Tal como informó UNO el miércoles, el hombre de Paraná, de 33 años, es acusado además por Tenencia simple de estupefacientes, porque la cantidad plantas y derivados del cannabis que había en su casa y en su local comercial no explicaría "inequívocamente" el uso individual, así como la siembra del vegetal y la guarda de semillas para la producción del mismo. El viernes los abogados defensores Andrés Bacigalupo y Franco Azziani Cánepa presentaron el recurso de apelación, en el cual se centraron en reclamar a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, la nulidad de la causa, por varias razones. Apuntaron contra el inicio y continuación de la investigación de un grupo social que expresaba públicamente su opinión contra la criminalización del uso de cannabis, y pregona el consumo personal de la sustancia. En este sentido, los letrados afirman que el Ministerio Público Fiscal incurrió en persecución política contra Malajovich. Cabe recordar que el juez federal Leandro Ríos sostuvo en el procesamiento que la conducta del acusado excedió la libertad de expresión, "favoreciendo la propagación de técnicas que posibilitaban el consumo de dichas sustancias por los destinatarios, inclinando su psiquis hacia el empleo de las mismas".
"Criterio policíaco"
"La presente causa representó un claro embate contra los derechos constitucionales de libertad de expresión y de reunión, igualdad, reserva, privacidad e inviolabilidad del domicilio y los documentos privados todos celosamente protegidos por nuestra carta magna", afirmaron los defensores. "La investigación encuentra su origen y posterior evolución pura y exclusivamente basado en un criterio político criminal policíaco, mecanicista y positivista", plantearon, y explicaron que la causa se inició por un informe de la Policía de Entre Ríos al Juzgado sobre una agrupación paranaense que organizaba una Jornada de cultura cannábica. E insistieron: "Se basó en un criterio político criminal obsoleto, vetusto, de interpretación restrictiva de los derechos", por lo que no existía "fundamentación suficiente que habilitaba la intervención en la vida privada de las personas de las agrupaciones 'sospechadas e investigadas'". Más aún cuando se trata de "una actividad que ha ganado muchísimo terreno en la vida de la comunidad, siendo incluso en varias oportunidades autorizada por los mismos magistrados federales".
Desigualdad ante la ley
En otra parte del recurso de apelación los letrados expusieron la desigualdad en el trato por parte de la Justicia que recibió Malajovich respecto de otros que tienen la misma actividad pública. "No deja de evidenciarse una absoluta contradicción por parte del Estado en perseguir las conductas investigadas con el accionar de público y notorio conocimiento por parte de empresas de medios de información, páginas de Internet y conductas de personas sobreseídas con anterioridad". Por esto, se preguntaron: "¿Por qué motivo las potenciales conductas que desplegaría Malajovich en los talleres eran investigadas, mientras que los mismos conocimientos e instrucciones que impartiría se encontraban al alcance de cualquier teléfono móvil celular de un ciudadano, o en el quiosco de revistas?". Por otro lado, los defensores cuestionaron que la Fiscalía federal haya profundizado la investigación con tareas de inteligencia, sobre la Asociación Paranaense de Agricultores de Cannabis, pese a que "paradigmáticamente" la misma tenía en su portada de Facebokk el mensaje "No somos narcos", "demostrando primariamente que su objetivo principal es no ser tratados como narcotraficantes, ni ser perseguidos ni sancionados en la actividad de autocultivo". Más aún cuando hoy esta actividad está "prácticamente al borde de la despenalización, al extremo de que el Proyecto del nuevo Código Penal la desestima de su catálogo represivo".
"Investigación tendenciosa"
En lo que se lee como el punto más duro de las críticas a la investigación y al procesamiento de Malajovich, los abogados Bacigalupo y Azziani Cánepa se preguntaron si el imputado puede ser considerado "un perseguido político". Para responderlo, plantearon que "la investigación a dicha altura devenía no solo innecesaria y desmedida, sino incluso tendenciosa por parte de la acusación pública hacia conductas de un individuo, que en lo medular, predica a la sazón el autocultivo como propuesta final del mismo narcotráfico". Y consideraron que "el término 'persecución política' por parte de la prevención policial no reluce nada ridículo, aplicado moderadamente y en proporción a lo investigado en su correcta acepción", ya que resultó "innecesaria, irrazonable y desproporcionada la intromisión en la vida de Malajovich, su familia y sus pares".
