El lavado de dinero que no quieren investigar

“Corrección fiscal” es el moderno concepto que eligió el ministro de Economía Martín Guzmán para explicar lo que será el ajuste para pagarle al FMI. Más allá de que finalmente todo el pueblo terminará pagando un préstamo que los bancos fugaron del país, uno de los puntos del acuerdo pareciera espabilar al gobierno sobre aquel agujero negro que nadie quiere ver: “Para apuntar la reducción fiscal, se fortalecerá la administración tributaria para reducir la evasión y el lavado de dinero”, dijo Guzmán minutos después de anunciar el triste pacto con el Fondo. ¿Será que de una vez por todas dejarán de mirar para el costado? ¿Prestará atención el gobierno de Entre Ríos, así como los legisladores, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal a esta supuesta nueva política?

La gestión de Alberto Fernández ha sido un rotundo fracaso en materia de persecución del lavado de activos. De hecho, la Unidad de Información Financiera ha sido un mamarracho de internas entre albertistas y kirchneristas, con capítulos de actuaciones polémicas en causas sensibles como la de los Cuadernos de las Coimas.

A cualquier entrerriano le llama la atención que un vecino sin actividad laboral lícita conocida aparezca, de la noche a la mañana, manejando vehículos de alta gama; o las construcciones que se levantan por fideicomisos integrados por personas sin recursos; o las cientos de hectáreas de campos que compran con dólar cash en distintos departamentos de la provincia. Hace años que aquí venimos preguntando si hay alguien que pregunte o investigue estas transacciones y a esta altura la respuesta es sólo una: nadie.

Hubo dos hechos criminales ocurridos el año pasado en Paraná que bastaron como botón de muestra de la fabulosa circulación de dinero: el homicidio del joven contador Gonzalo Calleja, quien fue a vender dólares y el comprador, un joven vinculado al narcotráfico, lo raptó y lo asesinó; y el intento de homicidio del corredor inmobiliario Pablo Ferreyra en el Corralón Almafuerte, quien regresaba de venderle dos departamentos al camarista de Casación Hugo Perotti, con unos 40.000 dólares en una mochila.

Pasó más de medio año de aquellos episodios y ninguna agencia estatal se preocupó por investigar: ni de dónde obtenía Exequiel Morato el dinero para comprar miles dólares todas las semanas; ni cuál es el circuito de los negocios inmobiliarios, no sólo de Ferreyra, sino del empresariado de bienes raíces en general. Y ni hablemos de los comentarios acerca de los mexicanos y colombianos que se están quedando con miles de hectáreas en la provincia, sobre todo en los departamentos de la costa del río Uruguay.

Eso sí: no vaya usted a querer constituir un plazo fijo con el dinero de la venta de un auto, que encima pagó durante seis años, porque le pedirán hasta la prueba del polígrafo para averiguar el origen.

Ayer el fiscal de Rosario que investiga la banda Los Monos, Matías Edery, dijo que existe una estimación que un tercio de la economía de esa región santafesina está “en negro”, y esto va desde el mercado de drogas hasta el contrabando de soja, dinero que termina en fabulosas construcciones o en los bolsillos de sicarios. En la entrevista con Radio Con Vos (a propósito del triple crimen tras el casamiento narco en Rosario), el fiscal Edery aseguró que no cuentan con estructura para afrontar esta problemática, y que se debe crear y fortalecer una Unidad de Lavado de Activos para frenar el crimen organizado. Además, consideró, para que ese dinero se vuelque a la economía formal y tribute para invertir en escuelas y hospitales (no para pagarle al FMI).

Casi nadie en Entre Ríos se anima públicamente a decir lo mismo que Edery, aunque sé que hay quienes opinan igual. Sospecho que a pocos les interesa o, mejor dicho, a muchos les preocupa que se descubra por qué cuentas pasan las fortunas de los mercados delictivos.