Una serie de designaciones realizadas por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) recientemente, para cubrir interinamente cargos de importancia, vuelve a poner el foco de atención en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, que de acuerdo a las publicaciones en su página web, no convoca a concursos para cubrir cargos desde el 9 de agosto de 2021.
Preocupan las demoras del Consejo de la Magistratura
Aspirantes a cargos judiciales están preocupados por los tiempos del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos para resolver las etapas.
24 de octubre 2022 · 10:37hs
El miércoles el STJ reunido en Acuerdo General, dispuso por unanimidad, designar Juez de Garantías N° 4 suplente de Paraná, al actual juez de Garantías y Transición de Villaguay, Julián Carlos Vergara, a partir de la puesta en posesión del cargo y hasta el reintegro del juez Mauricio Mayer, a su cargo titular o nueva disposición, lo que ocurra primero.
El 22 de setiembre el STJ había dispuesto también, en acuerdo general, cubrir dos de las tres vacantes que se produjeron en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Así avanzó en las designaciones en forma transitoria de Paola Firpo, actual jueza de Garantías N° 5 suplente, y de Walter Carballo, actual juez de Garantías de la ciudad de La Paz, como vocales.
De ese modo, se cubrieron las vacantes que se produjeron por las jubilaciones de José María Chemez y de Pablo Andrés Vírgala.
Este tipo de designaciones suele generar polémicas en los pasillos de Tribunales, por la elemental razón de que resulta difícil que una decisión discrecional satisfaga a todos.
En ese sentido se entienden las críticas al funcionamiento del Consejo, que debería cuanto menos garantizar que esas suplencias sean breves, avanzando en la designación, concurso mediante, de los titulares de esos cargos.
En el mismo sentido también se oyen críticas al tiempo que le demanda al cuerpo resolver las frecuentes impugnaciones que se presentan en los distintos concursos.
Las últimas resoluciones publicadas en la página web del Consejo donde se informa de la resolución de impugnaciones tienen fecha del 14 de junio y se refieren, por caso, al Concurso Nº 248, que está en trámite, parta cubrir dos cargos de juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Concordia.
Según trasciende en ámbitos judiciales, la principal razón de la demora sería que todavía no juraron los representantes del Colegio de la Abogacía para integrar la nueva composición del Consejo de la Magistratura.
El 12 de octubre prestaron juramento la mayoría de los integrantes del cuerpo por el período 2022- 2024, en una ceremonia realizada Sala Antequeda, de Paraná.
Ese día juraron como consejeros titulares Álvaro Piérola, por la asociación de los magistrados y funcionarios judiciales (María del Luján Giorgio lo hizo luego por la misma entidad) ; María Elena Luchesi, por la asociación de los trabajadores judiciales; Juan Pablo Filipuzzi, Alejandro Caudis y Yamil Amad Bechir, por las universidades con sede en la provincia; y como representantes de la sociedad civil lo hicieron Edgardo Oneto y Verónica Samek.
Igualmente lo hicieron los suplentes designados.
Pero no juraron los miembros titulares ni los suplentes representantes del Colegio de la Abogacía (CAER), a quienes el Consejo les reclamó el cumplimiento del artículo 2° de la ley 11.003 que regula la composición del cuerpo.
Pese a ello, de acuerdo a la crónica oficial no informó que esas ausencias impidieran el funcionamiento del Consejo.
Del mismo modo, salta a la vista que el atraso es muy anterior al recambio de los integrantes que se realizó este año tras modificarse la ley que establece la composición.
Los interesados directamente en que el Consejo recupere el normal funcionamiento son quienes pretenden concursar cargos judiciales, más allá de considerar que todos los entrerrianos puedan estar interesados en ello, ya que el organismo funciona como asesor del gobernador en la designación de los funcionarios judiciales, proponiendo para cada cargo una terna que surge del proceso evaluativo.
Antes de la existencia del Consejo -que fue creado primero por decreto del Ejecutivo, y luego adquirió rango constitucional en la reforma de 2008- cualquier abogado podía ser propuesto para cualquier cargo, si el Poder Ejecutivo lo decidía.
El funcionamiento de la instancia evaluatoria conlleva la idea de una mejora sustancial en la selección de quienes son propuestos, pero claramente ese beneficio requiere además del dinamismo que impida que mediante designaciones transitorias de largo aliento, el STJ ejerza ahora la facultad discrecional que antes tenía el Ejecutivo.
Las quejas apuntan a la demora en realizar entrevistas, lo que tiene un efecto “desgastante” para los concursantes.
Los reproches al Consejo se hicieron más notorios esta semana cuando el STJ habría evaluado seriamente proponer para el cargo de jueza de Garantías de Paraná a una funcionaria judicial imputada en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Si bien la designación no se produjo, y la funcionaria judicial dio a conocer una carta diciendo que ella se había propuesto, y negando así - en cierto modo- que se tratara de una iniciativa del alto tribunal; las razones de fondo para explicar las designaciones transitorias siguen siendo las mismas, y frente a ello resalta la pachorra del Consejo.