La CAME le solicitó a Caputo una baja en las sanciones de la Ley de Inocencia Fiscal

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó un pedido formal al Gobierno para reducir las multas previstas en la recientemente aprobada ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de “preservar al entramado pyme federal y promover su desarrollo”.

A través de una carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, solicitaron que eleve el pedido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para concretar una “reducción porcentual de los importes”.

“Le acercamos una propuesta de reducción porcentual de los importes fijados para las multas previstas en los artículos 38, sin número, incorporado a continuación del artículo 38, artículo 39 y primero y segundo, sin número, incorporados a continuación del artículo 39 que contemple la capacidad económica de los contribuyentes”.

Este es el segundo pedido que realizan desde la organización PyME. El primero se lo enviaron el pasado 26 de diciembre, donde se refirieron al monto de las multas y su incidencia en la pequeña y mediana empresa.

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Qué cambios pidió CAME a la ley de Inocencia Fiscal

En detalle, el esquema que presentó CAME divide a los contribuyentes con sus respectivas disminuciones en las multas. De esta manera, el diseño quedaría con la siguiente distribución:

-Microempresa y persona humana (que no califique como “gran contribuyente individual”): 90%.

-Pequeña Empresa: 70%.

-Mediana Empresa Tramo I: 40%.

-Mediana Empresa Tramo II: 20%.

Cómo quedarían las multas

Según consigna Ámbito Financiero, el pedido de CAME se centra en los montos que se le cobraría al contribuyente en caso de no cumplir con lo dispuesto en la ley.

En particular, esos montos aumentaron hasta 1.100 veces respecto a los valores anteriores. Para las personas humanas, las multas escalan hasta los $5 millones aproximadamente, mientras que para las jurídicas es equivalente o superior a los $10 millones.

La Ley de Inocencia Fiscal introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”. Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).