El juez federal Sebastián Casanello ordenó esta madrugada 15 allanamientos en el marco de una causa por supuestos pedidos de coimas a laboratorios que involucra a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que sería abogado del presidente Javier Milei.
Coimas: allanan Andis y domicilios ligados a Diego Spagnuolo
La Justicia allanó la ANDIS y domicilios ligados al exfuncionario y abogado de Javier Milei, Diego Spagnuolo, por presunto pedido de coimas
22 de agosto 2025 · 11:19hs
La Justicia allanó la ANDIS y domicilios ligados al exfuncionario y abogado de Javier Milei, Diego Spagnuolo, por presunto pedido de coimas
La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, quien está presente en los procedimientos, cobró impulso tras la difusión de audios que comprometen a Spagnuolo y al director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbinelli. En esos registros también se menciona a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, asesor presidencial y hombre clave en el armado político del oficialismo.
Los allanamientos alcanzaron la sede de la ANDIS, la Droguería Suizo Argentina y una docena de domicilios particulares vinculados a los imputados, entre ellos tres pertenecientes a integrantes de la familia Kovalivker, propietaria de la firma farmacéutica.
Durante los operativos, que fueron realizados por fuerzas federales, se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación e información relevante para la causa. No obstante, quedó pendiente la requisa de los teléfonos celulares, ya que Spagnuolo no fue localizado en su domicilio al momento del allanamiento.
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Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que rige el secreto de Sumario, que se habrían encontrado sobres con dólares en el auto de un directivo de la citada droguería suizo argentina y que buscan a Spagnuolo, pero que no hay un pedido de detención para nadie, por el momento.
La primera denuncia contra Spagnuolo y la droguería data de hace un año, aunque cobró fuerza tras el cambio de gobierno. La Justicia investiga si existió un entramado de pedidos de retorno a cambio de la habilitación de compras o contrataciones por parte del Estado
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