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UNO / Diego Arias
La provincia de Entre Ríos, y en particular la ciudad de Paraná, vivieron una de las peores represiones policiales del país los días 19 y 20 de diciembre de 2001, en las jornadas de alzamiento social que signaron para siempre la historia nacional, imborrables en la memoria del pueblo argentino. Cuatro entrerrianos murieron por culpa de la violencia policial desatada desde la declaración del Estado de Sitio de Fernando De la Rúa, si se cuenta a Claudio “Pocho” Lepratti, el docente de Concepción del Uruguay radicado en Rosario, donde lo mataron en un comedor escolar. Las otras tres víctimas fueron ejecutadas en Paraná: Eloísa Paniagua, Romina Iturain y José Daniel Rodríguez. Sólo la primera muerte logró una condena judicial, aunque su asesino quedó en libertad hace 11 años. En general reinó la impunidad.
La capital entrerriana vivía las situaciones que se veían en cientos de ciudades de la Argentina en las vísperas de la caída del gobierno de la Alianza. La Multisectorial que nucleaba centralmente a trabajadores estatales, docentes, estudiantes, desocupados, profesionales y pequeños campesinos marchaba y cortaba calles y rutas permanentemente en reclamo de un paquete de medidas de emergencia para frenar el desastre social provocado por más de una década de políticas neoliberales. Más allá de la lucha organizada, el hambre y la desesperación terminaron empujando a cientos de personas a las puertas de supermercados a pedir alimentos. En algunas sucursales de la provincia se produjeron saqueos.
Asesinada por la espalda
Uno de esos pedidos se hizo en el entonces Abud de calle San Juan de Paraná, azuzado por el falso anuncio en una radio local de que allí se entregaba comida. A sus puertas llegó la familia Paniagua, junto a muchas otras del barrio Maccarone, pero el despliegue policial que se toparon al llegar los hizo dar media vuelta y volver al barrio. En lugar de quedarse en el supermercado, la Policía los persiguió a los tiros. La gente del barrio se dividió, creyendo que así la represión no sería peor: los hombres agarraron calle Salta; mujeres y niños cruzaron el Parque Berduc. En el segundo grupo se encontraba Eloísa Paniagua cuando un balazo le entró por la nuca. Tenía 13 años cuando empezó a agonizar a unas dos cuadras de su casa y a más de 500 metros del supermercado que la Policía supuestamente debía proteger por órdenes del gobierno provincial de Sergio Montiel. Sus familiares y vecinos le exigieron a los mismos policías que le dispararon que la lleven al hospital y se cuenta que el propio cabo Silvio Martínez, que la había ejecutado unos instantes antes, la cargó en el móvil y la trasladó al Materno-Infantil San Roque, donde murió.
La abogada y actual ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, ejerció como querellante ante el homicidio. Hoy, en diálogo con UNO, recuerda: “el policía de la comisaría Octava en vez de usar proyectiles de goma, disparó con el arma reglamentaria. No había una situación de peligro alguno, ninguna agresión, ninguna justificación para disparar, y menos aún con proyectiles convencionales. El argumento de la Policía de Montiel fue que se les habían terminado las balas antimotines. No había un bien jurídico a proteger vinculado con la propiedad, porque estaban muy lejos del supermercado. Además, nunca debe prevalecer el valor propiedad sobre el valor vida. Si hay dos valores en juego, el de la vida tiene una supremacía mayor. ¿Cómo va a disparar la Policía sobre un grupo humano que se está yendo de un lugar?”.
Romero repasa las medidas que tomaron de inmediato junto con Fiscalía y un Juzgado de Instrucción. “Se peritaron todas las armas de la comisaría Octava y se practicó dermotest a sus policías. Así se descubrió quién había disparado y cuál era el arma de la que provino el proyectil. El autor fue hallado en las horas posteriores”, enumera.
El cabo Martínez fue separado enseguida de la Policía y la causa llegó a juicio. En junio de 2003 la Sala 1 de la entonces Cámara del Crimen, integrada por los jueces Juan Antonio Sobrero; Felipe Celli y Juan María Ascúa, lo condenó a 10 años de prisión. En 2009 salió en libertad condicional. Además, el tribunal condenó al Estado provincial a resarcir por 100 mil pesos a la familia Paniagua por el asesinato de su niña de 13 años. Sin embargo, no se juzgó y mucho menos condenó a ninguna autoridad del Poder Ejecutivo ni de la Policía provincial por haber tomado las decisiones que desembocaron en el homcidio.
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Martínez (izq.), único condenado por la represión en Paraná en 2001
UNO / Diego Arias
A Eloísa no la olvidan en el Maccarone. Allí, en diciembre de 2020, la calle Manuel Dorrego pasó a llamarse con su nombre y próximamente sus familiares y amigos de la infancia pintarán un mural en su recuerdo.
