La Nación quiere aprobar una nueva ley de coparticipación y Entre Ríos perdería recursos

Luego de que todo el arco político evitara durante casi 25 años el debate estructural, pero en medio de la negociación con las provincias por el presupuesto 2019 y el ajuste negociado con el FMI , el Gobierno presentará antes de fin de año un proyecto de ley para modificar la coparticipación de impuestos.

La iniciativa se trabaja desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri en el Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio, pero retomó velocidad en las últimas semanas como consecuencia de la negociación de la Casa Rosada con los gobernadores peronistas para llegar a una meta fiscal el año que viene del 1,3% del PBI, lo que requerirá un significativo ajuste de transferencias discrecionales y para gastos de capital en el rubro obras públicas, anticipó el portal del diario La Nación. En ese sentido, la propuesta oficial es también un comodín construido por el oficialismo para poner sobre la mesa de negociación.

La intención oficial es que el proyecto sea consensuado y, de aprobarse, la aplicación será gradual. Esto le ofrece a los gobernadores la posibilidad de cambiar la matriz de distribución de impuestos sin ver comprometidas sus gestiones. El cambio total, si se aprueba, llevará entre cuatro o cinco años, estiman los técnicos que trabajaron con las primeras simulaciones.

Entre los principales distritos beneficiados estará la provincia de Buenos Aires, siempre postergada en el debate por la coparticipación, según la mirada del macrismo. Sin embargo, la gobernadora María Eugenia Vidal ya se había llevado un premio en noviembre con la eliminación del fondo del conurbano y –tras el ahorro previsional– la llegada de 20.000 millones de pesos. Ahora Vidal negocia con el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, la posibilidad de hacerse cargo de los gastos y subsidios de algunas empresas de servicios públicos que hoy financia el gobierno nacional.

Otras provincias beneficiadas serían Mendoza, Salta y Chubut. Del otro lado tendrían que ceder ingresos Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. "Somos conscientes de que no van a entrar todos. La idea es buscar los consensos necesarios, pero sabemos que no va a haber unanimidad", contó al diario porteño uno de los técnicos que trabajó en el proyecto. "La idea es presentarlo este año y tome estado parlamentario. Lo importante es que quienes lo aprueben no pagarán el costo en su gestión", agregó el técnico al describir la virtud del gradualismo propuesto.

La coparticipación tiene dos tipos de distribución. Una primaria y otra secundaria. La primaria explica cómo se reparten los fondos entre la Nación y las provincias. Con la decisión de Macri –tras un fallo de la Corte Suprema y un decreto de Cristina Kirchner– de devolver un 15% a Santa Fe, San Luis y Córdoba, y de sumar a los 21 distritos gradualmente hasta llegar al 15% en 2020, el Gobierno cree que ese año el total de los recursos del país estará un 50% en manos de Nación y un 50% de las provincias. Para el Gobierno, con ese resultado final esa distribución de los recursos ya es equilibrada.

La discusión, en tanto, se planteará con la distribución secundaria, o sea, la redistribución del 50% en manos de las provincias, en base a diferentes coeficientes entre las jurisdicciones subnacionales.

El tema se debate desde hace tiempo en la Comisión Federal de Impuestos (CFI), donde se crearon tres comisiones para comenzar a saldar la deuda que data de la reforma constitucional. Por el Gobierno, quien impulsa el proyecto en el CFI junto a Frigerio es el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero.

La metodología por la que optó el Gobierno, a partir del modelo australiano y canadiense, es la de "capacidades fiscales y necesidades de gasto". Está basada en que las jurisdicciones partícipes tienen diferentes tipos y niveles de actividad y desarrollo. Por lo tanto tienen diferentes bases imponibles. A todas se les exige el mismo esfuerzo fiscal, dado la base imponible de cada una.

Por el lado del gasto, se pretende equiparar la prestación de servicios públicos (administración pública, educación, seguridad y salud). "Todas las jurisdicciones deben tener los recursos suficientes para solventar servicios equivalentes", dice la propuesta. Todos los coeficientes serán actualizados según datos registrales. Y si no se pudiera, al censo que elabora el Indec.