Acceso a la información pública: presentaron proyecto para declarar nulo el decreto de Milei

La diputada nacional por Entre Ríos, Carolina Gaillard (UxP), presentó un proyecto de ley para declarar nulo el Decreto 780/24 de Javier Milei que restringe el acceso a la información pública. Instituciones de la provincia se declararon en contra.

En su fundamentación, Gaillard argumenta que “El Decreto 780/24 ha generado críticas significativas de diversos sectores de la sociedad, ya que, en lugar de promover la transparencia, parece orientado a proteger al Gobierno Nacional y a limitar la rendición de cuentas. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que, al establecer nuevas restricciones para el acceso a información crucial, se debilita uno de los pilares fundamentales del sistema republicano y democrático: la publicidad de los actos de gobierno. Este retroceso normativo no solo obstaculiza la participación ciudadana, sino que también erosiona la confianza en las instituciones públicas, siendo percibido como un intento de limitar el control ciudadano sobre la gestión estatal”.

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Además, explica: “Cabe destacar que la restricción sobre legitimación activa, que impone decreto en cuestión, se contrapone a lo sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo: 342:208 donde establece que: “La legitimación para presentar solicitudes de acceso debe ser entendida en un sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente ya que se trata de información de carácter público, que no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina y, en consecuencia, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud.”

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El proyecto presentado por Gaillard y acompañado por otros diputados de Unión por la Patria, también concluye que “podemos afirmar cualquier medida que restrinja el acceso a la información pública tiene un efecto directo sobre la libertad de expresión, al limitar el conocimiento disponible para la sociedad y, con ello, el espacio para la crítica, la disidencia y la participación democrática. Esto no solo afecta a los medios de comunicación y periodistas, que desempeñan un rol crucial en la difusión de información, sino a todos los ciudadanos que buscan ejercer su derecho a expresarse y a participar en la vida pública”, y agrega: “El cercenamiento al acceso a la información pública, incompatible con los principios y valores democráticos, impacta de manera negativa en la garantía de la libertad de expresión. Diversas organizaciones han denunciado públicamente esta situación, como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que ha rechazado los cambios impuestos por el Decreto 780/24 ante el avance del Poder Ejecutivo. Estas modificaciones no solo limitan el derecho de la ciudadanía a estar informada, sino que también restringen la labor de los periodistas, quienes dependen del acceso a la información pública para ejercer su rol fundamental en una sociedad democrática”.

Críticas al decreto de Milei

Desde la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER) emitieron un comunicado junto a otras 60 instituciones. Detallan: "Las excepciones establecidas por la ley 27.275, que habilitan la negativa estatal a brindar la información solicitada, están lejos de lo reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional. Este decreto amplía la información que queda por fuera del interés público, amplía el secreto y aporta discrecionalidad al dejar en manos de los funcionarios/as públicos/as la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección. El decreto 780/24 implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción y genera un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios/as primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado."

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Foto: UNO/Archivo

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Consultado por Chequeado, Ramiro Álvarez Ugarte, abogado e investigador del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, señaló: “El problema que tiene el decreto es que reglamenta todo de manera restrictiva. Las definiciones sobre ‘información pública’ y ‘documento’ son los puntos más problemáticos. El decreto lo que hace es tomar la definición de la ley y establecer por reglamentación una definición que es mucho más restrictiva que lo que la ley establece. Ahí está el problema principal: lo que está haciendo es alterar el espíritu de la norma, en violación de los artículos 28 y 14 de la Constitución”.