Argentina: jubilarse en la era del ajuste

En todo el mundo, los sistemas de seguridad social navegan la misma tormenta: brechas de cobertura, envejecimiento acelerado, mercados laborales fragmentados, economía digital, migraciones, transición tecnológica y expectativas sociales cada vez más altas. Argentina no es la excepción, pero sí un caso extremo: construyó temprano uno de los regímenes previsionales más antiguos de la región, lo expandió con fuertes ingredientes de solidaridad y hoy lo somete a un ajuste que discute más números que modelos de protección. Integrar esa agenda global con la historia local y con una perspectiva de género permite ver que lo que está en juego no es sólo una línea del presupuesto, sino el modo en que una sociedad decide acompañar la vejez, las trayectorias laborales y los cuidados.

Durante años, la jubilación fue presentada como la materialización de un derecho: después de décadas de trabajo, el Estado garantizaba un ingreso que permitiera atravesar la vejez con un mínimo de dignidad. Hoy, en la Argentina del ajuste permanente, ese horizonte se corrió peligrosamente. Los haberes mínimos perdieron más de una cuarta parte de su poder de compra en los últimos dos años, mientras el discurso oficial celebra el orden de las variables macroeconómicas y el equilibrio de las cuentas públicas. La pregunta ya no es cómo asegurar una vejez digna, sino cuánto “cuesta” sostener esa promesa en el presupuesto.

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Un sistema con historia

Argentina construyó uno de los sistemas previsionales más antiguos de la región: las primeras cajas jubilatorias datan de fines del siglo XIX y en 1904 la Ley 4.349 inauguró una caja nacional de jubilaciones para empleados civiles. A lo largo del siglo XX el esquema se expandió, se unificó y terminó anclada en la Constitución Nacional, que habla de una seguridad social integral, obligatoria y fuertemente solidaria, aunque sobre esa base se superpusieron la privatización llevada adelante en los noventa y la reestatización posterior, con una maraña de regímenes especiales que todavía hoy desordenan el mapa de la seguridad social argentina y que son el puntapié inicial para las propuestas de reformas del sistema previsional.

El país puede mostrar un dato potente: alrededor del 90% de las personas mayores de 65 años recibe una jubilación o pensión y la pobreza en la vejez es menos de la mitad que en el resto de la población. Ese logro tiene un reverso incómodo: se sostiene con un gasto previsional en torno al 10% del PBI en una sociedad aun relativamente joven, con regímenes de excepción que concentran cerca de la mitad del gasto y profundizan inequidades entre quienes están bajo el régimen general y quienes se jubilan con reglas privilegiadas; así como también quienes acceden al beneficio previsional a través de lo que era la moratoria previsional, cuyo fin marcó un punto de quiebre silencioso pero profundo.

Tras la decisión de no renovar plenamente los esquemas que permitían completar aportes atrasados, el sistema volvió a exigir, en los hechos, el requisito clásico de 30 años de contribuciones registradas para acceder a una jubilación ordinaria. En una economía marcada por la precarización, los períodos de informalidad, el empleo intermitente y la expansión del monotributo de subsistencia, esa exigencia es menos un filtro técnico que un dispositivo de exclusión.

Los datos de mercado de trabajo muestran una realidad incómoda: caída del empleo asalariado registrado, retroceso del número de empleadores y crecimiento acelerado de monotributistas y de monotributo social como “refugio” frente a la destrucción de puestos formales. Pretender que quienes transitaron durante décadas este mercado laboral fragmentado reúnan 30 años de aportes continuos es, en términos sociológicos, pedir lo imposible. Ese imposible tiene rostro: mayoritariamente mujeres con trayectorias atravesadas por tareas de cuidado no remuneradas, trabajadores pobres de la economía popular y personas que alternaron informalidad con períodos breves de formalidad.

La nueva movilidad

Sobre este esquema más restrictivo de acceso se superpone otro cambio clave: la nueva fórmula de movilidad. El DNU que reordenó las actualizaciones jubilatorias ató los haberes al IPC mensual, abandonando la lógica que combinaba salarios y recaudación. En abstracto, ajustar por inflación suena razonable; en concreto, cuando el punto de partida es un haber ya licuado por las devaluaciones y los saltos inflacionarios, lo que se indexa no es el derecho, sino la pérdida. Distintos estudios estiman que, bajo esta fórmula, las jubilaciones acumularon una merma real superior al 20% en apenas dos años.

La consecuencia es doble. Por un lado, los haberes mínimos se despegan cada vez más del costo de vida real: en muchos casos, no alcanzan para cubrir una canasta básica de consumo, mucho menos los gastos específicos de la vejez, como medicamentos y cuidados. Por otro lado, se consolida una trampa intergeneracional: quienes hoy están activos aportan a un sistema que promete una jubilación futura indexada a un estándar ya empobrecido. El mensaje implícito es claro: la seguridad económica en la vejez deja de ser una garantía pública y se convierte en una responsabilidad individual.

En paralelo, gana espacio una agenda de “reforma integral” que combina propuestas de equiparar la edad jubilatoria entre varones y mujeres, estudiar su aumento gradual y revisar regímenes especiales y cajas particulares. Desde el punto de vista demográfico, el argumento es conocido: el envejecimiento poblacional tensiona la sostenibilidad del sistema y exige más años de trabajo o menos beneficios para sostener la ecuación actuarial. Pero esa lectura se vuelve incompleta cuando se la separa de la realidad del empleo, la informalidad y las brechas de género.

