Los Defensores de Paraná plantearon la situación generada en la capital entrerriana, concretamente, con relación al sistema de medición del consumo implementado en el marco del conflicto que mantiene la distribuidora Redengas con empleados de la firma.
Defensores del Pueblo del país piden que se anule la suba del gas
En numerosos casos atendidos por el organismo de la capital entrerriana, se ha emitido la boleta en base a un consumo estimado, que surge tras una serie de comparaciones y cálculos realizados por la prestadora. Lo cierto es que usuarios han recibido las boletas con montos que triplican los de anteriores períodos.
Ante la situación, Luis Garay solicitó al Defensor del Pueblo de la Nación que intervenga ante el Ente Regulador del Gas (Enargas) para que este organismo –a cargo del controlar de las distribuidoras– considere e informe sobre una serie de cuestiones relacionadas a la medición, facturación y prestación en sí del servicio prestado por Redengas.
También, el plenario de defensores reunido en Río Cuarto el 28 y 29 de agosto pasado analizó un fallo de un juez federal de Mar del Plata que ordenó retrotraer la tarifa y restituir lo que se les facturó de más a los usuarios. Seguidamente, la reunión resolvió por unanimidad adherir a la presentación del Defensor del Pueblo de la Nación, por la que se exhorta a autoridades nacionales a volver atrás con el aumento.
Es que la institución nacional concluyó -tras estudiar si los nuevos aumentos en las facturas se habían originado por la reasignación de subsidios o se debían a una lisa y llana suba del servicio-, que en realidad “la nueva mecánica encubre o contiene un aumento tarifario”. Y se añadió que tal incremento “se ha efectuado sin transparentar los costos de las empresas y sin explicar las razones que pudieran justificarlo, ni las inversiones realizadas por las distribuidoras para mejorar la calidad de la prestación del servicio. Sumado a ello, la medida evidencia otro claro vicio que resulta de haber omitido realizar la debida Audiencia Pública”, se consigna desde la Defensoría Nacional.
Así las cosas, la institución aclara que “el nuevo cuadro tarifario de gas es una reasignación de subsidios y un aumento tarifario a la vez”.
En cuanto a las posibilidades de poder mantener el subsidio, consideró que “son ínfimas y no alcanzan a la mayoría de la población”.
Además, en los casos que no se encuadren entre los “alcanzados” por alguna de la decena de categoría de acceso al subsidio, se les exige un ahorro del 20% de consumo respecto al mismo período registrado un año atrás para mantener la tarifa. “Es decir, de no darse este ahorro, se verifica automáticamente un incremento en el cargo fijo y en el cargo por metro cúbico de consumo, lo cual constituye un aumento de la tarifa”, se apuntó.
A continuación, la Defensoría de la Nación añade que “este porcentaje de ahorro resulta de un cumplimiento casi imposible en épocas de bajas temperaturas, por lo que será un exiguo grupo de usuarios el que pueda recibir sus facturas sin modificaciones”.
Y se señala la falta de una campaña previa de información y concientización sobre el uso racional del gas, lo que “genera un estado de desconcierto en los usuarios ya que al momento de consumir el servicio no contaban con la información necesaria para tomar los recaudos correspondientes para disminuir el consumo, y/o variar los hábitos o las conductas vinculadas con el consumo de gas”.
Por todo ello, se informó que la Defensoría Nacional exhortará a la Secretaría de Energía de la Nación que disponga retrotraer este nuevo cuadro tarifario al anterior y elevará un informe especial al Honorable Congreso de la Nación.













