Empresas de colectivos advierten por la "paralización definitiva"

"El transporte automotor de pasajeros urbano y suburbano del interior del país vive una larga crisis que, en caso de que no se adopten medidas urgentes, causará su paralización definitiva, con la consecuente pérdida de empleos y capital nacional, además de afectar la vida cotidiana de millones de ciudadanos". Esta dura advertencia fue emitida este martes al mediodía por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) en medio del paro de colectivos decretado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que dejó sin el servicio al interior del país.

Asimismo, las empresas aseguraron haber "agotado" sus esfuerzos para mantener la paz social y la prestación de los servicios inalterada. "Es hora de que el Ministerio de Transporte de la Nación, los gobiernos provinciales y los poderes concedentes asuman sus responsabilidades, sin cálculos políticos y con la mirada puesta en 400 empresa de capital nacional, 35.000 puestos de trabajo directos e indirectos y millones de argentinos transportados cada día", enfatizaron.

El lunes a ultima hora, UTA informó el levantamiento de la medida de fuerza prevista en el área metropolitana, luego de que el Gobierno ordenase el pago del aumento salarial para poner fin al conflicto gremial. De todas maneras, en el interior prosigue el reclamo y se lleva adelante el paro de 24 horas en el transporte público de corta y media distancia.

Buses Paraná quiere debatir sobre el aumento de la tarifa del colectivo.

UNO/archivo.

La Fatap informó que la negociación paritaria en curso se encuentra "severamente condicionada" por la insuficiencia de recursos que permitan a los empresarios asumir compromisos salariales sustentables en el tiempo. Fue en ese marco que advirtió por la "paralización definitiva" del servicio, algo que la entidad aseguró que viene expresando reiteradamente en comunicaciones públicas y reuniones con funcionarios, sindicalistas y distintos ámbitos.

"El actual fracaso de la negociación paritaria no es más que uno de los síntomas que revela aquella crisis, la que también puede verificarse en el estado de las unidades, la falta de renovación del parque móvil, la paralización de toda inversión en infraestructura y las permanentes dificultades que las empresas prestadoras experimentan para cumplir con sus obligaciones fiscales y financieras", sostuvo la Federación.

Aseguró también en el documento que las empresas del interior del país, que son más de 400, "han subsistido en desmedro de su capital, esmerilándolo al sólo efecto de garantizar la continuidad de los servicios y las fuentes de trabajo, lo que las colocó en una situación que debe ser revertida de modo inmediato, so pena de generar la quiebra de todo el sistema".

En ese marco, remarcó con un presupuesto total asignado para 2023 de $85.000 millones, el cumplimiento de la pauta salarial solicitada por la entidad sindical representaría para el sistema un costo adicional de $79.359.871.856,56 millones, cuya disponibilidad "no ha sido en modo alguno garantizada hasta la fecha".

"Cabe destacar que permanecen aún sin norma que los distribuya, $10.500 millones adicionales comprometidos por el Estado Nacional en el marco de la negociación paritaria del mes de febrero del corriente, y que adeuda al día de hoy $13.500 millones provenientes del Fondo Compensador al Transporte", añadió. A esto sumó que los poderes concedentes locales "incumplen los contratos de concesión fijando tarifas sobre criterios meramente políticos, sin respetar las normas técnicas en ellos dispuestas, lo que genera un precio del servicio completamente desactualizado que no remunera siquiera mínimamente la prestación, en tiempos de inflación descontrolada y costos de financiamiento exorbitantes".

La Fatap lamentó que las autoridades nacionales, provinciales y municipales, titulares de los servicios y obligadas a sostener el sistema, "han desaparecido de la negociación paritaria, ámbito en el que resulta indispensable su aporte por ser quienes monopolizan la definición de los ingresos de la actividad, tarifas y subsidios".

Si bien admitió que los trabajadores deben recibir "una remuneración digna y equitativa", advirtió que deben existir empresas dispuestas a invertir en la actividad, recibiendo a cambio un ingreso que soporte aquellas erogaciones y genere una ganancia justa y razonable.