron la alarma en la comunidad LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales, intersexuales, queers). Un caso de violencia transodiante sucedió el viernes 21 de abril en Victoria, donde G. fue apuñalada en el abdomen y en el pecho por un sujeto. El segundo hecho de gravedad fue el que sufrió A, quien denunció que el jueves 18 de mayo, en Paraná, fue abusada, golpeada y abandonada por un grupo hombres.

Ambos episodios ponen nuevamente de relieve que, en el colectivo de personas LGBTIQ+, las mujeres trans y travestis conforman una población especialmente vulnerable que necesita la ayuda del Estado y de la sociedad para salir adelante. Y es que el acceso a la educación, a los servicios de salud y al mercado laboral formal de estas personas se ve limitado por las violencias, los prejuicios y la discriminación que vivencian.

UNO dialogó con Karen Bruselario y Keili González, dos referentes de la comunidad trava-trans de la provincia, quienes reflexionaron sobre los avances en materia de políticas públicas y las cuentas pendientes del Estado para este sector de la sociedad.

El cupo laboral

La Ley de Cupo Laboral Trans, sancionada en Entre Ríos en 2020, llegó con el fin de garantizar derechos para las personas travestis, transexuales y transgénero. Entre otras cosas, la norma estableció que "el Estado provincial, sus organismos descentralizados y las empresas del Estado están obligados a ocupar personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no menor al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal, y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas, de acuerdo con las modalidades que fije la reglamentación”.

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Para Bruselario, esta Ley no viene implementándose como se debería. "Si bien el cupo laboral está aprobado como Ley a nivel nacional y provincial, todavía no se está implementado. Hay localidades que no está cumpliendo con el cupo y otras que aún no lo aprobaron. Las ciudades que aprobaron el cupo son Rosario del Tala, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú y Paraná. En Nogoyá se trató pero no se aprobó".

Karen Bruselario

En ese sentido, agregó: "En Victoria hace años seguimos esperando el efectivo cumplimiento del cupo. No se está cumpliendo como se debe. Las compañeras que entraron son dos y lo hicieron antes de la sanción del cupo, no están en planta permanente".

Por su parte, Keili González opinó: "El cupo laboral trans no se está garantizando. En el país, son nueve mil las compañeras que debían ingresar a partir del cupo, pero el gobierno hizo una estrategia para no abordar una ley de carácter integral ante la violencia sistemática y estructural".

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A su juicio, el gobierno provincial no está dando respuestas con políticas hacia la comunidad trava-trans. "Tienen líneas que no apuntan a resolver los problemas, sino a dar concesiones sin atender la particularidades de la situación que atraviesa la comunidad travesti-trans", afirmó.

La activista de Nogoyá insistió en que en la provincia "no hay voluntad política" para instrumentar políticas públicas para las disidencias. "Las áreas de la Mujer, Género y Diversidad están creadas, pero son áreas bastante testimoniales. El Estado no es que no está, está de una manera bastante discursiva y no práctica", puntualizó y aseveró que el Estado provincial sigue sin "generar políticas públicas que revierta la situación de las compañeras".

Violencias

En cuanto a los hechos de violencia que sufre la comunidad trava-trans, Bruselario remarcó que "cada vez se están viendo más casos de transodio" en la provincia y el país. "El colectivo travesti-trans está totalmente vulnerado. Los casos de violencia de odio están. Por ejemplo, hay compañeras que son violentadas, que siguen ejerciendo la prostitución y viven en precariedad. Esto también lo tomamos como un tipo de violencia social", explicó a UNO.

La militante de la Ciudad de las Siete Colinas remarcó que es necesario que se profundicen los programas de capacitaciones en la Ley Micaela en los diferentes estamentos del Estado, principalmente en la Justicia. "Estamos pidiendo que el Poder Judicial tenga perspectiva de género y que se implemente la Ley Micaela", dijo, al tiempo que señaló que esa capacitación es fundamental en dos sectores: la Policía y la Fiscalía. "A la Policía y a la Fiscalía les hemos enseñado, a través de diferentes marchas, el respeto hacia nosotros, nosotras y nosotres. Aún así, les falta más tacto, sensibilidad y humanidad a la hora de recibir a una persona violentada", dijo.

Karen Bruselario

Bruselario enfatizó que la comunidad travesti-trans está comprometida con la lucha contra las problemáticas de sus integrantes y también con otras presentes en la sociedad, como los abusos sexuales. "Los abusos en las localidades son cada vez más. A la hora de marchar en contra de los abusadores vemos que la gente de las localidades hacen oídos sordos y miran para otro lado. En Victoria es impresionante los casos de abusos y las denuncias que se hacen todos los días, pero nadie hace nada. Por suerte hay un movimiento feminista y transfeminista que marcha y si tenemos que escrachar, escrachamos", completó.

Vivienda, educación y salud

En otro orden de cosas, la activista de Victoria marcó que el derecho a la educación y salud son los que más se cumplen en la provincia, pero no así el de la casa propia. "No está en la agenda política provincial el cupo de vivienda para el colectivo travesti-trans. No se habla de la vivienda", dijo.

Hizo notar que en materia de acceso a la salud algunos nosocomios han establecido consultorios amigables para el colectivo LGTBIQ+. Puso como ejemplo al hospital Fermín Salaberry, de Victoria, en el cual se desempeña. "El hospital es el tercero en la provincia en contar con consultorio amigable especializado en garantizar la salud pública a nuestro colectivo, con hormonizaciones y con un médico capacitado para atender nuestras corporalidades y disidencias", subrayó.

Finalmente, manifestó que "no todo es falencia, ya que las compañeras travestis y trans que no terminaron la escuela hoy la mayoría está estudiando". "Quieren superarse y acceder a un trabajo digno. Ahora las compañeras quieren formarse, se han armado cooperativas travesti-trans. El programa Potenciar Trabajo ha hecho que las compañeras puedan ingresar en el ámbito privado y público. Eso hace que vean que podemos trabajar. Hay un poco de avance pero seguimos reclamando porque históricamente estamos vulnerados, vulneradas y vulnerades", cerró.

Por su parte, Keili González fue crítica con el programa Potenciar Trabajo. "La mayoría de la comunidad travesti está atada al programa Potenciar Trabajo, que es una asistencia parcial cuyo dinero debe destinar a un alquiler de mala muerte", afirmó.

La activista remarcó que la comunidad trava-trans está atravesada por "violencia institucional, de género, donde el sistema prostibulario muchas veces es el único medio de subsistencia". " También está atravesada por la vulneración familiar y excluida de cualquier acceso y permanencia al sistema educativo, de salud y vivienda. Eso hace que al no encontrar la posibilidad en las instituciones, la comunidad siga habitando los márgenes de la sociedad", analizó.

En ese sentido, reiteró que a su entender "hay líneas de acciones que el Estado podría garantizar y no lo hace. No hay voluntad política". "Tampoco se destina presupuesto a las áreas y prácticamente un área sin presupuesto es como tener un área acéfala", añadió.

"Hemos avanzado. No es lo mismo ser travesti hoy que hace 20 años atrás, pero en el 2023 sigue siendo la prostitución el principal medio de subsistencia para la comunidad travesti-trans. Hablo de prostitución y no de trabajo sexual porque la mayoría de las compañeras quiere salir de ese sistema. Por supuesto que se acompaña a la compañera que decide estar así por autonomía de sus decisiones y porque considera eso como trabajo, pero la mayoría quiere salir del sistema prostibulario y la mayoría de las compañeras no tienen la opción", concluyó.