El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

A raíz de la denuncia presentada por el Consejo General de Educación (CGE) por rendiciones de cuenta falsas por parte del administrador de cuatro escuelas públicas de gestión privada que giran bajo la órbita del Arzobispado de Paraná, la institución religiosa dio a conocer un comunicado donde fijó su postura.

En la investigación se pidió el levantamiento del secreto bancario y fiscal del imputado. Se intenta determinar, entre otros puntos, si no hay más personas involucradas. Se sospecha que el administrador recibía los fondos del CGE y los transfería a su cuenta ya que tenía las claves.

El comunicado del Arzobispado de Paraná

Ante esta situación, el Arzobispado dio a conocer un comunicado en las redes sociales donde dejó en claro que conocía el proceso judicial.

“Como es de público conocimiento, y tal como hemos hecho saber en el Encuentro de Equipos Directivos de inicio de año, la Justicia se encuentra investigando al señor Víctor Adrián Godoy, quien era representante legal de varias escuelas que dependen de nuestro Arzobispado. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el Consejo General de Educación, por presuntas adulteraciones en las rendiciones”, expresaron.

“El Arzobispado de Paraná se puso desde el inicio a disposición para colaborar con la Justicia. En su momento se constituyó también como querellante. La jueza de Garantías de Paraná, Dra. Paola Firpo, dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal del imputado en el marco de la causa por el presunto delito de Defraudación a la Administración Pública. Confiamos en el trabajo de quienes están a cargo de este proceso judicial. Como Iglesia, reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la justicia, en fidelidad a la misión pastoral y educativa que nos ha sido confiada”, finalizaron.

Por su parte, el CGE indicó que el dinero observado en las rendiciones ya fue reintegrado a las escuelas afectadas, garantizando así la continuidad administrativa de los establecimientos. La causa judicial se encuentra en etapa de investigación, con la expectativa de que se definan responsabilidades y se determine si hubo más personas implicadas en el presunto desvío de fondos.