Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: confirman procesamientos y embargos millonarios

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná dictó una resolución clave en la causa que investiga una red de contrabando de neumáticos provenientes de Paraguay. El 24 de junio, el tribunal decidió rechazar los planteos de nulidad interpuestos por las defensas y confirmar el procesamiento y embargo por cinco millones de los principales involucrados en la organización, que operaba en diversas localidades de la provincia, incluyendo Chajarí, Paraná y General Ramírez.

Según supo UNO, la investigación penal se inició formalmente el 6 de julio de 2022. Todo comenzó con una denuncia presentada ante el Juzgado Federal de Concordia por el Jefe del Departamento de Investigaciones Complejas NEA de la Policía Federal Argentina. El reporte inicial alertaba sobre una estructura dedicada al contrabando de importación de neumáticos extranjeros (principalmente de origen chino y paraguayo) para su posterior comercialización en Entre Ríos a precios muy inferiores a los del mercado legal.

A partir de esta denuncia, las fuerzas de seguridad iniciaron un exhaustivo trabajo de inteligencia preventiva que incluyó vigilancias, seguimientos, registros fílmicos, informes de organismos públicos y, fundamentalmente, intervenciones telefónicas. Estas tareas permitieron descubrir un circuito aceitado de adquisición, traslado, acopio y venta de mercadería ingresada ilegalmente al país.

La fiscalía logró reconstruir la metodología de la banda: los neumáticos nuevos eran transportados desde Paraguay ocultos en los ejes de caída de camiones, en compartimientos de acoplados o como ruedas de auxilio. Una vez en territorio argentino, en puntos previamente acordados, se realizaba la maniobra conocida en la jerga como "desarme": los neumáticos nuevos se reemplazaban por otros usados o desgastados (llamados "cascos"). De este modo, los vehículos de carga regresaban a su país de origen sin levantar sospechas ante los controles aduaneros.

Un conflicto que marcó el 2022

El contrabando de neumáticos en 2022 se desarrolló en un contexto de profunda crisis y conflicto en el sector industrial argentino, el cual comenzó con reclamos salariales del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA). Esta situación se agravó cuando las negociaciones se estancaron, lo que llevó a la paralización de las plantas industriales y generó un fuerte impacto en la cadena de producción automotriz. Ante este escenario de desabastecimiento, se detectó un incremento en el ingreso ilegal de cubiertas al país, vinculando directamente las maniobras de contrabando con el conflicto gremial que impedía la normal provisión del mercado. La magnitud de este comercio ilícito fue tal que se estimaron pérdidas de ingresos fiscales por USD 2.300 millones y la afectación de cerca de 10.000 puestos de trabajo directos en los sectores productivos.

Roles

Según la acusación a cargo del Fiscal General José Ignacio Candioti, la presunta estructura criminal contaba con diversos niveles de responsabilidad. Según la investigación, los roles principales se distribuían de la siguiente manera:

-Alejandro Héctor Melgar: señalado como el líder de la organización. Aprovechaba su cargo como tesorero de la Asociación Regional de Transporte (ARETRA) en Chajarí para gestionar y organizar la logística del contrabando.

-Cecilia Anabella Melgar: hija de Alejandro, se encargaba de la gestión contable. Administraba la recaudación de las ventas ilícitas y coordinaba el pago de combustible en la estación de servicios Petromas SRL a los camioneros paraguayos como contraprestación por la entrega de mercadería.

-Eduardo Martín Benítez: cumplía funciones operativas. Se encargaba de la logística del "desarme", el traslado interno de las cubiertas y su almacenamiento, utilizando incluso su propia vivienda para el acopio.

-Fernando Fabián Farneda: vinculado a gomerías en Chajarí y Villa del Rosario. Se le imputa no solo el encubrimiento de contrabando, sino también el delito de cohecho activo, tras haber ofrecido dinero a personal del Puesto Caminero Paso Cerrito de la Policía de Entre Ríos -en el límite con la provincia de Corrientes- para facilitar el paso de camiones sin documentación. En una causa que tramita en la Fiscalía Federal de Concordia, comentada días atrás por UNO, está imputado Esteban Silva Muller, exjefe del Puesto.

