Fumigaciones: enemigo invisible que acecha campos y ciudades

Daniel Caraffini/ De la Redacción de UNO
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El uso de agroquímicos y su impacto social y ambiental aún no medido debidamente constituye una grave problemática cada vez más presente en la realidad de campos y ciudades.

La alerta surge desde las poblaciones más directamente afectadas a las pulverizaciones, pero no halla aún respuestas desde las autoridades gubernamentales. Solo algunos municipios ensayan reacciones como imponer límites a las fumigaciones cerca de viviendas.

La creciente preocupación en los riesgos sobre la salud y el ambiente se sostiene sobre hechos concretos. Pero faltan estadísticas epidemiológicas serias, del mismo modo que estudios de impacto ambiental. De ese modo se podrían constatar los efectos no solo en personas directamente afectadas por el uso de químicos, sino las consecuencias por otras vías.

En definitiva, es la otra cara, invisible pero real, de consecuencias latentes y también imprevisibles, del modelo de desarrollo agrícola.

Durante la semana, los productores vitivinícolas entrerrianos denunciaron cuantiosas pérdidas de sus cultivos a causa de fumigaciones en campos linderos.

Al mismo tiempo, una incipiente resistencia social surge en pequeños poblados entrerrianos, que fruto de la lucha lograron sanciones de ordenanzas que limitan la aplicación de químicos sobre viviendas.

Esos movimientos, en la provincia abarcan también planteos formulados desde establecimientos escolares, en la costa del Uruguay. “Paren de fumigar escuelas”, es el reclamo cada vez más fuerte.

Mientras tanto, a nivel nacional no hay un marco normativo, en Entre Ríos se suceden los proyectos legislativos sin prosperar, y tampoco existen estudios de impacto ambiental, previos ni posteriores.

La Defensoría del Pueblo de la Nación elaboró este año un contundente informe que revela que “los agroquímicos tienen directa vinculación con la discapacidad”, y asevera, con tono crítico sobre la labor de diversos entes gubernamentales, que “las malformaciones, los padecimientos neurológicos y otras dolencias ligadas al uso indebido de agroquímicos son la vía hacia la discapacidad de niños, niñas, jóvenes o adultos”, y añade que “trabajos científicos (...) arrojan datos relacionados con malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos”.

Según el biólogo Raúl Montenegro, titular de la Fundación para la defensa del ambiente (Funam), la totalidad de la normativa sobre plaguicidas “solo protege a las personas de la exposición aguda o dosis letal (dosis letal 50), pero no de dosis bajas que también dañan la salud”, y añadió que “lo que debería prohibirse sin atenuantes es la pulverización aérea. Aplicar plaguicidas desde aviones es una aberración ambiental y sanitaria”.

El prestigioso profesional, profesor titular de Biología Evolutiva (de la Universidad Nacional de Córdoba), remarcó en diálogo con UNO que “en Argentina no se hace monitoreo ambiental continuo para detección de plaguicidas en los distintos lugares del país (y ambientes) ni tampoco monitoreo biológicos (en las propias personas y otros organismos) para su detección. Tampoco se han construido “rutas” por las cuales actúan esos plaguicidas y sus residuos. De allí que las personas estén expuestas continuamente a bajas dosis sin que sepamos la distribución, depósitos y rutas que actúan. Esto resulta patético. Estas bajas dosis pueden afectar el sistema hormonal y el sistema inmune (defensivo) generando un amplio espectro de efectos, y por lo tanto, morbilidad y mortalidad. Como en Argentina no hay seguimiento epidemiológico continuo por causas generales, no hay forma de evaluar los impactos actuales de los plaguicidas y sus residuos sobre la salud, ni tampoco la de otros contaminantes”.

Planteó que cada plaguicida es un cóctel químico “que además del principio activo tiene sustancias acompañantes, muchas veces tóxicas, que puede sufrir cambios químicos en el propio envase de fábrica antes de ser aplicados, generando a veces sustancias más tóxicas que el principio activo. Esto pasa por ejemplo con el insecticida fosforado Malathión”. Los productores suelen mezclar plaguicidas, formando nuevos cócteles.

Reseñó que los de uso actual son el glifosato o endosulfán, pero recordó que años anteriores se utilizaron otros hoy prohibidos, pero cuyos residuos siguen activos en el ambiente. “Las personas están por lo tanto expuestas no solamente a los plaguicidas recientes y sus residuos, sino también a los plaguicidas antiguos y sus residuos que proceden de estos depósitos”, acotó, y citó que los plaguicidas son aprobados por el Senasa (ubicado en Agricultura de la Nación) en base a datos proporcionados por las mismas empresas. “No hay controles independientes ni ensayos de comprobación. Tampoco hay procesos de revisión abiertos”.

—¿Hay legislación en municipios respecto de los metros de distancia de poblaciones, para fumigar? ¿Hay una cantidad de metros adecuada o cuál es la distancia mínima que se debe preservar?
—La mejor distancia es la mayor que pueda conseguirse. Lo que debería prohibirse sin atenuantes es la pulverización aérea. Aplicar plaguicidas desde aviones es una aberración ambiental y sanitaria. La ordenanza que rige en Ituzaingó (Buenos Aires) y de cuya redacción participamos, establece 2.500 metros para pulverización terrestre. En San Francisco, Córdoba 600 metros, y en Las Petacas (Santa Fe) 800 metros. En todos los casos, dentro de esta franja no se puede utilizar ningún tipo de plaguicida.

—¿Hay un vacío legal en la materia, en el país, que impida que haya un corpus normativo homogéneo ante esta problemática?
—Lo que existe es un vacío temático dentro de la normativa. Las normas nacionales y provinciales tienden a proteger a las personas de las dosis letales, pero no a proteger su salud de las bajas dosis. Y son precisamente las bajas dosis las que generan un impacto importante, masivo y sanitariamente impredecible. Pero además, los controles del Estado son ineficientes o directamente no existen. Las personas siguen expuestas mientras la mayoría de las autoridades considera que las operaciones de aplicación de plaguicidas se hacen bien y legalmente.

—¿Cuáles son las principales fuentes de impacto de las fumigaciones sobre las personas, de modo directo o indirecto?
—Las fuentes directas de plaguicidas y sus residuos provienen de la aplicación terrestre, aérea o mixta. Pero no es la única. Se generan depósitos que siguen actuando durante meses y años después que se aplicaron sobre algún cultivo. Hay fuentes abióticas (agua, suelo, sedimentos de ríos, sedimentos de tanques de agua, etc) y bióticas (alimentos contaminados, presencia de plaguicidas en el organismo de personas, etc.) que llegan por numerosas rutas a las personas expuestas. Los fenómenos de exposición son más graves en barrios y pueblos expuestos a las máquinas mosquito y avionetas aplicadoras, pero todas las personas terminan recibiendo plaguicidas aunque vivan en el centro de una ciudad grande. Los químicos también ingresan a través de los alimentos, y por transferencia de madres contaminadas a hijos, ello vía alimentación transplacentaria y lactancia materna.