El Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, a cargo de Karina Alonso Candis, resolvió este miércoles rechazar la medida cautelar solicitada por la ex presidenta Cristina Fernández para que se le restableciera el beneficio de la asignación mensual vitalicia que se le había otorgado como causahabiente del fallecido ex mandatario Néstor Kirchner.
Rechazan cautelar de Cristina Fernández para restablecer su asignación mensual vitalicia
El Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1 rechazó la cautelar de Cristina Fernández para restablecer su asignación mensual vitalicia.
5 de noviembre 2025 · 21:52hs
Rechazan cautelar de Cristina Fernández para restablecer su asignación mensual vitalicia.
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Sobre el rechazo de la cautelar
El beneficio había sido suspendido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que depende del Ministerio de Capital Humano y que le reclamará a la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ) que reintegre lo cobrado con anterioridad, cifra que se ubicaría en torno a los 1.000 millones de pesos.
En el marco de esta causa judicial, la ex mandataria venía reclamando la nulidad de las resoluciones que dieron de baja tanto su pensión como la que le correspondía por su propio mandato presidencial.
El planteo de Cristina Kirchner argumentaba que la demora en la resolución definitiva del proceso judicial podría afectar sus derechos a la seguridad social y su subsistencia y sostenía que la medida cautelar no resolvía el fondo del asunto, ya que existía una sentencia firme previa que le reconocía el beneficio.
La Anses, en su respuesta, había solicitado el rechazo de la medida cautelar, argumentando que el beneficio previsto en la ley 24.018 para presidentes, vicepresidentes y sus viudas es una asignación graciable, es decir, un reconocimiento excepcional que no depende de aportes previsionales, sino que se otorga como contraprestación al honor y buen desempeño en el cargo.
El organismo sostuvo que la medida cautelar pretendida se confundía con el objeto principal de la demanda y que no se verificaban los requisitos legales para suspender el acto administrativo cuestionado.