Centro de investigación de EE.UU. desmiente denuncia de fraude de OEA

“Declarar es muy fácil, probar y comprobar es lo difícil”, fue la frase con que Fernando del Rincón, periodista de CNN, abrió su programa destinado a hablar del “fraude” en las elecciones bolivianas. Pese a todos sus esfuerzos, él tampoco lo logró. Declaró mucho y probó poco y nada. Algo parecido le pasó a la Organización de Estados Americanos (OEA). Dedicada desde la noche misma de las elecciones a darle argumentos a la oposición golpista, sembrando sospechas sobre el recuento de votos y hablando de “un inexplicable cambio de tendencia”, se cuidó sin embargo de utilizar la palabra “fraude” , que no figuró en ninguna de sus declaraciones.

El único que rompió la consigna fue nada menos que el secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro, expulsado del Frente Amplio por impulsar la intervención militar en Venezuela, quien aseguró en la sesión extraordinaria de la OEA que “en Bolivia hubo un golpe de Estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral”. Más allá del uso de la palabra “fraude”, los documentos de la OEA fueron la columna vertebral sobre la que se construyó el relato que habilitó el golpe de estado en Bolivia. La validez de sus conclusiones quedó severamente cuestionada cuando el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) dio a conocer su trabajo ¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019? El papel de la Misión de Observación Electoral de la OEA, demuele las apresuradas conclusiones del documento apadrinado por Almagro. El CEPR es un prestigioso centro de investigación con base en Washington, fundado por los economistas Dean Baker y Mark Weisbrot. Su Junta Consultiva incluye a dos premios Nobel de Economía como Robert Solow y Joseph Stiglitz.

Todo el relato de la OEA se basó en la interrupción por casi 24 horas del escrutinio provisorio (llamado Transmisión de los Resultados Electorales Preliminares, TREP) cuando ya estaban cargadas el 83,85% de las actas. El sistema electoral boliviano prevé que será declarado ganador el candidato que supere el 50% de los votos o el que, con más del 40%, aventaje por 10 puntos a su inmediato competidor. Cuando el conteo rápido fue interrumpido, Evo Morales había pasado el 45,7% del total y le llevaba 7,87% a Carlos Mesa, el otro candidato con aspiraciones.

Cuando se retomó el conteo rápido y se llegó al 95,63% de las actas, el resultado fue del 46,86% para el presidente y el 36,32% para el opositor, con más de 10 puntos de diferencia. Finalmente, en el escrutinio oficial, el oficialismo llegó al 47,08%, un 10,5% por encima de Mesa. En otras palabras, Evo había sido reelegido sin necesidad de recurrir a un balotaje.

El principal argumento de la OEA para reclamar que se repitan las elecciones fue “el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares (del conteo rápido)”. Sin embargo, sostiene el informe del CEPR, “la misión no proporcionó evidencia sustentando estas declaraciones que sugieren que el conteo rápido podría ser incorrecto o ‘difícil de explicar’”.

Los investigadores del Centro estadunidense muestran que la mayor parte de los señalamientos de la OEA se hacen sobre el escrutinio provisorio y no sobre el oficial, que se inició poco después y no se interrumpió en ningún momento. El conteo rápido se realiza en base a fotografías de las actas y su única función es responder a la ansiedad de los medios y la población con resultados creíbles a pocas horas de terminada la votación. (Dicho sea de paso, la propia OEA recomendó que se haga.) Pero esos resultados no tienen ningún valor legal.

En Bolivia, el único cómputo vinculante es el oficial, confeccionado por los Tribunales Electorales en base a las actas verdaderas. Eso explica por qué, en la noche de las elecciones, grupos coordinados de opositores atacaron, y en varios casos incendiaron, algunos de los locales donde se llevaba a cabo el recuento oficial, obligando a trasladar el lugar de trabajo de las autoridades electorales. Esas “mudanzas” serían utilizadas después por la OEA para cuestionar el funcionamiento del escrutinio.

El estudio de CEPR muestra también que, contrariamente a lo sugerido por la oposición, los dos escrutinios confluyeron en un resultado muy similar. “Al final, el conteo oficial, que es legalmente vinculante y completamente transparente, coincidió estrechamente con los resultados del conteo rápido”, explicó Guillaume Long, uno de los investigadores.

Lo que explica el “cambio de tendencia” que tanto preocupó a la OEA no es otra cosa que el fuerte contraste entre el voto ciudadano y el voto rural. Las preferencias en los centros urbanos, donde crece la participación de los sectores medios y altos, es menos favorable a Evo Morales que en los territorios campesinos, el área pobre de la que él mismo proviene. Lógicamente, las actas de las urnas ciudadanas llegan a los centros electorales antes de las que provienen de los apartados sectores rurales. De allí surge la consistencia de la tendencia proyectada desde el comienzo mismo del conteo, que muestra la paulatina y permanente ampliación de la diferencia entre Morales y Mesa, hasta llegar al 10,5% final.

No conformes con esas proyecciones, los expertos del CEPR realizaron más de 500 simulaciones en base a los resultados informados con el 83,85% de las actas, cuando se interrumpió el conteo rápido, y concluyeron que el triunfo de Evo Morales por más de 10 puntos no sólo era posible sino altamente probable. Del fraude a la inconstitucionalidad. Todos estos datos explican por qué poco a poco se fue abandonando el argumento del “fraude” en el escrutinio de los votos, para resucitar con más fuerza la “inconstitucionalidad” de la participación del presidente aymara en las elecciones.