Los cuatro empresarios de la construcción que están imputados en la causa de la Cumbre del Mercosur, recibieron el beneficio de la probation (suspensión del juicio a prueba) en la mañana de este viernes. Aceptaron pagar, entre todos, 10 millones de pesos que serán destinados a instituciones de Paraná y al Estado provincial, y de esta manera eludir un juicio y posible condena por los sobreprecios en obras para aquel evento. La funcionaria Alicia Benítez irá a juicio.
Empresarios pagarán por sobreprecios en Cumbre del Mercosur
Se trata de los dueños de las principales constructoras de la provincia: Miguel Marizza (Caballi SA), Néstor Iván Szczech (Szczech & Szczech SA), Daniel Hereñú (Organización Integral Constructora SA) y Rubén Grasso (Cemyc SRL).
Están imputados por el delito de Fraude a la administración pública. La causa instruida por los fiscales Juan Malvasio y Gonzalo Badano apuntó a los sobreprecios cobrados por las contratistas del Estado en bienes, obras y servicios que se realizaron para la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.
Según la Fiscalía, los montos acordados para la probation equipararían el perjuicio económico a la provincia.
Marizza, Szczech, Hereñú y Grasso pagarán 2 millones de pesos en concepto de reparación al Estado y 8 millones de pesos como norma de conducta. Estos 8 millones será repartidos: dos al hospital San Martín, dos al centro de salud Corrales, dos la Escuela Hogar, uno al hospital San Roque y uno a los Bomberos Voluntarios.
El Estado provincial podrá rechazar esos 2 millones, en caso de considerar que es poco dinero, y el tal caso iniciar acciones civiles contra los empresarios.
En total, son 2 millones de pesos cada uno como “norma de conducta” y 500.000 pesos cada uno como reparación a la provincia.
Alicia Benítez, titular de Vialidad provincial, no puede recibir la probation por ser funcionaria pública. Por esto, irá a juicio donde pedirán condenarla y ella a su vez defenderá su inocencia.
Cabe recordar que el padre de uno de los imputados, Néstor Szczech ( L&C Construcciones), también recibió la probation en otra causa por la cual también estaba imputado por sobreprecios en obra pública, en este caso en La Paz, por una obra de 20 cuadras de asfaltado en Santa Elena. Tanto este hombre como el apoderado de la empresa, Carlos Alberto Lescano, pagaron 800.000 pesos a dos entidades de bien público y se comprometieron a realizar 72 horas cada uno de talleres de capacitación.
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