Colectivos: mientras se debate el valor del boleto, el municipio no descarta ir a la Justicia

La movilidad urbana en Paraná para el usuario de transporte público de colectivos dejó de ser una alternativa viable, al menos desde antes de la pandemia de Covid-19. El servicio, que es esencial para muchos trabajadores, estudiantes y vecinos, dejó de cumplir funciones básicas: la puntualidad de las frecuencias, la calidad de mantenimiento de las unidades y la relación precio del boleto-prestación. Todo esto contribuyó a que los conflictos laborales de los choferes fueran más frecuentes (con paros repentinos de varios días) y ahora el golpe de gracia se está dando con la eliminación del subsidio que recibían las empresas de transporte interior del país. En forma unilateral la prestadora Buses Paraná implementó una reducción del servicio que se extenderá por tiempo indeterminado, hasta tanto las autoridades políticas de Paraná y del área metropolitana y de la Provincia decidan medidas para enfrentar el escenario de crisis.

A su vez, la reunión del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), que estaba convocada para el jueves, pasó a cuarto intermedio luego de conocerse el recorte del Fondo Compensador, que generó malestar puertas adentro del gobierno municipal, pero también en los empresarios que esperaban tener certezas respecto del ajuste que podría tener la tarifa.

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Si bien a esta altura ya es parte de un hipótesis, UNO pudo saber en forma extraoficial que la gestión municipal iba a proponer un boleto de 380 pesos para un recorrido de 6 kilómetros y una tarifa de 575 pesos cuando el recorrido superara esa distancia. Finalmente ese monto no llegó a discutirse por la decisión de quitar los aportes del Fondo que eliminó el ministro de Economía Luis Caputo.

En el corto plazo no son muchas las certezas, tampoco la forma en que se redistribuirá la entrega de subsidios directamente a la demanda a través de la tarjeta SUBE.

Por lo pronto, el miércoles el gobernador Rogelio Frigerio recibirá a los seis intendentes de las ciudades con transporte urbano en Entre Ríos. Es probable que allí se consensue una medida que contribuya a unificar criterios en este nuevo escenario.

Sin el aporte que llega desde la Nación, el precio del boleto en Paraná se iría a no menos de 1.000 pesos. En la administración de la intendenta Rosario Romero se están evaluando diferentes medidas para no trasladar todo el costo al usuario.

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Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

“Lo veo muy complejo”

“Estimo que va a ser un costo de la tarifa que no sé si los concejales van a estar dispuestos a aceptarlo”. Con esa frase la titular de la Defensoría del Pueblo de Paraná, Marcia López, se posicionó respecto del nuevo tratamiento de costos que se deberá hacer sobre la composición de la nueva tarifa .

Sin los números oficiales que tendrá que recalcular el SITU, la defensora estimó que “sin los subsidios de Nación el pasaje quedaría a razón de 700 pesos aproximado, pero es un costo estimativo, no es nada oficial ni presentado”.

Acto seguido ensayó una evaluación de la última reunión del Sistema Integrado que finalmente fracasó por el efecto del anuncio de la Casa Rosada. “La situación del transporte es muy compleja. No vislumbro un camino hacia una solución porque en la última reunión del SITU había posicionamientos diferentes y no pudiendo llegar a ningún acuerdo. Por ejemplo, la empresa con esto de la reducción del servicio a partir de las 14, se comprometió a rever la medida para el viernes y que las frecuencias sean más espaciosas, pudiendo llegar a un horario posterior a las 14. Sobre todo en los horarios, donde la gente cumple horarios en el comercio para ir a trabajar y para volver. Evidentemente no lo revieron porque siguieron con el corte a las 14 el viernes y estos días sucesivos también”, observó.

Para López, una vez superada la instancia del SITU, será decisivo el rol de los concejales en función de aprobar o no el nuevo porcentaje de incremento de la tarifa.

Al respecto interpretó: “Por eso lo veo muy complejo, sumado a la decisión del Gobierno nacional de no contribuir al Fondo Compensador, con lo cual en la última reunión se tuvo que hacer un cuarto intermedio para recalcular los costos que iba a presentar el contador del municipio ese día. Y por otro lado, va a ser un costo que el usuario y el trabajador no va a poder sustentarlo. Y tampoco sabemos desde Nación, de qué manera se van a trasladar los subsidios de la tarjeta SUBE, ni si la gente va tener el descuento al momento de sacar el pasaje o el reintegro va a ser posterior. Con lo cual todo lo que incide en el bolsillo de la gente y cada día el sueldo o los ingresos rinden menos, por eso la veo muy difícil de resolver a la cuestión del transporte”.

Serán días decisivos y de permanente diálogo entre los actores involucrados en esta problemática.

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El transporte urbano, otra vez un tema de debate en Paraná.

Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

No descarta ir a la Justicia

La intendenta Rosario Romero se refirió públicamente al recorte de fondos que resolvió la gestión de Javier Milei. En principio la presidenta municipal calificó a la medida como “muy grave”. Y enseguida agregó que el subsidio “está previsto en el Presupuesto, los fondos están, porque estamos trabajando con Presupuesto reconducido en la Nación, y debería estar llegando el subsidio al transporte, cosa que no ha ocurrido ni en enero ni en febrero. El gobierno provincial, en febrero, anticipó fondos, está anticipando fondos que la Nación debió aportar, pero tuvimos esta mala noticia de que no nos van a mandar los fondos”.

Romero recordó que junto a los gobiernos municipales de Córdoba, Santa Fe, Rafaela, Salta y Mar del Plata y Rosario, se había iniciado un reclamo para que llegaran más subsidios al interior. “Porque el reparto del volumen de subsidios es 85% para el área metropolitana, conocida como el AMBA –la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires– y 15% para el interior del país”, advirtió.

En esa línea de pensamiento fundamentó: “Fíjense qué dispar que es, qué poco que recibimos las ciudades de provincia en relación con las ciudades del AMBA. Y ahora no solamente no llegará un subsidio más parejo, como veníamos reclamando, sino que directamente no nos van a mandar el subsidio”.

La intendenta, en declaraciones a Radio Costa Paraná, anticipó que no descarta accionar judicialmente contra la decisión de Milei. “Es una de las posibilidades. Ya sacamos un documento, que fue conocido en medios nacionales y provinciales, donde los intendentes estamos diciendo que el subsidio está presupuestado, es un fondo que existe, que está por ley. Por lo tanto, si no nos pagan esto nosotros vamos a considerar las acciones judiciales también”.

Así las cosas, es importante tomar dimensión del impacto que tendrá en las provincias la quita de recursos: los recursos que se envían del Fondo Compensador representan del 25% al 30% del global de subsidios que van al boleto en las provincias, ya que también hay aportes de las administraciones provinciales y municipales.