Los fondos buitres pidieron este martes a la Justicia de Nueva York que rechace el pedido que hizo el país para que se suspenda el pago con el fin de iniciar negociaciones.
Los fondos buitres pidieron a Griesa que rechace el pedido de suspender el pago
El abogado de NML pidió el rechazo de la solicitud argentina porque considera que, si se le concede más tiempo, Argentina trataría de evadir la orden judicial.
24 de junio 2014 · 17:38hs
El gobierno argentino pidió la víspera al juez Thomas Griesa que suspenda la sentencia que obliga al país a pagar a los fondos con el argumento de que es "esencial" para seguir abonando normalmente el 30 de junio a los bonistas que, en canjes de 2005 y 2010, aceptaron títulos de menor valor que los declarados en cese de pagos en 2001. Al respecto, Argentina señaló que dicha suspensión le permitiría "entablar conversaciones con los demandantes en un plazo de tiempo razonable para este tipo de negociaciones" y evitar así un default.
Sin embargo, Robert Cohen, abogado de NML Capital Ltd y otros fondos buitres litigantes, dijo en un escrito dirigido a Griesa a que si se le concede más tiempo Argentina, el país tratará de evadir la orden judicial.
En ese sentido, los demandantes indicaron que aunque Argentina sostiene que una suspensión de la sentencia que ha sido respaldada por la Corte Suprema de Justicia estadounidense facilitaría las negociaciones, en realidad ocurriría "lo contrario".
Además afirmaron que si Argentina paga el lunes a los bonistas reestructurados no tendrá problemas para resolver el resto de sus deudas con los demás tenedores de bonos durante un posterior período de gracia de 30 días.
"Si Argentina es seria acerca de querer negociar una resolución, no hay razones por las que las negociaciones no podrían estar concluidas antes del 30 de julio que, debido a un periodo de gracia de 30 días, es la fecha efectiva para cumplir con el pago de los bonos reestructurados que están programados para el 30 de junio", señaló el escrito.
Agregó que cinco semanas "es más que tiempo suficiente" para negociar una solución.
Según los litigantes, la suspensión serviría para que Argentina cuente con más tiempo para evadir sus responsabilidades y removería todas las presiones para que el país cumpla con la sentencia o negocie "soluciones razonables", informó la agencia AP.
Para los demandantes, lo adeudado ha aumentado a 1.650 millones de dólares sumando los intereses.
"No es casualidad que el primer intento de arreglo de Argentina en más de una década se produzca sólo cuando enfrenta un plazo realista", afirmaron.
Asimismo lamentaron que a sólo seis días del 30 de junio, "las autoridades de Argentina todavía no han tomado ningún contacto con los acreedores principales y ni siquiera han tomado medidas para acordar dicha reunión".