Subir la edad de retiro en un país donde la mitad de la fuerza laboral es informal, donde la monotributización funciona como salvavidas precario y donde los períodos de desempleo se multiplican no equivale a pedir “un esfuerzo extra”: significa prolongar la exposición a ingresos bajos e inestables sin garantizar a cambio una cobertura plena. En el caso de las mujeres, el impacto es aún más regresivo: la interrupción de las carreras laborales por tareas de cuidado no remuneradas vuelve extremadamente difícil alcanzar los 30 años de aportes. La meritocracia de la vejez olvida deliberadamente que el “mérito” estuvo condicionado durante décadas por un mercado de trabajo segmentado y por la división sexual del trabajo.

Si se miran en conjunto el fin de la moratoria, la fórmula de movilidad que consolida pérdidas, la agenda de aumento de edad y la precarización del mercado laboral, aparece con claridad un nuevo contrato previsional: menos público, menos solidario y más individualizado. El mismo modelo económico que licúa salarios, frena paritarias, expulsa empleo formal y empuja al monotributo de subsistencia ahora traslada el costo del ajuste a la vejez, reduciendo el número de nuevos jubilados y erosionando el poder adquisitivo de los haberes existentes.

No se trata de negar la necesidad de discutir la sostenibilidad del sistema, sino de redefinir las prioridades. Un debate serio debería partir de reconocer la densidad real de aportes en una economía con alta informalidad, diseñar mecanismos permanentes de inclusión (sea bajo la forma de moratorias modernas o de prestaciones básicas universales robustas) y volver a vincular la movilidad con la evolución de los salarios, no solo con los precios. También debería incorporar una perspectiva de género y de cuidados que no castigue en la vejez las tareas que sostienen silenciosamente la reproducción social.

Debe recordarse que la Constitución Nacional no habla de jubilaciones como un beneficio discrecional, sino como un derecho de la seguridad social integral e irrenunciable. Cuando el diseño de la política previsional se subordina por completo a la lógica del ajuste fiscal, ese mandato se invierte: el sistema deja de proteger a quienes llegan al final de su vida laboral y se convierte en un filtro que empuja a muchos a un “sálvese quien pueda” previsional. La verdadera reforma pendiente no es la que achica el derecho para que cierren las planillas de cálculo, sino la que adapta el sistema a la nueva realidad del trabajo sin renunciar a la promesa básica de una vejez sin miedo.

El ajuste previsional que se discute hoy se apoya en tres movimientos conocidos: licuar haberes vía inflación y cambios de movilidad, cerrar o restringir moratorias que funcionan como el principal canal de inclusión de quienes quedaron fuera del trabajo formal, y empujar a la PUAM como piso más bajo y más tardío. Frente a esa lógica de “recorte primero, diseño después”, una agenda alternativa propone ordenar el sistema sobre tres columnas: un piso básico universal financiado con impuestos generales, un componente proporcional que reconozca cada año de aporte sin umbrales que dejen a alguien en cero por un año faltante, y un rediseño de pensiones sin duplicar ingresos vitalicios donde ya hay jubilación propia.

Futuro posible

Las estadísticas muestran que casi 6 de cada 10 mujeres de entre 55 y 59 años tienen menos de 5 años de aportes, y sólo cerca del 12% supera los 20 años, lo que significa que, sin moratorias, la mayoría nunca habría alcanzado los 30 años requeridos por el régimen general. Las moratorias, la PUAM y, más recientemente, el reconocimiento de años por tareas de cuidado se convirtieron en la puerta de acceso previsional para esas trayectorias fragmentadas, pero con haberes más bajos y reglas provisorias que hacen que cada cierre de ventana se transforme en una nueva ola de exclusión femenina.

Mirado desde la perspectiva de género, el desafío no es regalar jubilaciones al final de la vida, sino construir condiciones para que más mujeres puedan recorrer carreras formales: cuidados menos feminizados, licencias más simétricas, menos informalidad y brechas salariales. En ese contexto, un sistema multipilar bien diseñado puede ser algo más que una ingeniería fiscal: un modo de sostener la promesa original de la seguridad social argentina –un ingreso digno y previsible en la vejez– sin que la cuenta se cierre a costa de las mujeres, de quienes trabajaron toda la vida en la informalidad o de una próxima generación que vuelve a escuchar que “no hay plata” justo cuando le llega el turno de jubilarse.

La discusión previsional que viene no debería girar en torno a cuánto más se puede recortar sin que estalle el conflicto, sino a qué modelo de protección quiere sostener la Argentina del siglo XXI. Un país que se enorgullece de haber construido uno de los sistemas jubilatorios más antiguos y solidarios de la región no puede naturalizar que la vejez de quienes trabajaron en la informalidad, cuidaron sin salario o alternaron changas sea, otra vez, la variable de ajuste. Entre el inmovilismo y el “sálvese quien pueda” previsional existe un camino de reforma que reconozca la realidad de las trayectorias laborales, integre un piso universal robusto, fortalezca el componente proporcional y revise los privilegios que encarecen el sistema sin mejorar la protección. Elegirlo o no es, en última instancia, una decisión política: de qué lado de la historia quiere pararse una sociedad cuando sus mayores dejan de trabajar y necesitan algo más que un discurso de sacrificio para llegar a fin de mes.

(*) María José Quinodoz/ contadora, economista y docente universitaria.