El asesinato de Romina Iturain no encontró la misma senda en la Justicia. Tenía 15 años y el 20 de diciembre por la tarde estaba tomando mate en el patio de la casa de una prima frente al hipermercado Walmart de avenida Larramendi. Como en el ex Abud de calle San Juan, decenas de policías se habían apostado ante las rejas del supermercado estadounidense a disparar contra la gente que pedía alimentos. Algunos uniformados usaban balas de goma. Otros tiraron con plomo y uno de ellos mató a la niña. Rosario Romero también fue la abogada de su familia. “El caso de Romina fue distinto. La pericia para buscar las vainas servidas no se hizo esa tarde sino a la mañana siguiente. Se revisó todo el terreno de la casa y no se encontraba la vaina del proyectil que atravesó a Romina”, reseña.
Romero y otras autoridades judiciales buscaban sin éxito las pruebas para orientar la investigación cuando la entonces abogada de los Iturain vio en el frente de la casa un agujero en la pared de ladrillo hueco. “Adentro de ese ladrillo estaba el proyectil. Era la bala que había matado a Romina y tenía todas las características de las que usa la Policía: encofradas y calibre 9 milímetros”, indica. Con el hallazgo de la bala empezó la búsqueda del arma. La actual ministra relata: “peritamos cientos de armas. Incluso las del Servicio Penitenciario, que había sido intervenido por la Policía. No logramos hallar el arma cuya percusión causó la muerte de Romina y no teníamos testigos presenciales que hubieran visto a quién disparó esa bala”. Y advierte: nunca hubo colaboración de la Policía”. Romero admite que “hubo una actuación inmediata de los Juzgados de Instrucción en turno, porque había cientos de detenidos en las comisarías. Las medidas que se dispusieron en el caso de Eloísa fueron inmediatas, pero en el de Romina no. Ese crimen quedó impune y la causa abierta, para el caso que aparezca alguna prueba”.
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La familia de Romina se movilizó durante años en reclamo de Justicia, pero nunca la encontró. Su padre Mario, ícono de la lucha contra la impunidad de la represión de 2001 en Entre Ríos, murió en julio de 2019 en circunstancias trágicas, cuando se incendió su casa en Ituzaingó y cortada 1349. El humilde empleado municipal había logrado salvar a su pareja, su hija y su nieto e intentaba rescatar algunas pertenencias del interior cuando cayó desmayado por el humo. Cuando los bomberos lo sacaron gran parte de su cuerpo se había quemado. Falleció en el hospital San Martín, donde había muerto su hija Romina 17 años y medio antes, producto de una bala policial.
Una calle perpendicular a Larramendi, frente al Walmart, lleva el nombre de Romina, en una muda pero indeleble muestra de la opción de la Policía en favor del hipermercado y contra la gente hambreada.
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Tirado muerto en el Parque
La segunda muerte de la represión que quedó completamente impune es la de José Daniel Rodríguez. El caso tiene ribetes sombríos y hasta macabros. El joven de 15 años era militante de la Corriente Clasista y Combativa. Vivía en La Floresta en la casa de una referente barrial de la organización de desocupados y vivía de changas. El 20 de diciembre era uno de los que reclamaba comida ante el Walmart y enfrentó la represión policial. José Daniel se perdió de la vista de sus allegados y compañeros de la CCC en medio del combate callejero y las corridas para escapar de las balas. Nunca más lo vieron hasta que lo encontraron muerto el 31 de diciembre en el Parque Nuevo, atrás del Walmart, con su cuerpo en estado de descomposición y tapado por algunas cubiertas quemadas, una escena que sus conocidos siempre interpretaron como un mensaje de la Policía.
La Corriente Clasista y Combativa había presentado el 22 de diciembre un recurso de hábeas corpus ante la Justicia apenas notaron la desaparición del joven. Nadie tiene claro dónde estuvo durante esos 10 días, pero tampoco nadie duda de que fue un crimen policial. Víctor Sartori, referente de la organización y dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), recuerda que la autopsia encontró dos balas en el tórax de José Daniel. “Eran de las escopetas que utilizaba la Policía”, afirma.
Sobre las dudas en torno a su desaparición, Sartori rememora para UNO: “había distintas versiones, una según la cual lo había levantado en una camioneta de la Policía”. Y respecto del devenir judicial del homicidio, cuestiona que “se desató una investigación que al final no termina en nada. Nosotros como CCC no pudimos entrar como querellantes particulares en el proceso, porque no éramos familiares. Tampoco apareció ningún familiar para hacerlo. La muerte de José Daniel terminó sin responsabilidades ni investigaciones que llegaran a los autores concretos”.
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El dirigente, que en 2001 era secretario de Acción Política de ATE, añade que una vez practicada la autopsia, sin la admisión de la CCC como querella y sin más iniciativa de parte del Estado para investigar, el Juzgado de Instrucción entregó el cuerpo de Rodríguez a unos parientes y lo llevaron al cementerio. “Todo eso sin hacer parte al grupo del lugar donde vivía y lo habían acogido, ni a sus compañeros de militancia de la Corriente. Al tiempo nos enteramos y solamente pudimos hacer un homenaje”, lamenta Sartori.
La causa judicial que se había abierto de oficio por su muerte se terminó cerrando mientras no aparezcan nuevas pruebas o testimonios, y el asesinato de José Daniel Rodríguez quedó manchado de impunidad.
“El pedido de Justicia y castigo a los responsables materiales y políticos se mantiene. A medida que van pasando los años las posibilidades de investigación se van perdiendo, pero seguimos exigiendo”, cierra Sartori.
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