Informaron que el exjuez Zaffaroni cobra $853.000 por mes de jubilación

Más de 800 exjueces federales o sus herederos perciben actualmente una jubilación o pensión especial por haber ocupado la magistratura. Esos beneficios rondan, en promedio, los $430.000 netos. Hay, en tanto, diez exministros de la Corte Suprema o familiares que registran asignaciones sensiblemente superiores: en promedio, unos $648.000 netos, gracias al régimen previsional especial que abarca a los tres poderes del Estado.

El régimen jubilatorio del Poder Judicial cuenta con 5674 beneficiarios: 4186 jubilados y 1488 pensionados. Así consta en datos de mayo de este año a los que accedió La Nación a partir de un pedido de información pública ante el Consejo de la Magistratura. Por mes, el Estado eroga $1667 millones en términos de asignaciones especiales para los exmagistrados o las pensiones de sus familiares.

Quien percibe en mano la jubilación más alta es el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. En mayo de este año recibió de la Anses $853.000 netos de acuerdo a la respuesta oficial. Es, por ofrecer una comparación, un 42% más que la pensión vitalicia que el organismo previsional le paga a Carlos Menem, quien, con $600.791 netos, es quien recibe el beneficio más importante de todos los expresidentes.

Detrás de Zaffaroni, de acuerdo a la información oficial, figuran el exjuez de la Corte entre 1983 y 2005, Augusto Belluscio ($832.000 netos), el exministro del máximo tribunal entre 1995 y 2004, Adolfo Vázquez ($812.000 netos); y su par entre 1994 y 2002, Gustavo Bossert ($773.000).

Esos son los únicos exjueces de la Corte que reciben este tipo de asignación, ya que en los otros seis casos se trata de pensiones de exministros del máximo tribunal fallecidos, beneficios que se ubican entre los $128.988 y los $700.000 netos mensuales. Corresponden a los herederos de Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Elías Gustavino, Gustavo López, Ricardo Colombres y Jorge Bacque.

De acuerdo a la Ley 24.018, que fija las asignaciones especiales para los tres poderes del Estado, los jueces de la Corte Suprema de Justicia adquieren el derecho a gozar de la jubilación especial cuando cumplen cuatro años en el ejercicio de sus funciones, a partir de los 65 años o al acreditar treinta años de antigüedad en servicio o 20 años de aportes. Estas asignaciones son móviles, vitalicias e inembargables.

Justicia federal

A partir de información solicitada al Consejo de la Magistratura, también se accedió al detalle de las jubilaciones que reciben exjueces de la Justicia federal, el fuero que el Gobierno pretende modificar a con el proyecto de la reforma que fue enviado al Congreso.

De la información correspondiente a mayo de 2020, surge que hay 14 exjueces de la Cámara de Casación (el mayor tribunal penal del país) que perciben entre $330.000 y $634.000 netos; 414 exmagistrados de Cámara (o sus herederos) cuyas asignaciones se ubican entre los $105.000 y los $837.000 netos y 378 exjueces de instrucción cuyas jubilaciones o pensiones en manos de familiares parten de los $67.000 y llegan hasta los $667.000, hechos los descuentos.

Los jueces federales jubilados con mayores haberes -siempre de acuerdo a los datos de mayo- son María Cristina Deluca Giacobini ($837.000), Jorge Esteban Argento ($777.000) y Nora María Cabrera de Monella ($732.000).

Alberto Fernández avanzó contra lo que llamó "jubilaciones de privilegio" del Poder Judicial pocos días después asumir, acorralado por las críticas que despertó la ley de emergencia económica, que congeló los haberes jubilatorios por 180 días, pero exceptuó a las jubilaciones especiales de la suspensión de la movilidad. El Gobierno envió un proyecto de ley que fue sancionado por el Senado en marzo, y que, entre otros cambios, fijó que los magistrados ya no cobrarán el 82% sobre la base del último sueldo en actividad, sino que ese porcentaje se computaría sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas.

Tras la sanción de la ley se jubilaron 15 jueces federales. Pero hubo 30 que se retiraron con el viejo régimen, en el lapso que transcurrió entre el anuncio presidencial de fines de diciembre de 2019 y la aprobación del nuevo sistema, en marzo.