Hidrovía: hubo tres ofertas y aval de la ONU en la licitación internacional

El Gobierno nacional completó este viernes la apertura de sobres de la licitación pública internacional para privatizar la Vía Navegable Troncal y recibió tres ofertas de las principales dragadoras del mundo, con aval técnico de la ONU y respaldo multisectorial.

El proceso tiene como objetivo la modernización, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, también denominada Hidrovía, una ruta estratégica por la que circula el 80% del comercio exterior argentino y de países de la región.

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Las ofertas para la Hidrovía

Se presentaron tres propuestas correspondientes a las firmas Jan De Nul NV, DEME y DTA Engenharia, consideradas entre las principales empresas dragadoras a nivel global.

El pliego fue elaborado con el respaldo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), organismo que garantizó la transparencia del proceso y aseguró criterios de competitividad en la adjudicación.

La iniciativa contó con el apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario; la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC); la Cámara de Puertos Privados Comerciales; la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas; y los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires.

También respaldaron el proceso las Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Federación Agraria y organizaciones ambientalistas, entre otros representantes técnicos y productivos.

El proceso de licitación

La licitación se estructuró en tres sobres: el primero evalúa antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera; el segundo analiza el Plan de Trabajo con sistema de puntajes y el tercero pondera la oferta económica, con mayor peso para garantizar la tarifa más baja posible.

Tras el análisis de las propuestas, el Ejecutivo avanzará con la adjudicación y la firma de un contrato de concesión a 25 años, a riesgo empresarial y sin aval del Estado, con una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares.

El proyecto apunta a permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino.