El gobierno presentó un programa de desendeudamiento para trabajadores y pasivos de la administración pública

El Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos fue presentado este lunes por el Gobierno de Entre Ríos junto al Banco de Entre Ríos con el objetivo de aliviar la carga financiera de trabajadores estatales, privados y jubilados provinciales mediante la refinanciación de deudas con tasas más bajas y plazos extendidos. La iniciativa ofrecerá una tasa fija del 60% TNA, hasta 60 cuotas y un período de gracia de dos meses sin pago.

Desde los próximos días

El ministro de Hacienda de la provincia, Fabián Boleas, anunció este lunes un programa de desendeudamiento para trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial, que se gestionó con el Banco de Entre Ríos S.A. como agente financiero, y que “estará vigente en los próximos días”. Según especificó, será con una tasa del 60%, un periodo de gracia de dos meses, y en hasta 60 cuotas.

En ese marco, Boleas informó detalles del plan para mejorar la situación de los trabajadores estatales que se gestionará con el Banco de Entre Ríos, como agente financiera de la provincia. Sostuvo que se trata de “una gestión que ha venido llevando adelante el gobierno de la provincia de Entre Ríos, frente a su agente financiero, con el objetivo de modificar el perfil financiero que puedan tener los empleados, tanto públicos como privados, como así también los jubilados provinciales”.

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“Esto tiene que ver con la evaluación que nosotros hacemos del mercado financiero, que ha venido teniendo un descenso de las tasas de interés, que cuando se trata de créditos personales, la tasa se estipula con la característica de que es fija. Entonces un crédito personal, si yo lo tomé el año pasado, lo tomé a una determinada tasa, y esta gestión que llevamos adelante frente al agente financiero va a permitir, en algunos casos, más que reducir a la mitad esa tasa de interés. Claramente eso genera un alivio en el valor de las cuotas que pagan los empleados por mes y por supuesto que ese dinero que se libera, que antes estaba destinado al pago de la cuota de un préstamo, vuelve al consumo, y por supuesto que revitalizando o mejorando la performance de la economía local”, definió.

El funcionario aclaró que “desde el gobierno de la provincia lo venimos planteando como un programa que alcance también a los empleados del sector privado, porque claramente estamos convencidos desde el gobierno de la provincia tiene que estar dirigido a todos los asalariados”.

Para activos y pasivos

Sobre el programa explicitó que “será para activos y pasivos” sin importar el nivel de la situación bancaria que tengan. “Si lo explicamos con un ejemplo, supongamos que el año pasado yo tomé un préstamo personal a una tasa del 120% o el 130%, este programa lo que va a permitir es poder refinanciar esa deuda con una tasa que en este momento andará en el 60% aproximadamente, lo que permite bajar a la mitad –o inclusive más de la mitad- de la tasa de interés que hoy estoy pagando”, ejemplificó.

Respecto de la puesta en marcha del sistema, anunció que “se están ajustando las cuestiones operativas con el banco, así que en los próximos días estará vigente” y aseguró que “es sin costo fiscal para la provincia”. “Hoy casualmente salieron publicaciones en donde se hablaba de cómo verían aliviada su situación aquellas personas o asalariados que tienen deuda y en más del 30% una de las condiciones era que el alivio vendría ante una baja de la tasa de interés, y es esto lo que hemos pedido. La expresión correcta no sería una reducción de la tasa de interés, porque lo que estamos haciendo es un programa que se refinancien pasivos a una determinada tasa que ronda el 60%. Y además lo que hemos solicitado es un periodo de gracia de dos meses, que también lo van a tener y con hasta 60 cuotas”, ahondó.

Consultado respecto de la existencia de datos de morosidad que justifiquen este programa, el ministro señaló: “A esto lo estamos haciendo porque creemos que toda la economía tiene que ir moviéndose en función de lo que está sucediendo a nivel macroeconómico. Así como en la provincia, nosotros hemos sido claros en la cuestión de la necesidad de refinanciar la deuda de la provincia, lo mismo no escapa a la realidad de los empresarios, de los empleados y demás. Entonces, con esto en lo que se van a ver beneficiados los asalariados es que van a poder ajustar a condiciones de mercado que son más favorables, tanto la tasa como el plazo”.

Aclaró asimismo que “será para refinanciar deudas por créditos tomados con entidades financieras, ya sea bancos, financieras, mutuales” y adelantó que “en línea con lo que hace el gobierno de la provincia en esto de la digitalización, de la trazabilidad y de generarle la menor cantidad de inconvenientes tanto a los contribuyentes como a los beneficiarios de programas, estamos pensando en un programa que sea absolutamente digital, seguramente va a ser en contacto obviamente con el banco, con nuestro agente financiero, y lo más simple y rápido posible para que lo puedan implementar ni bien esté disponible”. Por último, explicitó que “las condiciones van a variar en función de cada uno de los deudores, tendrá que ver con las condiciones individuales de cada uno, con el nivel de salario, etc”.

Más resoluciones judiciales encienden el alerta en Entre Ríos

En sus ediciones digital e impresa del 24 de abril de 2026, UNO publicó un informe titulado Quiebra de trabajadores: más resoluciones judiciales encienden el alerta en Entre Ríos en el que daba cuenta de la situación de los trabajadores hoy: La crisis económica que atraviesa la Argentina tiene su reflejo directo en los tribunales de Entre Ríos. Allí, en expedientes que hasta hace poco eran excepcionales, comienza a consolidarse una tendencia preocupante: trabajadores formales, con empleo estable en el Estado, que terminan solicitando su propia quiebra. El fenómeno -que se refleja en sentencias y el Boletín Oficial entrerriano- expone con crudeza un dato estructural: el salario dejó de ser garantía de subsistencia y, en muchos casos, ni siquiera alcanza para sostener el pago de deudas básicas. El deterioro no es aislado. Más de dos millones de créditos ingresaron en situación de atraso en el país, con fuerte peso de tarjetas, fintech y entidades no bancarias. El endeudamiento ya no responde a la compra de bienes durables, sino a gastos corrientes: alimentos, medicamentos, alquiler. En ese contexto, la morosidad crece y empuja a sectores medios y trabajadores estatales a un escenario límite. La publicación daba cuenta de casos particulares con matices propios que comparten un denominador común: el desfasaje entre ingresos y deudas. La combinación de salarios congelados, inflación persistente y acceso fácil al crédito —muchas veces a tasas elevadas— configura una trampa difícil de eludir. Cuando el ingreso formal queda absorbido por descuentos automáticos, el margen de maniobra desaparece y la quiebra personal deja de ser una excepción para convertirse en una salida inevitable. En los tribunales entrerrianos, esta tendencia comienza a consolidarse como un síntoma más de una crisis que ya no distingue sectores.