Discapacidad: acceso al trabajo, una deuda social pendiente

Esta semana se informó que desde el Poder Judicial de Entre Ríos realizará una convocatoria destinada a personas con discapacidad, para que puedan postularse para trabajar en el organismo. La inscripción para los aspirantes que cumplan con los requisitos estará abierta dentro de dos semanas, y se adelantó que en una primera etapa será para puestos en la jurisdicción Paraná, y paulatinamente se expandirá al resto de la provincia.

Esta posibilidad generó grandes expectativas dentro de la población que podrá participar del concurso, ya que si bien en el país rige la ley 22.431 de “De Protección Integral para Discapacitados”, que “busca garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, facilitar su inclusión y la igualdad de oportunidades, el acceso a un empleo se hace cuesta arriba para muchas de ellas.

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Personas con discapacidad dan cuenta de las dificultades para acceder a un empleo.

Puntualmente esta norma establece que el Estado debe tener empleadas al menos a un 4% de personas con discapacidad, ya sea en planta efectiva, o a través de contratos y servicios tercerizados. No obstante, en muchos casos no se cumple. “El cumplimiento del cupo no llega ni al 1% a grandes rasgos”, opinó sobre el tema Fernanda Carmona, quien tiene una discapacidad motriz por lo cual se moviliza en silla de ruedas, y vive en carne propia el hecho de no poder acceder a un trabajo.

Hasta hace poco integró el Observatorio de las Personas con Discapacidad de Entre Ríos y según contó a UNO, es difícil conseguir un empleo tanto en el ámbito público como el privado. Su única experiencia laboral abarcó un tiempo breve y fue una amiga suya la que la empleó en Villaguay, donde vivió hasta octubre, mes en el que se mudó a Paraná. “Desde entonces estoy en búsqueda de un trabajo, pero es totalmente difícil para mí conseguirlo”, lamentó.

A la vez que señaló: “Desde hace tiempo se habla de que no se toman personas con discapacidad porque no hay concientización sobre el tema, pero seguimos en la misma”. Y manifestó esperanzada: “Estoy enterada de la convocatoria del Poder Judicial y lo voy a intentar”.

Ricardo López es no vidente. Se jubiló el año pasado como docente, tras desempeñarse mucho tiempo como profesor de Francés en diferentes escuelas públicas. En su caso pudo trabajar de su profesión pero desde hace años lucha por la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la Asociación de Discapacitados de Entre Ríos (Adiser), que funciona hoy como un grupo de autoconvocados. “Hay una ley nacional que establece un cupo que se debe cumplir a nivel estatal, pero en la mayoría de las provincias, incluyendo a Entre Ríos, esto no pasa. Y en cuanto a la actividad privada, las empresas tienen destinado un cupo para personas con discapacidad y al emplearlas obtienen algunos beneficios fiscales, pero no tienen la obligatoriedad; solamente se las invita a participar de esta posibilidad”, analizó, y contó a UNO: “Hay mucho resquemor y prejuicios sobre el tema, porque creen que emplear a una persona con discapacidad van a tener algún problema, así que por las dudas en general no toman a nadie”.

Ricardo refirió que “hay personas con discapacidad que tienen la idea de trabajar, de desarrollarse, pero realmente es muy dificultoso”, y subrayó: “Ya de por sí el mercado labora en la Argentina es difícil, en Entre Ríos también, y para una persona con discapacidad ni hablar”.

“A veces la discapacidad por ahí no te deja trabajar y para eso están las pensiones y demás. Pero también están las personas que sí pueden hacerlo, que estudian, terminan una carrera, y deben tener abierta la posibilidad de desarrollarse profesional o laboralmente. Por el tipo de acceso, el ámbito educativo a mí me dio esa posibilidad, y ahora el llamado a concurso del Poder Judicial es una oportunidad para que muchas personas con discapacidad con capacitación puedan acceder a un trabajo, y hay mucha gente que está interesada en postularse”, destacó.

