Observatorio de Género y Derechos Humanos

Mujeres: garantizar los derechos políticos y electorales

El triunfo electoral de Francia Márquez (vicepresidenta electa de Colombia) es un hito que fortalece el desarrollo político de las mujeres latinoamericanas.

Martes 05 de Julio de 2022

El triunfo de Francia Márquez significa un gran avance en la transformación cultural por la cual luchamos las mujeres en América latina para poder vivir libres de cualquier tipo de opresión que sufrimos diariamente en los ámbitos donde se desarrollan nuestras actividades interpersonales. Hoy Francia Márquez es vicepresidenta electa de Colombia y su historia de vida es un testimonio indeleble que refleja las dificultades con las que tuvo que lidiar para alcanzar uno a uno sus objetivos por ser una mujer afrodescendiente pobre, lideresa social, ambientalista y feminista.

Francia Márquez nos inspira a las mujeres latinoamericanas a no bajar los brazos en la lucha que mantenemos para alcanzar plenamente nuestros derechos pues si bien muchos de ellos están dictados por ley ello no significa que se instrumenten como corresponde. El logro de Francia Márquez influye de manera positiva y multidireccional en todos los aspectos que nos ocupan a las mujeres que luchamos por desterrar al, por ahora, dominante sistema patriarcal, pero, fundamentalmente, pone foco sobre la violencia política por razones de género.

La violencia contra las mujeres en su vida política se define como toda acción y omisión -incluida la tolerancia- basada en elemento de género, que tiene por objeto restringir y/o anular el ejercicio de los derechos políticos y electorales . Esto quiere decir que en los hechos son acciones que a) se dirigen a una mujer por su condición de mujer, asumiendo los roles históricamente asignados a este grupo social; b) nos afectan desproporcionadamente respecto de los varones; c) tienen un impacto diferenciado sobre nosotras.

“Esta problemática estaba oculta y se logró visibilizar especialmente gracias a la experiencia de Bolivia en la adopción de una ley específica sobre Violencia Política de Género, con el accionar de los organismos internacionales y los consensos regionales que se fueron suscitando -especialmente el consenso de Quito-. Nadie cuestionaba estas prácticas que se daban en forma histórica, que son formas de discriminación, es decir, otro tipo de violencia que sufren las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales”, señaló en diálogo con UNO Entre Ríos, Laura Albaine, Licenciada en Ciencia Política y Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Conicet e integrante de la Red de Politólogas, un proyecto que busca promover, visibilizar y potenciar el trabajo de las mujeres dedicadas a la Ciencia Política latinoamericanista.

Afecta la calidad democrática

Cuando hablamos de violencia política de género estamos tratando un problema de derechos humanos, es decir, que no es solo un problema de las mujeres, sino que afecta a la sociedad en su conjunto. “Afecta la participación en forma libre y sin ser violentada a un porcentaje superior al 50 por ciento de la población y esto obstaculiza el desarrollo

sostenible de la calidad de las democracias”, advierte Albaine, autora de “Violencia contra las mujeres en política: hoja de ruta para prevenirla, monitorearla, sancionarla y erradicarla”, excepcional trabajo en el cual realizaron un aporte inter agencial el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), organismos reunidos en la iniciativa ATENEA, cuyo objetivo es promover la participación política de las mujeres en Latinoamérica.

La experta destaca que más allá de los avances que se fueron logrando en América latina desde el plano formal, por ejemplo, en las cuotas de género y, más recientemente, con las leyes de paridad se observa que persisten prácticas patriarcales y determinada cultura política que obstaculizan y condicionan el desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de las mujeres. La violencia política por razones de género en cada país, incluso a nivel subnacional, adopta distintas connotaciones. Por ejemplo, en Bolivia encontramos el caso de la concejala Juana Quispe quien fue ahorcada; al poco tiempo de su muerte se aprobó en aquel país la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. En Brasil, es emblemático el caso de Marielle Franco, socióloga, feminista, política brasileña y militante del empoderamiento de las mujeres negras que viven en las favelas, a quien matan con cuatro tiros en la cabeza en 2018, en un femicidio salvaje.

En tanto en Argentina, si bien no se han registrado expresiones como las ocurridas en Brasil y Bolivia, hay un escenario hostil y de discriminación a la participación política de las mujeres y por ello hay que estar atentas porque la evidencia en la región nos demuestra que si no se trabaja para evitar esa situación la violencia puede ascender a un nivel mayor.

Las acciones de visibilización y la desnaturalización de este tipo de violencia deben sostenerse en el tiempo para insistir en generar marcos regulatorios o perfeccionarlos en el caso de que ya los haya. Una ley es clave para mostrar el deber que tienen los Estados de actuar al respecto más allá, claro es, de que existen compromisos internacionales como la Convención de Belén do Pará que obliga a los Estados a actuar contra la violencia política por razones de género.

Hoy, si una mujer es violentada durante un proceso electoral que requiere una resolución rápida porque está siendo afectado su derecho a competir en condiciones de igualdad no hay una forma de solucionar ese conflicto de manera inmediata como lo requiere una instancia electoral.

“Si bien, en general, en América latina se logró conceptualizar en el plano formal este tipo de violencia, aún falta la instancia de regulación integral de su denuncia, atención y de sanción. No basta con solo reconocer esta problemática, sino que hay que generar un mecanismo institucional para su abordaje. Asistir a las mujeres que están siendo violentadas en cuanto a sus derechos humanos”, informa Laura Albaine, y agrega que el principal motor de su trabajo experto impulsa a reflexionar sobre cómo se podría abordar esta problemática en distintas instancias, por ejemplo, desde el interior de las asambleas nacionales de los partidos políticos para generar no solo leyes sino también protocolos procedimentales de atención.

Por último, Laura Albaine considera que, además de los partidos políticos, hay que trabajar junto a los medios de comunicación y a los líderes de opinión porque son actores clave que reproducen la cultura de la política patriarcal.

Dolores Etchevehere

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