Sobre el destino de la marihuana y dosis de LSD
Malajovich también fue procesado por Tenencia simple de estupefacientes, ya que no surgió "inequívocamente" que las 33 plantas de cannabis y las dosis de LSD que tenía en su poder eran para consumo personal. Al respecto, los defensores sostuvieron en la apelación que los dichos del acusado en su indagatoria sobre su condición de consumidor, "adquieren credibilidad y consistencia precisamente en los exámenes de orina y el informe médico del Tribunal", que lo corrobora. Por lo que entienden los letrados que el criterio del juez es "arbitrario y solo se sustenta en un criterio netamente punitivista".
El pedido de la OMS cambia el panorama
En la semana que acaba de pasar, tal como informó UNO el viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que se elimine al cannabis y su resina del listado más restrictivo de la convención sobre drogas de 1961. Tras una evaluación científica que culminó en noviembre de 2018, los expertos de OMS recomendaron en su informe final "eliminar el cannabis y el aceite de cannabis de la lista IV", la categoría más estrictamente controlada en el Tratado de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. La Lista Única Sobre Estupefacientes, elaborada ese año, incluye a los narcóticos particularmente peligrosos para la salud humana que no tienen ninguna aplicación terapéutica, que sí tienen el cannabis y la resina de cannabis. Apuntan a que así se destrabe el acceso y la investigación sobre posibles terapias derivadas de la planta.
En otra parte del recurso de apelación los letrados expusieron la desigualdad en el trato por parte de la Justicia que recibió Malajovich respecto de otros que tienen la misma actividad pública. "No deja de evidenciarse una absoluta contradicción por parte del Estado en perseguir las conductas investigadas con el accionar de público y notorio conocimiento por parte de empresas de medios de información, páginas de Internet y conductas de personas sobreseídas con anterioridad". Por esto, se preguntaron: "¿Por qué motivo las potenciales conductas que desplegaría Malajovich en los talleres eran investigadas, mientras que los mismos conocimientos e instrucciones que impartiría se encontraban al alcance de cualquier teléfono móvil celular de un ciudadano, o en el quiosco de revistas?". Por otro lado, los defensores cuestionaron que la Fiscalía federal haya profundizado la investigación con tareas de inteligencia, sobre la Asociación Paranaense de Agricultores de Cannabis, pese a que "paradigmáticamente" la misma tenía en su portada de Facebokk el mensaje "No somos narcos", "demostrando primariamente que su objetivo principal es no ser tratados como narcotraficantes, ni ser perseguidos ni sancionados en la actividad de autocultivo". Más aún cuando hoy esta actividad está "prácticamente al borde de la despenalización, al extremo de que el Proyecto del nuevo Código Penal la desestima de su catálogo represivo".
"Investigación tendenciosa"
En lo que se lee como el punto más duro de las críticas a la investigación y al procesamiento de Malajovich, los abogados Bacigalupo y Azziani Cánepa se preguntaron si el imputado puede ser considerado "un perseguido político". Para responderlo, plantearon que "la investigación a dicha altura devenía no solo innecesaria y desmedida, sino incluso tendenciosa por parte de la acusación pública hacia conductas de un individuo, que en lo medular, predica a la sazón el autocultivo como propuesta final del mismo narcotráfico". Y consideraron que "el término 'persecución política' por parte de la prevención policial no reluce nada ridículo, aplicado moderadamente y en proporción a lo investigado en su correcta acepción", ya que resultó "innecesaria, irrazonable y desproporcionada la intromisión en la vida de Malajovich, su familia y sus pares".
Sobre el destino de la marihuana y dosis de LSD
Malajovich también fue procesado por Tenencia simple de estupefacientes, ya que no surgió "inequívocamente" que las 33 plantas de cannabis y las dosis de LSD que tenía en su poder eran para consumo personal. Al respecto, los defensores sostuvieron en la apelación que los dichos del acusado en su indagatoria sobre su condición de consumidor, "adquieren credibilidad y consistencia precisamente en los exámenes de orina y el informe médico del Tribunal", que lo corrobora. Por lo que entienden los letrados que el criterio del juez es "arbitrario y solo se sustenta en un criterio netamente punitivista".
El pedido de la OMS cambia el panorama
En la semana que acaba de pasar, tal como informó UNO el viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que se elimine al cannabis y su resina del listado más restrictivo de la convención sobre drogas de 1961. Tras una evaluación científica que culminó en noviembre de 2018, los expertos de OMS recomendaron en su informe final "eliminar el cannabis y el aceite de cannabis de la lista IV", la categoría más estrictamente controlada en el Tratado de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. La Lista Única Sobre Estupefacientes, elaborada ese año, incluye a los narcóticos particularmente peligrosos para la salud humana que no tienen ninguna aplicación terapéutica, que sí tienen el cannabis y la resina de cannabis. Apuntan a que así se destrabe el acceso y la investigación sobre posibles terapias derivadas de la planta.