La Justicia provincial ya se expidió en el caso de corrupción más importante ocurrido en una gestión de gobierno contemporánea. Fueron declarados culpables Sergio Urribarri, Pedro Báez, Juan Pablo Aguilera, todos con penas de cumplimiento efectivo. En cambio correspondieron penas condicionales para Corina Cargnel, Gustavo Tamay, Luciana Almada, Emiliano Giacopuzzi, Germán Buffa y Gerardo Caruso.
Sergio Urribarri y el después de la condena
Por Marcelo Comas
UNO/Mateo Oviedo.
Es importante resaltar que a los acusados les asiste el derecho de apelar (Casación) en instancias judiciales superiores. A esta altura poco importa si algunos de los condenados pertenecen a tal o cual agrupación partidaria, porque el fallo estableció un límite a una forma de hacer de política, a la decisión de naturalizar maniobras propias de aquel que se siente amparado por el poder que confiere un cargo ejecutivo.
En la misma resolución, se demostró cabalmente la existencia de un esquema de contrataciones paralela que se servía de fondos públicos para financiar la campaña para posicionar la figura del exgobernador Sergio Urribarri en las elecciones presidenciales de 2015. Así lo planteó el juez Chemez, cuando abordó el expediente de los spots publicitarios para difundir la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná en 2014. Afirmó que se montó una “campaña por fuera del Estado, con el escudo del Partido Justicialista, lo que lleva a dar razón a la Fiscalía, de que todo formaba parte de una misma estrategia de comunicación”.
En esa campaña el Estado gastó más de 28.000.000 pesos, que finalmente se comprobó que fueron apartados de la partida presupuestada para la Cumbre de presidentes.
No quedan dudas que los intereses personales primaron por encima de los intereses generales de los entrerrianos que votaron a ese gobierno. Se confirmó que bajo esa misma lógica actuó el exministro de Cultura, Pedro Báez, y el cuñado de Urribarri y armador político del PJ, Juan Pablo Aguilera, dos de los imputados con sanciones más elevadas tras conocerse la parte preliminar de la sentencia.
La contundente decisión de la Justicia admite varias lecturas y una de ellas es el impacto que el veredicto tendrá en el campo de la política. Desplazado de la embajada de Israel y Chipre, se aventura el final de la carrera política de Urribarri, aunque es muy pronto para asumir que su vuelta al llano sea un hecho consumado. Lo cierto es que es improbable pensar que habiendo tenido tamaño revés judicial, su nombre sea propuesta para alguna candidatura para cargos públicos.
La Casa Rosada fue la primera en reaccionar tras el fallo, con la aceptación de la renuncia de quien fuera diplomático argentino hasta hace muy pocas horas. El primer paso lo había dado Urribarri al anunciar su dimisión, una actitud que allanó el camino para el Gobierno de Alberto Fernández.
Extrañamente, o tomando una distancia prudente de un verdadero cimbronazo político, la dirigencia política en Entre Ríos se tomó su tiempo para hablar del tema. Salvo el pronunciamiento de la representante de la izquierda, Nadia Burgos, el resto prefirió no opinar sobre un caso emblemático, y que incluso había tomado estado público en todos los medios nacionales.
“El caso de Urribarri muestra que es necesario avanzar en mecanismos de control social sobre los fondos públicos”, propuso la referente del MST-FITU. En relación al fallo reclamó que la condena se haga efectiva “ya que no puede existir ningún privilegio al respecto para que esto no ocurra”.
Luego propuso cambios en los procesos de supervisión de los recursos estatales. Al respecto sugirió: “Los casos de malversación de fondos, la transferencia de dinero público a empresas o medios amigos de los gobiernos de turno, demuestra que los mecanismos de control actuales están caducos. Para que estos casos no vuelvan a ocurrir, hay que ampliar la participación democrática”.
A 48 horas del dictado de la condena, el Partido Justicialista habló a través de un comunicado institucional, donde en resumen se expresó que “es imprescindible evitar cualquier camino que conduzca a judicializar la política”. Un caso que promete más tela para cortar.