El sonido de aviones y helicópteros militares sobrevuela la memoria colectiva de quienes habitaron el Delta entrerriano en la década del setenta: hombres y mujeres que fueron testigos presenciales de los vuelos de la muerte con los que la dictadura procuró deshacerse de los restos de los desaparecidos. Ahora, tantas décadas después, un hombre en particular, un sepulturero, hizo un aporte importante a la investigación que se propone dar con esos cuerpos arrojados desde el aire hacia el río y hacia la espesa vegetación de las islas, y que en las próximas horas se traducirá en acciones concretas de búsqueda.
Vuelos de la muerte: la memoria que renace desde el Delta
Por Alfredo Hoffman
En el marco de la causa que investiga posibles vuelos de la muerte en el Delta entrerriano, el lunes 30 y el martes 31 de agosto, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizará tareas de excavación y exhumación en el cementerio de Villa Paranacito. Trabajarán sobre siete sepulturas, las que fueron señaladas por quien trabajaba como enterrador durante aquella época y que al declarar como testigo hizo ese aporte que puede resultar fundamental para la causa. El hombre relató que en esa necrópolis hay aproximadamente siete cuerpos que fueron enterrados como NN. Dijo también que personal de diversas fuerzas de seguridad acercaban esos cadáveres hasta el muelle y se los dejaban allí tirados, para que él los enterrara.
Además de esa declaración hay otros antecedentes que tienen vinculación con este caso. Por ejemplo, una exhumación que hubo en 2001 por el secuestro del empresario Rodolfo Clutterbuck, que tuviera mucha repercusión a fines de la década del 80. Se extrajeron restos NN del mismo cementerio de Villa Paranacito para tratar de identificarlos, con resultados negativos. Esos restos fueron nuevamente inhumados en el mismo lugar donde estaban.
Con estos datos –el antecedente del caso Clutterbuk y la declaración del sepulturero– los investigadores solicitaron al juez que interviene en la causa, Pablo Seró, la exhumación de los restos enterrados sin identificación. Esta tarea se concretará el 30 y 31 de agosto. El EAAF, que ya estuvo hace 15 días inspeccionando el lugar, buscará en principio en las sepulturas señaladas y sobre las cuales la fiscal Josefina Minatta solicitó medidas de no innovar. En función de las labores que realicen, los antropólogos evaluarán si es necesario o no excavar y exhumar cuerpos en alguna otra área. La coordinación estará a cargo de Carlos Maco Somigliana junto a un grupo de profesionales del organismo reconocido internacionalmente por la búsqueda de restos de personas desaparecidas. Además, ya el 1 de febrero integrantes del Equipo llegaron hasta el Delta con el propósito de reconocer el terreno en general.
Mientras tanto, una audiencia virtual que se realizará el viernes podría representar un avance en la tarea de conocer quiénes serían las víctimas y quiénes los responsables de estos delitos de lesa humanidad. Será cuando se le tome declaración testimonial al represor “colaborador” Eduardo Tucu Costanzo, quien tiene cosas para decir sobre la posibilidad de que los vuelos hayan partido desde la zona de Rosario (ver aparte).
Recomenzar
Esta causa data de hace muchos años. Fue originada por la primera declaración en el terreno judicial sobre posibles vuelos, la que se produjo en Gualeguaychú en 2004. Después de realizar una serie de medidas, el juez Eduardo García Jurado se declaró incompetente y las actuaciones pasaron a la Justicia federal. A partir de allí la causa quedó estancada, porque la fiscalía consideró que no había elementos suficientes como para investigar estos hechos. En 2012, después de la publicación del libro El lugar perfecto, donde el periodista Fabián Magnotta volcó el resultado de su profusa investigación con entrevistas a testigos del arrojamiento de cuerpos desde aviones y helicópteros, el mismo autor realizó una denuncia ante el Juzgado federal de Concepción del Uruguay que le dio cierto impulso a la pesquisa, pero no se avanzó en medidas concretas.
Con la incorporación en la conducción de la Fiscalía de Concepción del Uruguay de Josefina Minatta, esta causa para la búsqueda de restos de desaparecidos tomó un nuevo envión, que comenzó a cristalizarse en hechos a partir de 2020. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante y Minatta la convocó a una mesa de trabajo para abordar la investigación y trazar estrategias. “También fue importante pensar la comunicación, porque teníamos que dar con un montón de testigos, muchos de los cuales ya no vivían en la zona. Entonces también intervino el Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú y luego se sumó la presentación de la querella de H.I.J.O.S. Regional Paraná”, contó a UNO Lucía Tejera, abogada en representación de Derechos Humanos de la Nación.
A partir de allí, en diciembre de 2020 se comenzaron a tomar una serie de testimonios, entre ellos el del periodista Fabián Magnotta, quien sumó más datos y nombres de testigos. El 25 de enero de 2021 el grupo de trabajo conformado para la investigación fue a reconocer el lugar y recabar información sobre estos hechos. “A partir de allí empezamos coordinadamente a pensar y solicitar medidas de prueba, no solamente testimoniales sino también relacionadas con archivo y con documentación que nos puedan dar algún tipo de indicio sobre de dónde podrían haber provenido estos vuelos. En ese trabajo que venimos llevando de más de ocho meses, dimos con la persona que en su momento trabajaba como sepulturero del cementerio de Villa Paranacito”, dijo Tejera.
La memoria
El trabajador de la necrópolis isleña relató que, durante los años de la dictadura, personal de la Policía y de Prefectura Naval Argentina, en varias oportunidades le llevó cuerpos de personas fallecidas. Literalmente, dijo que se los dejaban tirados en el muelle del cementerio, sin cajón, sin identificación y sin ningún tipo de cuidados. La orden era que los enterrara de esa manera, como NN. Nada más.
Uno de los inconvenientes con que se encontraron las investigadoras –son en su mayoría mujeres– es que en aquellos años Villa Paranacito era Junta de Gobierno y no se llevaba un registro de lo que se hacía en el cementerio. Sin embargo, a partir de 1984 los vecinos del pueblo reconstruyeron el libro de enterramientos a partir de diversos relatos orales de los habitantes. Entre esos relatos estaba el de Román Venencio, el sepulturero. Entonces, los NN en cuestión están registrados como enterrados en determinadas tumbas y allí trabajará el EAAF.
Hace dos meses Venencio habló con el diario Página 12. “Yo cumplía órdenes, pero siempre me dieron no sé qué, por eso les ponía una cruz. No tengo idea de qué pasó con esa gente, pero yo digo lo que sé, que están acá”, manifestó en esa oportunidad al recordar aquellos cuerpos asesinados.
Dijo también que los cadáveres “llegaron en el lanchón de Prefectura” por separado, no todos juntos, y que él recibía las “órdenes” de enterrarlos. Todos estaban dentro de bolsas negras y que al mirarlos se podía saber de qué lado estaban los pies y de qué lado la cabeza. Al manipularlos, notaba que los pies estaban atados. Los fue enterrando uno al lado del otro. Cuando vio que eran “varios” decidió armar un mapa del cementerio “para poder identificar bien en dónde quedarían luego”. Sobre el mapa, aseguró que lo entregó al municipio.
Durante los últimos meses también hubo otros avances en la investigación judicial, como la identificación de otros lugares de posibles enterramientos en el Delta, no solamente en el cementerio de Paranacito. Las investigadoras pudieron contactar a los testigos y corroborar incluso cuáles son los lugares donde ellos presenciaron el momento en que los cadáveres eran arrojados desde aviones y helicópteros, o donde encontraron a las víctimas.
“Son muchísimos los que han estado muy predispuestos a declarar porque es un recuerdo ajeno que permanece en su memoria, porque son testigos circunstanciales de esos hechos, y sus relatos son bastante tétricos. Ellos consideran necesario que podamos hallar algunos de los restos”, dijo Tejera.
No obstante, son conscientes de que muchos de los cuerpos arrojados no van a poder ser hallados, porque las condiciones geográficas del lugar hacen que puedan haber sido arrastrados por las corrientes de los ríos hacia sitios inhallables.
“Para el movimiento de derechos humanos, la restitución de restos es algo que nunca dejamos de investigar, porque hay muchísimas familias que necesitan darle un cierre a tantas historias y porque nos permite dimensionar lo que fue el terrorismo de Estado y reconstruir lo que pasó en nuestro territorio”, expresó la abogada de la Secretraría de Derechos Humanos.
De dónde venían: la pista de Rosario
Al no haberse logrado ninguna identificación, la causa no tiene todavía víctimas y tampoco tiene imputados. No se sabe quiénes eran esas personas arrojadas desde el aire hacia el Delta, ni de qué centro clandestino de detención provenían. Entonces, uno de los principales desafíos es conocer de dónde despegaban esos vuelos. Podrían ser de la ESMA o de Campo de Mayo, pero hay indicios que hacen dudar de eso. Últimamente se comenzó a investigar la pista que conduce a Rosario, asiento del Segundo Cuerpo del Ejército, que tenía jurisdicción también sobre Santa Fe y Entre Ríos.
Las investigadoras dieron con un documento del cual surge que en 1976-1977 se creó la sección aviación del Segundo Cuerpo del Ejército en Fisherton, Rosario, lo cual es un dato que permite pensar en esta hipótesis. “Si uno mira desde el mapa, se puede ver la cercanía que hay desde allí con las islas. El río Paraná pasa por Rosario, San Nicolás, San Pedro, Ibicuy, Villa Paranacito, para juntarse con el río Uruguay y desembocar en el Río de la Plata”, acotó Lucía Tejera.
A esta línea de investigación abonan las diversas declaraciones del represor Eduardo Tucu Costanzo, un ex Personal Civil de Inteligencia del Segundo Cuerpo que en diversas causas hizo aportes a la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, fue quien en el caso de los mellizos Valenzuela Negro –nacidos en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná– dijo que la beba mujer había sido dejada por los integrantes de la patota en las puertas de un convento, lo cual fue corroborado y así se logró la restitución de la identidad de Sabrina Gullino Valenzuela Negro.
Respecto de los vuelos, Costanzo dijo que otro represor de la misma patota, Marino González, era el encargado de arrojar cuerpos de los aviones. También dijo en otra de sus declaraciones que a los detenidos que fueron asesinados en el CCD La Intermedia –en las afueras de Rosario– los envolvieron con frazadas y los trasladaron en un camión Mercedes Benz 608 hacia el aeropuerto, donde fueron subidos a un avión. La misma noche, según El Tucu Costanzo, la madre de los mellizos, Raquel Negro, fue llevada a La Intermedia en el baúl de un auto, sin vida, desnuda y con las manos atadas, y la cargaron junto con los demás en el camión.
Los testigos que encontraron cadáveres en el Delta entrerriano, enredados en camalotes o aparecidos en orillas, dicen que estaban envueltos en frazadas o telas y que con manos y pies atados. Son datos que coinciden. El viernes 27 de agosto, cuando le tomen declaración testimonial de manera virtual, El Tucu podrá ampliar la información con que cuenta al respecto.