El presidente Alberto Fernández informó este lunes que instruyó al Ministerio de Justicia para que solicite ante el Ministerio Público Fiscal que "se investigue penalmente" el intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión Cambiemos, filtrados este fin de semana. En el chat, los protagonistas organizan la forma de ocultar las circunstancias de un viaje que compartieron en octubre a Lago Escondido, la propiedad del empresario estadounidense Joe Lewis.
Alberto Fernández pidió que se "investigue penalmente" el escándalo de los chats
El mandatario, en cadena nacional, subrayó también que pedirá que se inicie un sumario ante la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura sobre los magistrados involucrados.
En un mensaje para referirse al hecho revelado este domingo por el diario Tiempo Argentino y el portal El Cohete a la Luna, el jefe de Estado sostuvo que el caso deja "expuesto el modo en que ciertas corporaciones operan" sobre sectores de la política y de la justicia.
"He sido contundente. Es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido", expresó el jefe de Estado y consideró que los hechos "lastiman a la democracia" porque se trata de un acto de "promiscuidad antirrepublicana, con la que se mueven algunos empresarios, jueces y exfuncionarios" y de un "perverso juego de cohecho".
En esa línea, Fernández evaluó que con este episodio "quedó expuesto una vez más el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios".
"Por primera vez queda expuesta el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que en muchos casos buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan", declaró el jefe de Estado.
"No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes", subrayó el mandatario.
Luego señaló que "ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del 'grupo Operación Página 12' (como se denominaron los partícipes del viaje) se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes"
Y agregó: "He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido".
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"Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes", fustigó y evaluó que "es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas".
"Convencido de que debemos decir 'Nunca Más' a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto: instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento", anticipó.
Indicó además que instruyó al representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura (Gerónimo Ustarroz) para que solicite la "apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales", además de indicarle al bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que "evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados".
El Presidente también solicitó al Congreso de la Nación que "avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación".
El chat
La revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis abrió un escándalo sobre la presunta recepción de "dádivas" por parte de magistrados y funcionarios.
La conducta de los implicados quedó expuesta este domingo en base a una filtración realizada por un hacker a una línea de celular. Así, accedieron al intercambio de mensajes de audio de Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea- y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.
Otros dos involucrados en la filtración son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de los mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.
En los mensajes que se cruzaron por Telegram muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py.
En otros audios queda a la vista cómo jueces, fiscales y directivos de Clarín comparten ideas para fijar una coartada que parezca creíble -proponen y desechan la versión de que habían llegado a Bariloche para un viaje de pesca con "mosca", al no ser temporada-, y además aceptan adulterar pruebas al proponer comprar recibos o facturas antedatados para argüir que los pasajes en avión y la estadía en la estancia no eran regalos.
En los mensajes de voz figuran amenazas hacia el titular de la PSA, José Glinski, a quien el ministro porteño D'Alessandro dice que meterá preso si Juntos por el Cambio llega a la Presidencia ("Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida"); también hay cuestionamientos con palabras insultantes hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y promesas de ejercer violencia física sobre los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, ambos del FdT, en este caso realizados por el titular de la sala II de Casación, Carlos Mahiques, aficionado al boxeo.