Casación bajó la pena a un torturador de la Policía Federal

En el lapso de ocho días, la Cámara Federal de Casación Penal emitió dos fallos que beneficiaron a condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos durante la última dictadura cívico militar. Primero ordenó redeterminar la pena impuesta a dos médicos que intervinieron en robo de bebés en Paraná y los liberó al dejar sin efecto la prisión domiciliaria de ambos. Ahora decidió reducir la sanción que pesa sobre José Darío Mazzaferri, temible torturador de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, a través de una resolución a la que tuvo acceso UNO.

Este jueves, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal –integrada por Diego Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y Carlos Mahiques– hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de Mazzaferri y resolvió "casar" la resolución del Tribunal Oral Federal de Paraná que había fijado una condena de 18 años de prisión. Acto seguido, decidió imponer una pena de 16 años. Se trata de la segunda reducción de pena con que el Poder Judicial beneficia a este represor de la dictadura, ya que originariamente había sido sentenciado a 20 años de cárcel.

Este beneficio para un responsable por crímenes de lesa humanidad se suma al que concedió la Cámara de Casación a los médicos Miguel Alberto Torrealday y Jorge Eduardo Rossi. El 20 de diciembre, la Sala II anuló la pena impuesta a los dueños del Instituto Privado de Pediatría (IPP) por su participación en la sustracción de la hija y el hijo de los militantes desaparecidos Edgar Tulio Valenzuela y Raquel Negro. Además, dejó sin efecto la prisión dictada para ambos bajo la modalidad domiciliaria y con tobillera. Ahora esa causa regresa a la capital entrerriana para que se fije nuevamente la cantidad de años de prisión que le corresponde a cada uno, tal como informó UNO.

Sobre Mazzaferri pesa una condena por su participación en los hechos recordados como La Noche del Mimeógrafo, ocurridos en julio de 1976 en Concepción del Uruguay, cuando un grupo de estudiantes secundarios fue secuestrado y torturado por efectivos de la delegación local de la Policía Federal. Lo responsabilizaron por los delitos de asociación ilícita, allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados, que perpetró contra ocho víctimas.

Mazzaferri era el jefe del grupo de tareas de la Policía Federal uruguayense y era quien estaba encargado de las torturas de los detenidos por razones políticas. Cuando se reabrieron las causas por los crímenes de la dictadura, se avanzó con la investigación y se ordenó su captura, se fugó y permaneció cuatro años prófugo de la Justicia: entre 2009 y 2013. Fue por este motivo que no fue juzgado en el juicio por la causa Harguindeguy de 2012 , donde se incluyeron estos hechos, sino recién en 2017. En ese momento, el Tribunal Oral Federal de Paraná le aplicó una pena de 20 años de prisión.

Al igual que sucedió con los médicos del IPP, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar la pena original, dado que absolvió al represor por uno de los hechos: el allanamiento a la casa de una de las víctimas. En septiembre de 2020, el TOF paranaense accedió a reducir la sanción a 18 años. Sin embargo, el fallo fue nuevamente revocado el 23 de agosto de 2022, pero esta vez los jueces entrerrianos decidieron mantener los 18 años en una decisión de febrero de 2023.

Finalmente, este jueves 28 de diciembre, Casación hizo lugar al planteo del defensor del genocida, Guillermo Pablo Francisco Morales, y tomó la decisión no volver a enviar la causa a Paraná, sino directamente reducir la pena a 16 años, es decir, cuatro menos que la dispuesta en la sentencia de 2017.

Al fundamentar su voto, el camarista Barroetaveña sostuvo: "Entendemos que la pena finalmente recaída no aparece estrictamente ajustada al principio de culpabilidad y de allí que la decisión adoptada no resista la tacha de arbitrariedad". Luego valoró el "favorable resultado del tratamiento penitenciario que viene cursando el condenado" y la "impresión que nos causó el justiciable en la audiencia de visu celebrada en esta sede".

Mahiques coincidió con su colega. Entendió que debía tenerse en cuenta la ausencia de antecedentes penales computables, la edad de Mazzaferri, su estado de salud, su "adecuada evolución en el proceso reflexivo y de autocrítica", su buena conducta en prisión y su correcto desempeño laboral y educacional.

No tuvieron en cuenta el planteo del fiscal general Raúl Pleé, quien presentó su dictamen postulando el rechazo del recurso de casación, al considerar que la pena de 18 años de prisión aplicada estaba debidamente fundada. Petrone no emitió voto.

La Noche del Mimeógrafo

José Darío Mazzaferri pertenecía al grupo de tareas de la Delegación Concepción de Uruguay de la Policía Federal que se dedicaba a secuestrar jóvenes militantes durante los años del terrorismo de Estado. Entre esos jóvenes estaban los estudiantes secundarios que fueron detenidos ilegalmente en las vacaciones de julio de 1976, y mantenidos en cautiverio y torturados en el centro clandestino de detención que funcionaba en la misma dependencia policial.

Aquellos estudiantes secundarios eran interrogados en las torturas por un mimeógrafo con el cual imprimían panfletos de repudio a la dictadura, por lo cual aquel suceso es recordado como La Noche del Mimeógrafo.

Recreación de La Noche del Mimeógrafo.

En febrero de 2023, cuando rechazaron bajar la pena de 18 años, los jueces de Paraná Otmar Paulucci, Mariela Emilce Rojas y Luciano Homero Lauría habían destacado la gravedad de los delitos cometidos por el genocida. El fiscal José Ignacio Candioti había impulsado esa resolución, en base también a la multiplicidad de delitos cometidos, la importante cantidad de víctimas y al hecho de que "el daño en los cuerpos y en las mentes de los sobrevivientes que aún persiste y configura un daño irreparable".

Los abogados querellantes Marcelo Boeykens y Lucía Tejera, en tanto, habían sostenido que Mazzaferri "era el jefe de esa patota que operaba en la Policía Federal de Concepción del Uruguay"; a lo cual agregaron que estuvo cuatro años prófugo y nunca aportó datos a la Justicia para esclarecer los hechos ocurridos en la provincia durante la dictadura.