El Estado entrerriano deberá indemnizar a una mujer a quien se le negó un aborto no punible en 2011 en el hospital San Martín de Paraná, por considerar la justicia que se violó el derecho humano a la salud y a decidir no tener más embarazos. El caso, que tuvo una importante exposición pública, incluso mucho tiempo antes de que el debate por el aborto haya llegado a la opinión pública y a los medios, involucra a una mujer que en aquel entonces tenía 36 años.
Tenso cruce entre Ténembaum y César Pazo, el médico entrerriano que obstaculizó un aborto no punible
Se negaron a practicarle un aborto, sufrió un ACV y ahora el Estado entrerriano deberá indemnizarla.
4 de enero 2019 · 11:58hs
Su situación de salud era de tal gravedad (patología cardíaca congénita), "que le ocasionaba un cuadro de deficiencia de oxígeno crónica, entre otras complicaciones. Su estado se agravó a partir de un embarazo que no debió continuar".
Cesar Pazo, ex candidato a intendente de Paraná, fue el médico cardiólogo que atendió a "M" y este jueves habló con Ernesto Tenembaum en lo que intentaba ser una entrevista y terminó convitiéndose en un monólogo ya que el médico impidió que se le realizaran preguntas.
El audio
"Yo tenia experiencia en casos similares y le dije la verdad a la mujer... le dije que su bebé estaba bien y que si lo sacaban el niño no tenia chances... Tuve una investigación sumaria por este tema y todo por los periodistas" / "Cualquier médico es un militante a favor de la vida".
A la semana fue trasladada de urgencia al hospital Posadas, en el conurbano bonaerense, donde le hicieron una cesárea, tuvo una niña y a los siete días sufrió un accidente cerebrovascular, cuando todavía estaba internada, que le provocó la parálisis de la parte izquierda del cuerpo.
El ACV le trajo enormes complicaciones, no solo físicas sino también psicológicas, que la llevaron a demandar al Estado provincial, y un tribunal de alzada ratificó el fallo que obliga a otorgarle una reparación económica. "Ellos –la mujer y su pareja– no quieren reavivar nada, porque esto es algo superado", acotó la especialista.Según se informó a UNO el monto inicial de la demanda era de 500.000 pesos, "pero no es algo que le pague a ella lo que padeció por la obstaculización al derecho".
Sobre la posible apelación del Estado ante el Superior Tribunal de Justicia, Comaleras reflexionó: "La verdad que lo desconozco; sería vergonzoso que volviera a apelar de alguna forma, porque fue clarísimo lo que pasó. Incluso con Silvia Primo pedimos una audiencia con el entonces ministro de Salud, Ángel Giano, quien abrió a partir del conocimiento de los hechos una investigación sumaria, que es una previa al sumario. Se citaron a declarar a todos los involucrados en la situación: fue vergonzoso el resultado de la investigación sumaria".