Por la ley de narcomenudeo en un mes y medio detuvieron a 110 personas

La Justicia de Paraná le dictó el domingo a la tarde la prisión preventiva en la cárcel a nueve personas que el viernes fueron detenidas en el marco de allanamientos que se realizaron en la zona oeste de Paraná. De esta manera, desde la Policía se informó que el número de detenidos en un mes y medio de funcionamiento de la nueva ley de narcomenudeo se elevó a 110 personas.

En la tarde del domingo, finalizó la audiencia en la cual el juez de Garantías Eduardo Ruhl dispuso 45 días de prisión preventiva a nueve personas que habían sido detenidos el viernes en los allanamientos por la Ley de Narcomenudeo que se realizaron en los barrios San Martín (Volcadero), Las Flores y Paraná XVI.

De esa manera, se dispuso el traslado a la cárcel de Paraná de Nahuel Alem de 20 años; Angel Santana de 19; Orlando Martínez, 27; Cristián Martínez, 44; Antonio Ríos, 19; José Mentasti, 19; José Pereyra, 22; Rodolfo Enrique, 19; y Angel Nanni, de 21.

"Nuestra premisa es seguir trabajando junto a la Justicia y al gobierno provincial de modo prolijo, y de allí este primer resultado, es un mes y medio llevamos a este número no menor, de 110 detenidos, con importantes elementos secuestrados, como es abundante droga, elementos de cortes, vehículos y miles de pesos", resaltó a UNO.

En esa línea añadió: "Otro punto importante, y que lo destacamos sobre manera al atacar las bandas narcos y producir sus desmembramientos, es que se ha incidido directamente en la reducción de enfrentamientos por el manejo de este negocio, uno de los principales motores de hechos violentos tiempo atrás".

El jefe de la fuerza de seguridad hizo notar: "La venta de drogas era una de las principales preocupaciones de la gente en las reuniones que hacíamos en toda la provincia. Hoy tenemos las herramientas que podemos trabajar con la información de los vecinos, en conjunto con los Fiscales".

Por otra parte, y frente a la gran cantidad de detenidos que se han dispuestos en las últimas semanas tras la aplicación de la Ley de Narcomenudeo, se informó una serie de resoluciones que dispuso el gobernador.

"Hay varios objetivos fijados por el gobernador. El mediato es la construcción de una nueva unidad penal en la provincia con todas las características que se requieren en la actualidad. Pero por otra parte hoy conversamos sobre acelerar las inversiones para apurar las ampliaciones en ejecución, como por ejemplo en Paraná que está avanzada pero requiere más recursos para lograr tenerla culminada antes de fin de año. También hay una construcción en Concordia, que está empezada, y es propósito del gobierno acelerarla", explicó la ministra de Gobierno, Rosario Romero.

"Hemos emprendido en la provincia desde mayo la investigación del narcomenudeo y esto ocasionó un incremento en la cantidad de detenidos en nuestras cárceles, entonces es un problema sobre el cual tenemos que trabajar intensamente", acotó.

Luego sostuvo la funcionaria que "para algunas obras en ejecución se utiliza mano de obra de las propias unidades penales o de nuestro sistema penitenciario, como por ejemplo en la de Federal, Concepción del Uruguay y Victoria, mientras que otras son realizadas por empresas, como el caso de Paraná y Concordia".


En ese marco, el secretario de Planeamiento, Marcelo Richard, comentó que "en relación a las unidades carcelarias que se están ampliando se suma la posibilidad y lo que tiene que ver con otros módulos que podríamos incorporar en la provincia a requerimiento del Ministerio de Gobierno y del área de Seguridad. Nos pusimos en contacto con autoridades del gobierno de Santa Fe que encararon una serie de unidades carcelarias y próximamente mantendremos un encuentro para analizar cómo son y poder llevarlas adelante en la provincia".

En tanto, esta mañana se realizó el acto de entrega de una propiedad que fue incautada por la Justicia en la causa judicial que determinó con la condena del director de Obras Sanitarias Hugo Righelato. Además de los tres años impuestos por el delito de Peculado, se ordenó la incautación de dos inmuebles.

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, se reunió con el jefe de Policía, Gustavo Maslein, y la presidenta del Copnaf, Marisa Paira, para hacer entrega del decreto N°1899, firmado por el gobernador, Gustavo Bordet, donde se destinan los inmuebles a dichas áreas.

"Es una política que ha sido establecida por el gobernador para que los bienes que vengan al Estado por motivos de delitos, en este caso contra la administración pública, sean destinados a instituciones que lo utilicen evitando alquileres y dándole una finalidad social", explicó la ministra.

En este sentido, Romero subrayó: "Lo mismo estableció la ley N° 10.566 de Narcomenudeo, para los delitos que si bien no son contra la administración pública afectan grandemente a nuestra juventud. En ese sentido, también las incautaciones de inmuebles que se realicen estarán destinadas en un 50 por ciento para la Policía de Entre Ríos y un 50 por ciento a Desarrollo Social. Es un círculo virtuoso porque vienen del delito pero terminan en una función estatal de bien público".

El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia recibió dos unidades ubicadas al frente del inmueble en calle Laprida 1101 de Paraná. En tanto, a la Jefatura de Policía Provincial se destinaron las dos unidades funcionales ubicadas en el contrafrentes del mismo inmueble.


"Esto nos ayuda para poder dejar de alquilar algunos bienes donde funcionan áreas de la Policía. La idea es usar estos edificios con reparticiones policiales. Es una decisión más que importante del gobernador y es fundamental para nuestra fuerza", remarcó el jefe de Policía, Gustavo Maslein.

Por su parte, la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Marisa Paira, manifestó: "Para nosotros está ubicado en una zona del ámbito de uno de los servicios de protección. La idea es acondicionar el espacio para poder trabajar en servicios de atención directa en la comunidad en el lugar de niños y adolescentes".


Esta decisión fue tomada por el ejecutivo, declarando que los bienes decomisados, en virtud de delitos cometidos en perjuicio de la administración pública, volverán a la comunidad para su beneficio ingresando al patrimonio del Estado provincial y serán destinados a Salud, Desarrollo Social, Policía y Copnaf.