Bordet repudió el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario

El diputado nacional por Entre Ríos, Gustavo Bordet, repudió el veto a la ley de financiamiento universitario que firmó este miércoles el presidente Javier Milei y anticipó que votará para restituir la norma.

“Desde Entre Ríos, y desde el Congreso, no podemos avalar este nuevo atropello”, expresó el ex gobernador apenas conocido el veto del presidente a la Ley de Financiamiento Educativo.

”Esta norma fue aprobada democráticamente por el Congreso Nacional y respaldada por amplios sectores de la sociedad. El veto representa un retroceso enorme para el sistema educativo argentino y un nuevo capítulo en el ajuste que golpea donde más duele: en la educación pública”, afirmó el diputado nacional.

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La Ley vetada

La iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos, que, sin embargo, no llegaba a los dos tercios. Esa es la mayoría especial que la oposición deberá reunir si quiere revertir el veto e insistir con el proyecto original.

En esa misma sesión especial también se aprobaron la declaración de emergencia en pediatría (por la crisis del Hospital Garrahan) y el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que también serán vetados por la Casa Rosada. No obstante, esos dos vetos aún no se remitieron al Congreso y el plazo vence este jueves.

La ley vetada por Milei había sido impulsada originalmente por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La misma establece que los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación se deben actualizar por inflación automáticamente. También ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente y no docente y aumentar las becas, entre otros puntos.

En el veto, que ya fue publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno señala que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar de manera clara las fuentes de los recursos para su financiamiento.