Airaldi ante el Tribunal: "Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien"

El principal imputado en el juicio por narcotráfico que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, Leonardo Airaldi, declaró este martes en una audiencia marcada por un fuerte operativo de seguridad y una alta expectativa. Señalado como presunto líder, proveedor y financista de una organización narcocriminal, el acusado fue trasladado desde el penal de Ezeiza bajo estricta custodia.

Desde su ingreso a la sala, el extitular de la Sociedad Rural de Diamante fue escoltado por efectivos del Grupo Especial de Intervención (GEI) del Servicio Penitenciario Federal, que lo acompañaron de cerca durante toda la jornada. El operativo fue visible y constante. Aun así, el imputado se mostró tranquilo, sentado junto a la custodia, tomando notas en hojas de papel durante distintos tramos de la audiencia. A su lado permanecieron los otros ocho acusados, a quienes la fiscalía atribuye distintos roles dentro de la estructura investigada, pudo observar UNO, presente en la audiencia.

Su declaración y su historia personal

Al momento de brindar sus datos personales a los jueces Noemí Berros (presidenta), Emilce Rojas y José María Escobar Cello, Airaldi aprovechó para relatar parte de su historia de vida y su recorrido familiar. Contó que cursó estudios de Ciencias Económicas y Abogacía en la UADE y la UCA, respectivamente, aunque no los finalizó ya que se ocupó de las empresas familiares tras la muerte de su padre.

“Soy quinta generación de la familia Airaldi. Los Airaldi llegaron en 1770 desde Italia. Cuando falleció mi padre, con mi mamá empezamos a trabajar en conjunto. Empecé a venir a Entre Ríos y dejé de estudiar”, explicó. También detalló la conformación de distintas empresas familiares, entre ellas Sucesores de Víctor Airaldi SA, y mencionó que actualmente el grupo cuenta con seis firmas, incluyendo emprendimientos como Los Hermanitos, El Mirador y El Pillo SA, esta última radicada en Buenos Aires.

En un tramo de las consultas de la jueza Noemí Berro, presidenta del TOF, aseguró que percibe aproximadamente 50 millones de pesos anuales.

—Es decir unos cuatro millones cien mil pesos por mes. Pensé que era bastante más. Bueno, me parece que debe ser un poco más —dijo la magistrada, no muy convencida con la respuesta del imputado.

Más adelante, cuando se le consultó por antecedentes penales, Airaldi mencionó que firmó un juicio abreviado en septiembre de 2022 en la Justicia de Rosario por la tenencia de un arma de guerra. Fue condenado a tres años de prisión condicional.

“Jamás se me ocurriría sacarle la vida a alguien”

En uno de los momentos más sensibles de su declaración, Airaldi se dirigió directamente al fiscal José Ignacio Candioti para rechazar cualquier acusación de amenazas y expresar su solidaridad. “Aprovecho para solidarizarme con el fiscal Candioti. En ningún momento se me ocurrió hacer una amenaza a él o a otra persona. Lo que más amo es la vida y jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a nadie”, afirmó.

Cabe recordar que el narco Daniel 'Tavi' Celis acusó al ruralista de planear matar al fiscal, al juez federal Leandro Ríos y al ministro de Seguridad Néstor Roncaglia. Ambos estaban detenidos en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. A raíz de esa declaración, Celis fue reubicado en la Unidad Penal de Paraná, para proteger su integridad física; y Airaldi trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza.

La acusación es impulsada por el fiscal José Ignacio Candioti y el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy. Esta vez, los funcionarios de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias y Martín Uriona, siguieron el juicio por Zoom.

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El resto de los imputados

Tras la exposición de Airaldi, fue el turno de los demás acusados, quienes brindaron información sobre sus datos personales y ocupaciones:

- Sebastián Armozida, de 42 años, dijo ser empleado del Hospital de Diamante en el área de almacenamiento.

- Roberto Fabián Coronel, de 52, indicó ser sargento de policía de Entre Ríos con más de dos décadas de servicio y haber trabajado en una estancia vinculada a Airaldi.

- Juan Erbes, titular del bar Mandela de Diamante, relató su actividad entre 2019 y marzo de 2024, además de pasos por la Municipalidad y la Cámara de Diputados.

-María Soledad Touzet, de 46 años, participó por Zoom y señaló que trabajó en una oficina de Airaldi en calle Mitre, en Diamante.

- Joel Schonfeld, de 43, contó que se desempeñó en el Hospital Colonia de Salud Mental y reconoció problemas de consumo de cocaína.

-Gonzalo Olivero, de 50, aseguró ser empleado del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe desde 2018 y negó ser suboficial policial, como figura en el expediente.

-Cristian Sánchez, de 33, indicó que trabajaba como delivery y en comedo

res escolares, además de haber tenido tareas en el corralón municipal y obras sanitarias de Diamante.

-Marino Martínez, de 37, dijo ser técnico radiólogo y desempeñarse parcialmente en un instituto médico privado, entre otras ocupaciones.

Restricción a la prensa

La defensa de Airaldi, representada por la abogada Mariana Barbitta, solicitó al Tribunal que la prensa no estuviera presente durante su declaración, al considerar que su difusión podría afectar el proceso y a posibles testigos. El pedido fue parcialmente aceptado por la jueza Noemí Berros, quien dispuso restringir ese tramo específico del juicio. La audiencia continuará en los próximos días, en un proceso que busca determinar las responsabilidades dentro de la presunta organización narcocriminal.

Planteos defensivos

Al inicio de la audiencia, la jueza Berros dio lectura a la resolución sobre los planteos defensivos. En primer lugar, declaró inadmisible el pedido de apartamiento de la Procunar formulado por la defensa de Airalid. Luego difirió el tratamiento de la nulidad de la causa de 2019. Este punto se resolverá en la sentencia. También rechazó el planteo de nulidad contra la acumulación de las causas abiertas en 2019 (en Paraná) y 2022 (en Santa Fe). Además, difirió la decisión sobre exclusión probatoria para la sentencia. Se trata del punto donde se cuestionan los allanamientos y escuchas telefónicas. También desestimó un pedido de un acusados en cuanto a que su delito era de narcomenudeo y debía ser remitido a la Justicia Provincial.