El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, fue designado vocal del Consejo Directivo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. Se trata de una designación con carácter ad honorem, mediante la que el funcionario entrerriano podrá participar en el proceso de licitación de la explotación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, y luego en el control de las empresas adjudicadas.
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Rodríguez Signes fue designado vocal en el Ente Nacional de Control y Gestión de la Hidrovía.
La designación de los integrantes del Consejo Directivo fue dispuesta mediante decreto 214 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La Hidrovía es el canal de navegación compuesto por los ríos Paraná, Paraguay y de la Plata, y es clave para el transporte fluvial de exportaciones e importaciones argentinas y de la región (Paraguay, Bolivia, Sur de Brasil).
Rodríguez Signes detalló que “hasta ahora la Hidrovía había sido administrada sólo por el gobierno nacional, mediante un contrato de concesión de obra pública por peaje. El sistema ha beneficiado al polo portuario oleaginoso e industrial de Rosario".
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En tanto, a partir de la creación del Ente, las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones "tendrán participación tanto en la elaboración de los pliegos del nuevo contrato de concesión, como en su administración y control", explicó el funcionario de la Provincia.
Para el fiscal de Estado, “a partir del nuevo contrato de concesión, Entre Ríos está en condiciones de convertirse en una plataforma logística para toda la región”.
Según el funcionario, ese objetivo puede lograrse a partir de la conexión a la red troncal de navegación de la Hidrovía de los puertos públicos provinciales, especialmente Diamante, Ibicuy y La Paz.
Para lograr ese objetivo de conectividad, "es fundamental participar de la elaboración de los pliegos y la administración del futuro contrato para federalizar la hidrovía y hacerla accesible a los puertos locales", añadió Rodríguez Signes.
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Hace casi un año, el 30 de abril de 2021, venció la concesión que durante 26 años estuvo en manos de las empresas belga Jan de Nul -a cargo del dragado- y argentina Emepa -a cargo del balizamiento.
En aquel momento el Gobierno la extendió primero por 90 días, hasta fines de julio, pero antes de cumplirse ese plazo, el presidente Alberto Fernández decidió dejar a la Hidrovía por 12 meses bajo control estatal a partir del 11 de setiembre. Le otorgó a la Administración General de Puertos la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización, tareas de dragado y redragado, más el correspondiente control hidrológico de la vía navegable troncal.
La AGP, a su vez, quedó facultada para realizar una "licitación corta" que vuelva a delegar en las empresas el dragado y balizamiento de la Hidrovía mientras se elaboraran los pliegos y se sustancie todo el proceso de licitación.
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