La Casa Rosada negocia con gobernadores por cajas jubilatorias

La Casa Rosada prepara para esta semana una ronda de reuniones con gobernadores para avanzar en los acuerdos por las cajas jubilatorias no transferidas y acercar posiciones en la previa de la negociación por la reforma política. El encargado de llevar adelante esas conversaciones será el ministro del Interior, Diego Santilli, que recibirá a algunos mandatarios en Balcarce 50 y visitará a otros en sus provincias.

El movimiento forma parte de una estrategia política más amplia del Gobierno para ordenar el vínculo con las provincias antes de abrir una nueva etapa de discusiones legislativas. En el oficialismo reconocen que la reforma política todavía no está cerrada y aseguran que el documento final será presentado el martes en la mesa política.

Según consignó TN, en el Ejecutivo sostienen que una parte central de la negociación con los gobernadores pasa hoy por el frente previsional. Hay 13 provincias que mantienen cajas jubilatorias propias y Nación dejó de girar en 2024 los anticipos automáticos, con el argumento de que primero debían completarse las auditorías técnicas de la ANSES para determinar el rojo a compensar.

Acuerdos con gobernadores

La situación ya no es la misma que a fines de 2025 y hay al menos seis provincias que cerraron convenios parciales o anticipos de financiamiento con Nación: Córdoba, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, Neuquén y Misiones. Mientras que Córdoba firmó en mayo de 2025 un principio de acuerdo por un flujo mensual de $5.000 millones mientras avanzan las auditorías, Entre Ríos acordó en octubre de 2025 anticipos por $48.000 millones y Chaco firmó en octubre de 2025 un esquema por $40.000 millones.

La Pampa selló además en diciembre de 2025 un convenio por $62.500 millones, Neuquén firmó en febrero de 2026 un anticipo de $48.000 millones en 12 cuotas y Misiones suscribió en marzo de 2026 un convenio para iniciar el cobro de parte de la deuda. Santa Fe aparece en ese esquema como uno de los casos centrales que el Gobierno quiere destrabar.

La provincia rechazó la oferta que le había hecho Nación por considerarla insuficiente y mantiene abierto el reclamo judicial ante la Corte Suprema, con el argumento de que no aceptará resignar fondos ni convalidar un corte del flujo mensual. En la gestión de Maximiliano Pullaro insisten además en que la deuda previsional es la principal condición para retomar un diálogo político más fluido con Nación.

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Córdoba también sigue ocupando un lugar sensible en la negociación, aunque con una dinámica distinta. Además del acuerdo original firmado con la ANSES en mayo de 2025, en los últimos días el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que los envíos mensuales pasarán de $5.000 millones a $10.000 millones a partir de mayo de 2026.

El punto técnico que miran en el Ejecutivo y en las provincias es el vencimiento de los plazos de auditoría. En el caso cordobés, el acuerdo firmado en 2025 fijó que durante ese período debían conciliarse las auditorías de los ejercicios 2019 a 2024, un proceso que distintos actores provinciales ubican con horizonte en el corto plazo. En la Casa Rosada aseguran que el resultado de esas revisiones será lo que defina el ritmo de los próximos convenios y la posibilidad de ampliar los anticipos.