Manejo del Fuego: el Gobierno choca con el peronismo por el proyecto de un diputado entrerriano

El proyecto del Gobierno nacional de modificación de la ley del Manejo del Fuego originó una nueva pulseada con el peronismo, que se oponen a esa iniciativa incluida por la Casa Rosada en el paquete de medidas del Consejo de Mayo. El oficialismo quiere imponer la iniciativa del diputado entrerriano Beltrán Benedit.

Después del último encuentro del Consejo de Mayo de la semana pasada, el Gobierno anunció que entre las reformas que enviará al Congreso está la modificatoria de la Ley de Manejo del Fuego (26.815), impulsada en 2020 por el diputado nacional Máximo Kirchner.

“Se eliminará la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 o 60 años tras un incendio, avalada por una ley del diputado Máximo Kirchner, que atenta directamente contra la producción”, remarcó en esa oportunidad el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Adorni sostuvo que todas las reformas tienen por objetivo “poner nuevamente a Argentina en la senda del crecimiento” y en el desarrollo productivo del país.

Postura en contra del peronismo

La primera que salió al cruce de esa iniciativa fue la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, quien desestimó el planteo presentado por el Ejecutivo al sostener que la única actividad productiva que se “desincentiva” con la ley vigente “es la de prender fuego” como mecanismo para “expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario”.

“Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios son por actividad humana. Muchas veces, estas quemas son causadas de forma intencional por emprendimientos inmobiliarios para después hacerse de estas tierras a precios muy por debajo del valor de mercado”, explicó Villar en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

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Y añadió que “la ley de Fuegos de Máximo Kirchner fue pensada para evitar los incendios intencionales que se estaban llevando puestas miles de hectáreas de humedales, bosques nativos, hogares y vidas. Esta modificatoria no prohíbe la producción ni la venta de las tierras, sino que limita el cambio de uso del suelo por 30 o 60 años para evitar estas prácticas tan peligrosas para la vida y nuestros ecosistemas”, insistió.

“A esto se le suma que una ley ambiental no puede eliminarse porque rige el principio de no regresividad respaldado por el Acuerdo de Escazú, que prohíbe reducir la protección ambiental ya alcanzada, y por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a garantizar un ambiente sano y a fortalecer no debilitar las normas que lo protegen. Máximo advirtió hace unos años que lo que se venía eran las ‘tres flexibilizaciones’: la laboral, la impositiva y la ambiental. No será que lo que de verdad les interesa es seguir impulsando la entrega de nuestras tierras desmontando las normas que lo impiden?”, finalizó.

El proyecto oficial

Desde La Libertad Avanza, el bloque de diputados señaló que la normativa vigente representa un “avance sobre la propiedad privada y no resuelve el problema de los incendios”, por lo que propone nuevas miradas en un proyecto presentado por el diputado de Entre Ríos Beltrán Benedit.

Entre los argumento de los libertarios se encuentran la defensa de la propiedad privada y la ineficacia de la ley actual que no aborda las causas reales de los incendios, sino que “estigmatiza a los productores”, afirmaron.

Si bien la gestión de Javier Milei había comunicado la intención de derogar esta ley mediante un DNU, finalmente se decidió que la iniciativa avance por vía legislativa a través de un proyecto de ley.

El PRO, con disidencias

Por su parte, los diputados del PRO y los alineados al macrismo tienen una postura crítica hacia la modificatoria de la ley de Manejo del Fuego, basada fundamentalmente en la inconstitucionalidad y el avance sobre la propiedad privada.

Desde el bloque del PRO de la Cámara baja consideran que no se le puede prohibir al propietario del terreno “hacer otra cosa con su campo sin adivinar la intencionalidad del incendio”.

En sintonía con esta idea, y previamente a la decisión que tomó el Gobierno, en febrero de este año el PRO había presentado un proyecto de ley para agravar las penas a quienes generen incendios intencionales en áreas protegidas.

Ley de Manejo del Fuego tuvo como objetivo principal prohibir por plazos de 30 a 60 años los cambios en la utilización y destino de las tierras que fueran afectadas por incendios forestales o rurales, ya sean provocados o accidentales.

También busca evitar la especulación inmobiliaria o cambios de uso productivo (como de bosque nativo a agricultura o urbanización) en terrenos que pudieran ser incendiados intencionalmente con esos fines.