Botón antipánico, o la política del parche

Se trata de una de las herramientas especialmente pensadas para prevenir el flagelo de la violencia de género y proteger a las víctimas de su agresores, pero que como toda política pública su implementación estuvo condicionada a diversos factores. Así el reclamo nacido al calor del colectivo Ni una Menos estuvo presente en la agenda de la Legislatura entrerriana y de toda una sociedad preocupada por las mujeres que mueren por la violencia machista: el sistema de botón antipánico aparecía como eso, el nombre de una nueva tecnología para controlar que se cumplan las medidas de restricción impuestas a los varones violentos. El proyecto comenzó a tener tratamiento en la Legislatura recién en 2013, pero todas las buenas intenciones chocaban con la falta real de presupuesto del Estado en función de establecer un programa de protección, prevención y seguimiento, articulado con autoridades policiales, equipos interdisciplinarios y operadores judiciales de la Provincia. En su momento se había tomado como ejemplo el caso de Santa Fe, pero desde la discusión del proyecto de ley hasta su puesta en práctica pasaron al menos tres años. Legisladores de nuestra provincia también habían estudiado el caso de la localidad de Tigre, una de las pioneras en impulsar este paquete de políticas de la mano de Sergio Massa.

A fines de 2016, la Cámara de Diputados promulgó la ley que establecía el sistema de botón antipánico en la provincia, teniendo como autoridad de aplicación al Ministerio de Gobierno. Con el marco normativo vigente, se comenzaron a delinear estrategias y estudiar las diferentes alternativas desarrolladas en otras provincias, pero se terminó eligiendo el mecanismo que comenzaron a desarrollar en 2008 los funcionarios policiales José María Rosatelli y Mario Vitasse. Gualeguaychú fue la ciudad donde se instaló un servidor que recibe las alertas de las mujeres que se sienten amenazadas por sus parejas. Según datos proporcionados por la Jefatura Departamental de esa localidad, son 160 las mujeres las que ya cuentan con esta aplicación en sus teléfonos celulares luego de haber realizado la denuncia y teniendo la orden judicial que avala su funcionamiento. Las autoridades de esa jurisdicción sostienen que los resultados han sido satisfactorios, o por lo menos, aseguran, ello se refleja en que no se registraron víctimas ni personas agredidas por violencia de género o violencia familiar. Desde que se implementó, en 2015, hubo 11 personas detenidas, de acuerdo a lo que revelan las estadísticas.

Pero en definitiva resulta una acción moderada en el contexto de una provincia que se ubica como la sexta a nivel país con la mayor cantidad de femicidios en 2016. Paraná, al igual que otras ciudades, espera por la implementación de este sistema que había sido prometido con bombos y platillos en mayo de este año. Al parecer la burocracia, o mejor dicho la política del parche, sigue dejando desprotegidas a miles de mujeres asediadas por hombres que no reparan en leyes ni en órdenes de restricción, sino que ven en el otro/a a una mera propiedad. La simple decisión del Estado, que se empecina en tomarse más tiempo de la cuenta, puede salvar vidas de mujeres que piden a gritos ser escuchadas.