Ley de Glaciares: cómo votaron los senadores entrerrianos

El Senado aprobó este jueves la reforma a la Ley de Glaciares (Ley 26.639) que modifica el regimen de protección de los ambientes glaciares y periglaciares que contienne una gran reserva de aguas dulces y habilita la explotación de hidrocarburos y megaminería en la zona.

Los senadores nacionales por la provincia de Entre Ríos fijaron sus posiciones en la votación nominal. El senador Joaquín Benegas Lynch, de La Libertad Avanza (LLA) votó afirmativamente a la reforma. En el mismo sentido se pronunció la senadora Romina Almeida (LLA).

Por su parte, el senador Adán Humberto Bahl, de Fuerza Entre Ríos, votó en contra del proyecto.

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Qué se aprobó

El régimen incorpora un sistema de categorías de impacto: actividades sin impacto significativo (A), impacto moderado mitigable (B) y actividades prohibidas por impacto no mitigable (C). La Agencia Federal de Glaciares y Alta Montaña (AFGAM), creada por la iniciativa, será la encargada de expedir la Certificación Técnica de Categoría, mientras que las provincias mantendrán la potestad de otorgar o denegar la licencia de operación en alta montaña.

El proyecto dispone además un Estándar de Oro Ambiental obligatorio que incluye monitoreo en tiempo real con sensores IoT, modelos predictivos de IA auditados, gestión de agua en circuito cerrado, trazabilidad blockchain de residuos y garantías financieras de remediación equivalentes al 80, 100 o 120% del costo total estimado según la escala del proyecto. También exige seguro ambiental internacional y reportes mensuales de desempeño ambiental de acceso público.

En materia de control, la iniciativa diseña un “Sistema de Semáforo Ambiental” con tres niveles de alerta y un mecanismo de Suspensión Preventiva Automática ante desviaciones significativas en los indicadores. La suspensión puede convertirse en definitiva si no se corrigen las fallas y puede derivar en revocación de la certificación y ejecución de garantías.

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La creación de la AFGAM constituye uno de los ejes estructurales del proyecto.

El organismo tendrá carácter federal, con representación de las provincias andinas, y será responsable de supervisar el cumplimiento del estándar ambiental, administrar la plataforma de transparencia en tiempo real y gestionar el fondo de remediación glaciológica.

El proyecto también prevé un esquema de participación ciudadana con audiencias públicas obligatorias y consulta previa a pueblos indígenas, además de un mecanismo de “Oposición Ciudadana Significativa” que puede suspender por un año la tramitación de una certificación técnica si reúne criterios cuantitativos estrictos.

La iniciativa agrega un Fondo de Desarrollo Local y Agua, financiado con el 5% de las utilidades netas de los proyectos autorizados, destinado a los municipios afectados, a infraestructura hídrica, a la transición productiva y a investigación glaciológica.

En los fundamentos, Pagano plantea que la Ley 26.639 generó un régimen prohibicionista que responde a un estadio tecnológico previo y que resultó en “parálisis regulatoria” sobre minerales estratégicos como litio y cobre. Sostiene que la nueva propuesta eleva los estándares ambientales, aporta seguridad jurídica y compatibiliza la protección de glaciares con el desarrollo sustentable y la soberanía sobre recursos de alta montaña. Asimismo, asegura que la iniciativa es “equivalente o superior” a los estándares de la OCDE, la Unión Europea y otros marcos ambientales internacionales.