La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados comenzará el martes el tratamiento del proyecto que establece un régimen de actuación especial del Tribunal de Cuentas para las contrataciones de alta significación económica. La norma, que fue enviada por el Poder Ejecutivo al Senado el 23 de junio de 2017, tuvo media sanción en la Cámara alta el 6 de septiembre.
Diputados trata la ley que aumenta el control a las licitaciones de alta significación económica
En Legislación General, estará el titular del Tribunal de Cuentas. El organismo reguló el tema con una acordada, pero el Ejecutivo la declaró nula. El tema generó tensión cuando se objetó una compra de tela para frazadas
4 de noviembre 2018 · 16:53hs
La reunión será con la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Tomás.
En la reforma de 2008 se estableció que el organismo debía efectuar el control desde el origen de las contrataciones de alta significación económica, pero no se dictó la ley que lo regule. Ante ese vacío legal, el Tribunal de Cuentas emitió en octubre de 2016 una acordada para dar cumplimiento a ese mandato. "Atento al tiempo transcurrido (...) este órgano considera necesario dictar la normativa necesaria que permita realizar este tipo de control", indicaba el documento firmado por Tomás y los vocales José Luis Gea Sánchez y José Alberto Miranda.
En ese momento, octubre de 2016, se definió como de alta significación económica los montos de más de 4,9 millones de pesos para bienes y servicios, de más de 24 millones de pesos en obras de arquitectura y de 62,6 millones en obras de ingeniería. Los pliegos debían enviarse al organismo antes de su publicación y se fijaron sanciones para los organismos que no cumplieran.
El rechazo del Ejecutivo
En abril de 2017 el Ejecutivo provincial dispuso mediante un decreto no aplicar las disposiciones de la acordada del Tribunal de Cuentas y que los ministerios de Economía y de Gobierno elaboraran un proyecto de ley al respecto para tratarse en la Legislatura.
Ese decreto fue firmado por Bordet y la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, luego de que el Tribunal de Cuentas objetara la compra de 30.000 kilos de tela polar para fabricar frazadas.
La compra se hizo a la Compañía Comercial Mayorista, pero otros de los oferentes interpusieron un recurso de revocatoria que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social rechazó. Luego el Tribunal estimó que la contratación le produciría un perjuicio de 1,5 millones de pesos al Estado provincial.
Allí también se dejó de lado el control que realizaba el Tribunal de Cuentas, sobre la base de consideraciones de un informe elaborado por la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación. El informe del titular de esa repartición, José Gervasio Laporte, señaló que la acordada del Tribunal de Cuentas "incluye incumbencias que exceden marcadamente lo que en organización contable se denomina control de gestión. Llama la atención la norma que dispone apercibir y aplicar multas en los casos de falta de respeto o desobediencia a las resoluciones del Tribunal de Cuentas, en relación con las cuales es juez y parte, sin apelación posible. ¿Qué ley castiga la falta de respeto?", se preguntó.
"La acordada no resulta conforme a la norma constitucional, que ordena la sanción de una ley que defina a las contrataciones de alta significación económica y otorgue la debida competencia del control previo al Tribunal de Cuentas, resultando a todas luces nula, de nulidad absoluta", se agregó.
La situación generó tensión entre el Ejecutivo y el Tribunal. Al poco tiempo se remitió el proyecto de ley, y ahora se tratará en Diputados.