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-Marcos Raúl Markel y Damián Nehemías Markel: titulares de la firma Marcos Neumáticos S.R.L.. Según la fiscalía, adquirían cubiertas de origen irregular para sus sucursales en General Ramírez, Paraná y Chajarí. En los allanamientos a sus locales -en Ruta Nacional Nº 12 Km. 382/5 de General Ramírez, Avenida Almafuerte Nº 3004 de Paraná y Avenida 9 de Julio Nº 2855 de Chajarí- se secuestraron cientos de neumáticos por un valor superior a los 38 millones de pesos. Un dato no menor es que Damián Nehemías Markel corre actualmente en TC Pista.

-Juan Cruz Guntren: empleado de Marcos Neumáticos, colaboraba directamente con los Markel en la recepción y carga de cubiertas procedentes de camiones paraguayos o de la gomería de ARETRA.

Los abogados defensores presentaron diversos recursos de apelación buscando anular las pruebas recolectadas. Los planteos se centraron en tres ejes principales:

-Validez de la denuncia inicial: la defensa de Farneda, Melgar y Benítez cuestionó que la denuncia original no precisaba el origen de la información y se basaba en meras "versiones".

-Intervenciones telefónicas: sostuvieron que las escuchas se extendieron desproporcionadamente en el tiempo, afectando la intimidad de los acusados.

-Acceso a teléfonos celulares: impugnaron la extracción de datos de los dispositivos móviles secuestrados, argumentando que la entrega de las claves de desbloqueo no fue voluntaria y que no se les informaron sus derechos, lo que equivaldría a una "autoincriminación forzada".

Ante estos ataques, el Fiscal General sostuvo que la investigación fue dinámica y compleja, lo que justificaba la extensión de las intervenciones telefónicas en función de su utilidad y proporcionalidad. Respecto a los celulares, afirmó que los imputados aportaron las claves voluntariamente en el marco de su libre autodeterminación y que los allanamientos fueron ordenados conforme a la ley.

Imagen ilustrativa.

Los argumentos de la Cámara para confirmar los procesamientos

Al resolver, la Cámara Federal de Paraná -, integrada por los magistrados Cintia Graciela Gómez, Beatriz Estela Aranguren y Mateo José Busaniche-, desestimó los agravios defensivos. Respecto a la denuncia inicial, el tribunal consideró que fue suficiente para poner en conocimiento del juez una presunta infracción a la Ley 22.415, habilitando el inicio de la instrucción. Sobre las escuchas telefónicas, los jueces coincidieron con el fiscal en que el Código Procesal no establece un límite temporal taxativo, y que en este caso las sucesivas prórrogas permitieron desentrañar un andamiaje criminal complejo.

En cuanto a los teléfonos celulares, la resolución destaca que de las actas y testimoniales surge que Farneda, Benítez y Melgar aportaron voluntariamente sus claves, por lo que no hubo una actuación arbitraria de la fuerza de seguridad ni vulneración de garantías constitucionales.

Para confirmar la coautoría en el delito de encubrimiento de contrabando agravado por la habitualidad, la Cámara valoró pruebas que consideró "claras, precisas y concordantes". Se citaron diálogos reveladores, como una conversación entre Benítez y Alejandro Melgar donde hablaban de "hacer stock" y de la necesidad de tener "nidos" (lugares de acopio ocultos) para guardar la mercadería proveniente del "paragua".

Finalmente, el tribunal ratificó la competencia federal en el hecho de cohecho imputado a Farneda, argumentando que, aunque la dádiva fue para un policía provincial, la conducta comprometía los controles aduaneros y la circulación de mercadería extranjera irregular. Con esta resolución, la justicia ratificó el rumbo de la investigación y mantuvo los embargos de 5 millones de pesos para cada uno de los implicados, quienes quedaron a un paso del juicio oral.