Andrea Velázquez es ciega. Si bien trabaja en la Dirección de Políticas de Integración y Discapacidad de la Municipalidad de Paraná desde hace 15 años, con algún tiempo desarrollando también actividades en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) como adscripta, recordó que antes de esta posibilidad le resultó muy costoso acceder a un empleo. “El cupo estaba, pero nunca se cumplía, y me costó muchísimo poder ingresar. Pero de un tiempo a esta parte se está trabajando fuerte, si bien falta mucho por hacer todavía. Desde el área en la que desarrollo ahora mis tareas trabajamos en esto para concientizar a diferentes dependencias del Estado”, afirmó a UNO.

A su vez, manifestó: “La ley habla del 4% en el ámbito público y cuesta acceder, porque miran siempre lo que una persona con discapacidad no puede hacer, en vez de centrarse en lo que sí puede. Y en el privado es más complejo todavía; en Paraná conozco una sola empresa del Parque Industrial que empleó a personas con discapacidad”.

Asimismo, explicó: “Hay que trabajar en esto sobre dos conceptos: uno es la integración y otro la inclusión. Se puede integrar a alguien a un ámbito de trabajo, pero esto debe ir de la mano de la inclusión, adaptando el lugar para que la persona con discapacidad pueda desempeñarse. Eso significa hacer ajustes razonables, implementando computadoras adaptadas, espacio que permitan la accesibilidad de personas en sillas de ruedas, la supresión de barreras no solo físicas o arquitectónicas, sino también comunicacionales. Porque es muy difícil para cualquiera desarrollar una tarea sino cuenta con las herramientas para poder hacerla”.

Años atrás Andrea formó parte del Centro Amigos del Ciego de Entre Ríos (Cacer) y también de una asociación para no videntes a nivel nacional. Hoy, además de su trabajo en la Municipalidad, en el que hace valiosos aportes al Taller de Accesibilidad, integra un proyecto de voluntariado en la Uader a través del cual impulsan la concientización y la sensibilización sobre la discapacidad en escuelas primarias y secundarias de la provincia. En base a su experiencia en estos espacios y a los logros obtenidos en materia de derechos, destacó: “Se ha avanzado mucho en todo esto y una muestra es que se vayan abriendo nuevos caminos, como en este caso en el Poder Judicial”.

Avances

Las personas interesadas en participar de la convocatoria del Poder Judicial deberán tener 18 años o más, ser argentinas o naturalizadas y poseer título secundario. Además, a través de la página web del Poder Judicial –www.jusentrerios.gov.ar- deberán presentar copia del Documento Nacional de Identidad (DNI), certificado de antecedentes penales y certificado de discapacidad vigente.

Para efectuar la carga de la documentación requerida dispondrán de un video instructivo que contará con un intérprete de lengua de señas y también de un formulario redactado de manera simple.

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En este procedimiento, la Dirección de Gestión Humana trabajó en forma conjunta con el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi). Inés Artussi, directora de este organismo habló con UNO y comentó que están realizando las acciones para garantizar la accesibilidad en este concurso y a todos los materiales que deben conocer previamente quienes van a postularse. “Los estamos transformando en lengua de señas o en lo que nos pidan. Lo que hacemos es garantizar la accesibilidad”, explicó.

En este marco, subrayó: “Es un gran logro que puedan entrar a la Justicia personas con discapacidad, porque hay gente que está muy preparada, y la inclusión laboral es mucho más simple de lo que la gente piensa”.

Por otra parte, si bien el Iprodi no es el organismo encargado de supervisar que el Estado cumpla con el cupo del 4% que indica la Ley 22.431, observó: “La mayoría de los municipios y organismos del Estado han avanzado mucho en este tema”.

“También estamos trabajando en el ámbito privado. Nos hemos reunido con referentes de la Unión Industrial de Entre Ríos y vamos a abordar la inclusión en cadenas de valor y demás”, concluyó.