El juicio político a la Corte empezó con fuertes cruces

En una reunión que se extendió por casi cuatro horas y atravesó momentos tensos, arrancó este jueves en la Cámara de Diputados el debate de los pedidos de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Ronsenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

En sus intervenciones, el Frente de Todos insistió en la defensa de la legalidad del proceso, desde lo constitucional y reglamentario, y planteó la agenda de trabajo que se llevará adelante. Mientras que Juntos por el Cambio encendió la mecha con discursos políticos en los que cargó contra el Gobierno y calificó de “circo” el debate. En algunos tramos las chicanas e interrupciones cruzadas se agudizaron, pero sin llegar a desbordar la reunión.

En el comienzo del encuentro la entrerriana Carolina Gaillard, presidenta de la comisión, repasó los 14 proyectos de resolución presentados y detalló la catarata de denuncias de delitos que contiene cada uno.

“Voy a garantizar que esta comisión se ajuste en su funcionamiento a lo que establece la Constitución Nacional, el reglamento de esta cámara y el reglamento interno específico de esta comisión”, aseguró la oficialista, y aclaró: “El juicio político no es un juicio penal. Nosotros como Cámara de Diputados no tenemos facultades jurisdiccionales como tiene la Justicia”, registró Parlamentario.

La diputada explicó que en la siguiente reunión, el 2 de febrero, van a recibir a los autores de los pedidos para que los expongan y el 9 de febrero se tratará el "informe de admisibilidad", que evalúa si hay sustento o no en las denuncias para avanzar y abrir la etapa sumaria. En esa próxima instancia se produce la prueba ofrecida en las denuncias y otra que la comisión establezca y sea útil para esclarecer los hechos que se están denunciando.

En caso que el informe de admisibilidad sea favorable (para lo cual el Frente de Todos tiene mayoría en la comisión), se deberá dictaminar la acusación o no de los jueces, que es lo que se votaría en el recinto oportunamente, donde, en cambio, el oficialismo no tiene votos suficientes para aprobar el juicio.

Gaillard subrayó que la causal de mal desempeño que se está denunciando en la mayoría de los proyectos “está prevista en la Constitución para apartar del cargo o de sus funciones a aquellos funcionarios que no estarían desempeñándose bien”.

El vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, pidió convocar como invitados a juristas y asociaciones de magistrados para discutir la admisibilidad de los pedidos de juicio político, porque “las últimas causales que han entrado de diciembre a enero son manifiestamente inadmisibles”

Desde el oficialismo, el presidente de la bancada, Germán Martínez, aclaró que “las invitaciones están reguladas en función de la etapa de prueba” y que “los invitados entran en una segunda etapa, una vez abierto el sumario”.

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Cruces

El primer cruce político llegó por parte del mendocino del PRO, Omar De Marchi: “Me niego a naturalizar que esta comisión forma parte de la agenda principal o importante de la Argentina, que hoy tiene otra agenda” y apuntó a Alberto Fernández, quien dio impulso al juicio político con apoyo de un grupo de gobernadores, que no incluyó al entrerriano Gustavo Bordet. El macrista sostuvo que “esta puesta en escena que nos ofrece hoy el presidente, este circo, tiene principalmente dos objetivos: no hablar de los problemas importantes del país e intervenir, con meterse, con manipular la agenda judicial”.

Martínez, titular del oficialismo, respondió: “no venimos a montar ningún circo sino a plantear un camino previsto en la Constitución Nacional, a hacer lo que la Constitución dice que podemos hacer”.

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López, desde la CC, cuestionó que el presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner “intentaron incumplir” dos fallos desfavorables de la Corte Suprema, en relación al Consejo de la Magistratura y la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, “En tres años, (la Corte) solo les saca dos fallos adversos y prudentes, yo no sé qué quieren. Quieren el sometimiento total del Poder Judicial a su voluntad”.

Desde el Interbloque Federal, Alejandro Rodríguez, pidió “respetar el criterio, la inteligencia y la posición política de cada uno” y manifestó que este juicio político se enmarca en “una embestida que tiene como objetivo paralizar la Justicia”, además de contextualizarse en “el lanzamiento de la campaña de Alberto Fernández”.

Por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman dijo que “obviamente esto tiene muchísimo de montaje electoral, les conviene a todos esta discusión en lugar de estar debatiendo los grandes problemas económicos”, aunque remarcó que “hay grandes motivos para cuestionar a esta Corte”.

El kirchnerista Leopoldo Moreau aclaró que “el juicio no se hace a la Corte, sino a los miembros” y adVirtió que el máximo tribunal “se ha ido achicando en números y desde el punto de vista de su prestigio jurídico intelectual”.

El legislador porteño fustigó que “esta no es la Corte de todos los argentinos, esta Corte tiene dueño y son los 500 empresarios que han obtenido fallos favorables y los medios hegemónicos. Hay que erradicar del país la mafia del Poder Judicial”, disparó.

Entre las causales de mal desempeño de la Corte Suprema en los distintos proyectos están los sobre la Ley del Consejo de la Magistratura, sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, irregularidades en la obra social del Poder Judicial, el 2×1 de 2017 en favor de genocidas condenados y el escándalo del viaje a Lago Escondido de jueces federales, exespías, funcionarios porteños y empresarios de medios.

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