Casitas de cartón

Quedar adjudicadas en un plan del Instituto Autárquico para la Vivienda (IAPV) es para muchas familias de clase trabajadora, la única posibilidad de llegar a tener un techo propio. Por eso resulta tan indignante que, luego de esperar tantos años la adjudicación, al recibir la llave de su nuevo hogar se encuentren con una casa llena de problemas. Desagües que no respetan pendientes, paredes fuera de plomo, aberturas vencidas, inconvenientes con conexiones eléctricas, techos que filtran agua de lluvia, revoques que caen por exceso de arena, patios que parecen piletas porque no cuentan con drenaje, puertas que chocan con pisos, piletas de lavar rajadas, son algunas de las fallas que enumeran los desesperados nuevos propietarios.

El notorio deterioro en la calidad de las viviendas del IAPV ya es inocultable. Con cada barrio que se entrega surge la queja de los adjudicatarios por las deficiencias constructivas, la mala calidad de los materiales y la pobre o nula infraestructura barrial.

Aunque con facilidades de pago, las cuotas suman un valor que las casas nunca tendrán. El diseño y las superficies de las unidades (algunas de 8 metros por 15) condenan a familias numerosas a vivir hacinadas. En las habitaciones apenas caben los muebles y los cielorrasos son tan bajos que se pueden tocar con la punta de los dedos. Las superficies cubiertas van disminuyendo conforme pasan los años. Basta comparar algunos barrios construidos décadas atrás y los actuales para dar cuenta del retroceso. Hay una certeza popular de que en las licitaciones ganadas por las empresas se cocinan negociados, que los inspectores hacen la vista gorda ante las fallas y firman los certificados de obra, vaya a saber con qué incentivos. Es indudable que los obreros que hacen estas viviendas, cuadrillas a la vez subcontratadas por las empresas que ganan las licitaciones, no están capacitados. A lo que habría que agregar que estas subcontrataciones se hacen a precios irrisorios por casa, lo que da empleo a mano de obra poco calificada. Esto, sumado al apuro del trabajo a destajo y la poca seriedad de las inspecciones deviene en precariedad constructiva y mayor ganancia para la contratista.

Después llega la inauguración del barrio, el corte de cintas, y las fotos de los funcionarios acariciando la cabeza de los niños. Una vez entregada la llave de la vivienda, lo que implica la conformidad del adjudicatario, hay solo seis meses de garantía para reclamar fallas. Pero no se necesita tanto para advertir el desastre. Con la primera lluvia el agua que debe ir a la calle queda en el patio y la que debe desaguar por la canaleta termina en el dormitorio; el pozo negro (cloacas son promesas) rebalsa cada 15 días y las puertas se traban porque no calcularon los centímetros entre carpeta y cerámicos. El propietario también se percata que hay olor a podrido porque no pusieron sifones en las instalaciones sanitarias, que las cañerías desafían la ley de gravedad y que los drenajes fueron tapados con bolsas o pastina; que los terrenos fueron nivelados tan mal que las casas quedaron enterradas respecto del nivel de la calle y otras tantas cosas tediosas de enumerar.

Bronca y frustración se acumulan cuando las respuestas de los funcionarios no llegan y los que tienen que hacer cumplir las garantías no atienden el teléfono. Hay una serie de mecanismos, previstos en los contratos de concesión de obra, como los seguros de caución y otras cláusulas legales como la responsabilidad por vicios ocultos, redhibitorios o la garantía de obra, que permiten al IAPV reclamar a los concesionarios por incumplimientos. Porqué el Estado no ejerce esa potestad es lo que no se entiende y lleva al ciudadano a desconfiar y a desalentarse de un sistema constructivo que ha sido desde su creación, en 1959, la solución por excelencia al problema habitacional en la provincia.