Expropiación de YPF: la justicia de EEUU falló en contra de la Argentina

La justicia norteamericana volvió a fallar contra Argentina por la causa contra la expropiación de la petrolera YPF iniciada por el fondo de inversión inglés Burford, que exige una compensación por esta decisión tomada por el gobierno en 2012, cercana a los u$s 16 mil millones.

La jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito Sur de Manhattan en EEUU, emitió una orden en la cual avaló los argumentos presentados Burford y, en cambio, rechazó los pedidos presentados por los abogados de la Argentina.

Aunque la jueza no fijó una cifra, decidió que el esquema de compensación económica que propuso la querella era el adecuado. El estudio Burford, que cotiza en la Bolsa de Londres, es uno de los denominados fondos buitre por el tipo de operatoria que realiza. Habitualmente compra juicios, negocias con ellos y litigar durante años por los beneficios económicos.

En este caso le reclama a la Argentina por la estatización de YPF un resarcimiento de u$s 16.000 millones, mientras que el Estado argentino consideró que esa cifra es de u$s 5.000 millones.

Por otra parte, Preska en su escrito hizo una mención especial al ex ministro y hoy gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien tenía a su cargo la cartera económica durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando tuvo lugar la operación. “Kicillof declaró descaradamente que sería estúpido cumplir la ley de la propia YPF o respetar sus estatutos... Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser estúpido y cumplir los estatutos”, indicó la jueza en su sentencia.

A partir de esta resolución, las partes deberán negociar sobre la base del tope del reclamo.

Desde el gobierno indicaron que el fallo será apelado por la Procuración del Tesoro.

Vale recordar que Burford y Eton Park, los demandantes, señalan que 16 de abril de 2012 es la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación. Ese día se envió el proyecto de ley al Congreso de la Nación, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF.

El Estado argentino, en tanto, sostuvo que los daños económicos deben calcularse a partir del 7 de mayo de 2012 que es la fecha en que entró en vigor la ley.