Licencia social

El presidente Mauricio Macri y el gobernador Gustavo Bordet no debieran avanzar con la política de los hechos consumados en asuntos del ambiente, tan caros para los entrerrianos.

Desde que la conciencia ecologista y las marchas populares derrotaron el represamiento del Paraná Medio hace 20 años, los panzaverdes han sabido organizarse para estudiar y reclamar por el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad, y no pocos los consideran un ejemplo en la lucha ecologista.

Todas las ciudades tienen sus agrupaciones sociales y ambientales, centros de estudios, asambleas. Los entrerrianos están vinculados por las redes dentro del territorio y con las demás provincias y el Uruguay. Tal vez Bordet y Macri no conozcan en profundidad la vida interna de las entidades, más nuevas que los sindicatos, los partidos, los clubes, las universidades, pero con una vitalidad que asombra.

Las mujeres y los hombres estudian, intercambian conocimientos, discuten, se reúnen con frecuencia, reclaman, presentan proyectos, realizan marchas, se apoyan mutuamente.

En estos días, los entrerrianos se están enterando por los medios masivos de una poco feliz iniciativa que tiene en alerta a los defensores de los humedales y a los activistas contra la fractura hidráulica.

Famosos empresarios pretenden instalar al sur de Gualeguay una planta de hormigón, una planta de energía por biomasa, y una tercera planta para la extracción de arenas especiales.

Hasta ahí, una noticia más, si no fuera que los empresarios son los Gualtieri, de cuya fama no hablaremos acá; la energía será producida no con sobrantes sino con montes que se talarán en las islas, el lugar elegido es Puerto Ruiz (puerta de humedales), y las arenas serán usadas para... la fractura hidráulica. Así, sin medias tintas.

En los últimos encuentros sobre ambiente de la región, los entrerrianos han quedado en el centro de la escena por haber logrado que 37 municipios prohibieran el fracking, y por un proyecto que está a punto de convertirse en Ley en la provincia para prohibir esa práctica, principalmente en defensa de los acuíferos.

Entonces, el impulso para la extracción de volúmenes extraordinarios de arenas especiales en el río Gualeguay para fracking empuja a los entrerrianos a la hipocresía.

Los ecologistas sienten que les están mojando la oreja. Hace muchos años ya que nuestras comunidades conocen la expresión "licencia social", para grandes emprendimientos, y que estudian los derechos precautorios.

En Gualeguay tenían el proyecto muy oculto. Cuanto más leemos los expedientes más nos sorprende el avance, con conocimiento de los gobiernos, sin que se filtrara al pueblo. ¿Y la licencia social?

Lo gobiernos deben bregar por el arraigo y el trabajo. Y también por el ambiente sano. Deben ejercer un atributo que es la discrecionalidad, pero no caer en arbitrariedades.

Se habla de proyectos por más de 50 millones de dólares, de centenares de puestos de trabajo. ¿Quién de los lectores ha escuchado hablar del grupo AFAO, por caso? Asesores Financieros Andalucía Occidental –AFAO-, está constituido por empresas del grupo Gualtieri, entre ellas una que se llama Frontera SA. ¿Dónde está la información para que los entrerrianos conozcamos, y demos como consecuencia esa necesaria licencia social que tanto le reclamamos y con razón a los gobiernos uruguayos?

En el mismo instante en que encienden las protestas en la cuna de Juan L. Ortiz, proponen flexibilizar los negocios de la madera en una clara apertura hacia la multinacional UPM Botnia, para bronca de los vecinos de la cuna de Olegario Andrade.

Una pregunta: Macri y Bordet ¿no están jugando con fuego?